Caracas, 14 de julio de 2018. Después de transcurridos nueve días desde la muerte del joven adolescente de 16 años, Carlos López Ramos, a manos de funcionarios de la policía municipal de Cumaná, estado Sucre, organizaciones no gubernamentales denuncian que el Ministerio Público no ha tomado declaraciones de los testigos ni realizado la inspección a la vivienda del joven, diligencias de rigor, según denuncian en redes sociales. 

López murió en medio de disturbios y conatos de saqueos ocurridos el pasado 5 de julio, en horas de la mañana, en el centro de abastecimiento cumanés. Junto con el adolescente fallecieron también por heridas de arma de fuego dos personas más, identificadas como Julián José Ramos, de 32 años, y Andy Alexander Jiménez.

El menor acaba de llegar a su casa, en el sector El Realengo, cuando fue víctima de la acción policial, según versiones de familiares. Recibió cuatro disparos.

Provea a través de su tuiter exige justicia. El representante de esta organización Marino Alvarado viajó hasta la ciudad de Cumaná para atender a la familia y conocer los hechos que terminaron en la muerte de las tres personas.

La versión de la policía municipal es que las víctimas integraban una banda delictiva y se enfrentaron a los funcionarios poco después de robar a una mujer en el mencionado mercado. Los familiares y vecinos rechazan esta tesis, al extremo que han realizado acciones de calle para exigir justicia y denunciar lo que a su parecer es un ajusticiamiento extrajudicial.

“A mi hijo me lo arrancaron de los brazos mientras estábamos en casa contando el dinero de la venta de pescado”, aseguró Marcelina Ramos, madre del adolescente y hermana de Julián Ramos, otra de las víctimas al portal informativo Efecto Cocuyo.

La mujer aseveró que el joven era vendedor de pescado en las adyacencias del mercado municipal desde hace diez meses, tiempo en el cual dejó sus estudios de bachillerato para laborar junto a su madre.

En este sentido, Provea afirma que el Ministerio Público «tiene la obligación de impedir que está nueva denuncia de ejecución policial quede impune», por tal motivo, insta a la institución a que realice las investigación de rigor.

En un informe entregado esta semana por el Observatorio de la Conflictividad Social se afirma que durante el primer semestre del 2018, 12 personas murieron en el marco de protestas por diferentes motivaciones.

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