El caso de los militares refugiados en San José de Cúcuta, Colombia, ha desatado un agrio debate en la oposición venezolana. El punto de partida para esta polémica, ha sido una investigación periodística que expone dudosos manejos en el pago de gastos de manutención del mencionado grupo.

Dada la polémica, el equipo de Punto de Corte realizó una investigación sobre el caso; y a continuación le presentamos un resumen de 5 cosas verificables, pero poco conocidas sobre el tema.

1.- No todos los llamados militares venezolanos en Cúcuta son militares. Aunque la mayoría son militares, algunos son agentes policiales o de los servicios de inteligencia. El grupo también está integrado por civiles adultos y menores de edad, que son familiares de estos funcionarios.

2.- No todos estaban activos al momento de ocurrir los hechos del 23 de febrero de 2019. Si bien, un numero elevado de militares y funcionarios policiales activos desertaron el 23 de febrero y días posteriores; Un gran número de miembros del contingente, son exfuncionarios que se habían retirado por diferentes causas, y que ante el llamado de Juan Guaidó, viajaron desde diferentes rincones del mundo para ayudar a la causa, o simplemente porque vieron una oportunidad. Los servicios de inteligencia de Colombia están al tanto de esta situación, y manejan en detalle la información de cada caso.

El dato anterior es importante, porque permite determinar quiénes son realmente desertores, que al dar ese paso quedaron imposibilitados de volver a Venezuela; y por tanto pueden calificar como refugiados (de acuerdo al estatuto internacional para los refugiados); y quienes simplemente son migrantes que se presentaron ante el llamado de Guaidó.

Naturalmente, los que califican como refugiados son de interés especial para ACNUR (el alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados). Pero hay que aclarar que para el gobierno de Colombia, ninguno de los considerados por ACNUR como refugiado, lo son ante las leyes colombianas, pues solo tienen o tuvieron el estatus de tramitantes de refugio (Condición polémica que les pone en un limbo legal entre un migrante regular y un refugiado a los que hasta hace poco se les impedía realizar trabajos en territorio colombiano, hasta tanto el tramitante recibiera formalmente la condición de refugiado).

La diferenciación entre los migrantes y los refugiados, puede haber sido un punto de partida para que se repartiera la carga de responsabilidad de manutención del grupo, que fue dividido en varios hoteles del area metropolitana de San José de Cúcuta.

3.- La cifra real de auténticos desertores esos días, es un asunto reservado. Es evidente que por razones estratégicas, al principio se inflaron esas cifras, para generar una ruptura en la FANB. Al principio funcionó, y muchos militares y funcionarios se mostraban interesados en sumarse al contingente. Pero el pobre manejo logístico del grupo, terminó por causar un efecto contrario.

4.- Hospedarlos en hoteles no fue una buena decisión. Luego de las investigaciones iniciales para determinar si había infiltrados del régimen de Maduro en el contingente; y ante la necesidad de atender a un creciente grupo de más de un millar de personas; Un acuerdo entre el gobierno de Guaidó, el de Colombia, y ACNUR, estableció que el contingente de militares sería distribuidos junto a sus familias por diferentes hoteles en del área metropolitana de Cúcuta. Naturalmente la medida agradó mucho a beneficiados en la red hotelera (que gustosos ofrecieron sus habitaciones).

Entendiendo que el gasto sería insostenible en el tiempo, los activistas locales recomendaron a los diputados y enviados especiales, recurrir a  alternativas mas económicas como: – Alquilar una gran instalación tipo escuela (como las que abundan en Cúcuta); o crear un campamento con autorización del gobierno colombiano. Estas sugerencias no fueron escuchadas, y se prefirió continuar pagando grandes facturas por habitaciones en hoteles.

Para entender lo desacertado que fueron esos gastos, hay que saber que un apartamento para dos familias puede costar entre 300 y 400 mil pesos al mes. Mientras que un día en un hotel como el Casino Internacional, en algunas temporada alcanza los 500 mil pesos. Este ejemplo no significa que a los militares los hayan hospedado en hoteles 5 estrellas, pero deja ver fácilmente que una mejor decisión hubiera reducido considerablemente los gastos.

5.- Cuando la insostenibilidad económica se hizo evidente, y los militares comenzaron a ser lógicamente desasistidos, se acabó la luna de miel. El malestar natural de ellos, y la falta de un liderazgo fuerte que les guiará, se combinaron para que se dieran episodios que socavaron la imagen de los grupos.

Las deudas en los hoteles fueron creciendo, y los hoteleros comenzaron amenazar a los militares con desalojos. En varios casos, estos desalojos se ejecutaron despiadadamente, dejando en la calle a militares con sus familias enteras. Por su lado, cumpliendo con su mandato, ACNUR se vio en la necesidad de ofrecer a los que atendía, una opción para iniciar una vida independiente. Algunos militares, evidentemente por desconocer el mandato de ACNUR, consideraron esa oferta como un abandono, y así lo expresaron sorprendidos a medios de comunicación colombianos.

Esas declaraciones generaron que una parte de la opinión pública comenzara a catalogar de «flojos-mantenidos» a los militares venezolanos en Cúcuta que se quejaban. O de «problemáticos, presuntamente chavistas infiltrados» a los que realizaban declaraciones no autorizadas.

La solución polémica

Finalmente, recibieron una oferta para iniciar una nueva vida. La misma consistía en: Renunciar a la condición de tramitantes de refugio a cambio de un permiso especial de permanencia, y 3 meses de ayuda económica para arrendar y comprar alimentos. Otros fueron ayudados a ir hasta la frontera con Ecuador. En este punto, especialistas afirman que no fue correcto pedirles que renunciaran a la solicitud de refugio, pues ahora son simples migrantes.

CONCLUSIÓN: Es evidente que la actuación de los diputados no fue la más idónea, pues no tuvieron la iniciativa de ayudar a esos militares (ciudadanos venezolanos) en un momento de máxima desesperación. Los diputados fueron disciplinados militantes y no intervinieron; Aunque lo correcto era ayudar, corrigiendo, o advirtiendo a Guaidó lo que ocurría. Sencillamente se dejó correr el asunto, hasta que un medio de comunicación alertó que se debía revisar todo el asunto.

Contrario a lo que se quiere establecer, el problema alrededor de los militares en Cúcuta, no está desligado de la organización de la ayuda humanitaria, pues recordemos que estos se presentaron para ayudar a ingresar la misma. Hay entonces un evidente problema de gestión, organización y control, que no puede ser evadido diciendo «no es mi tarea».

No es posible acusar a Juan Guaidó por los errores de sus subordinados. Todo líder debe delegar, y es normal que los subordinados fallen. Lo que no es normal, es que los subordinados evadan sus responsabilidades, y criminalicen a la prensa.

No podemos repetir errores pasados. Recordemos como Chávez insultaba a la prensa cada vez que se le indicaba un caso de corrupción o eficiencia: ¿Dime quien te paga? ¿Dime para que medio trabajas? ¿Tú quieres destruir el trabajo heroico que hace el gobierno? ¿Por qué no le preguntas al verdadero enemigo?

La contraloría social es un deber ciudadano. Los ciudadanos somos expertos en reclamar nuestros derechos, pero solemos ser deficientes a la hora de cumplir nuestros deberes.

También puedes leer en Punto de corte

logo

Suscríbase a nuestro canal de Telegram y YouTube
Siguenos en TwitterFacebook Instagram