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(Opinión) Albán, Saab, Bachelet. Por Enrique Ochoa Antich

(Opinión) Albán, Saab, Bachelet. Por Enrique Ochoa Antich

Caracas, 22 de octubre de 2018.

Por: Enrique Ochoa Antich *

@eochoa_antich

La muerte del concejal Fernando Albán bajo custodia del SEBIN obliga a una investigación que vaya incluso más allá, acerca de la situación general de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo el derecho de los pueblos a la democracia consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana de 2001.

Basados en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que la creó; en su articulación con la Secretaría de la ONU; y en la actividad de la División de Investigación bajo su dirección, todos los demócratas venezolanos reclamamos que la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicite al Consejo de Derechos Humanos la activación de un procedimiento especial que investigue este doloroso caso, incluyendo la decisión de organizar una consulta de expertos.

Habida cuenta de la mediatización político-partidista de todos los Poderes del Estado (excepción hecha de la Asamblea Nacional), una investigación oficial en Venezuela no puede tener ninguna credibilidad. Es por ello que exigimos una investigación imparcial e independiente que sólo puede ser proporcionada por los organismos multilaterales. La presencia en el terreno de la oficina de la Alta Comisionada, resulta determinante y urgente.

Como ha señalado PROVEA, la detención de Albán fue arbitraria, sin flagrancia ni orden judicial, violando los artículos 45 y 46 de la Constitución de la República, lo que la convierte en una desaparición forzada pues, además, el detenido fue incomunicado por 20 horas y retenido por más de 48 horas sin ser presentado a tribunales. Con todos estos antecedentes su muerte se hace aún más sospechosa.

Dado el vasto historial de actuaciones violatorias de todos los derechos humanos, políticos y civiles, por parte del Estado venezolano, la reacción natural es creer que se trató de un homicidio. Rumores de muy diverso talante circulan que sólo podrían ser confirmados o desmentidos por una investigación imparcial e independiente que en nuestro caso equivale a decir internacional. Aquí todo es posible.

En nuestro país tenemos casos memorables: Fabricio Ojeda, Alberto Lovera y Jorge Rodríguez. Resulta triste ver hoy a antiguos defensores de los derechos humanos, que denunciaron con ferocidad hechos como éstos, convertirse en cínicos oficiantes de exculpaciones automáticas cuando no en carceleros y verdugos.

Provocan vergüenza ajena al límite de la náusea, declaraciones insólitas como las del Fiscal General designado por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, quien alguna vez remota fuese defensor de los derechos humanos (funcionario del Comité para los Derechos Humanos bajo mi coordinación), hoy más, mucho más comisario político que Fiscal: ¿cómo es que una institución que está encargada de una investigación que apenas comienza pueda atreverse a decretar de una vez que esta muerte fue un suicidio? Y qué no decir del cobarde pronunciamiento con sordina del Defensor del Pueblo. Son actuaciones ignominiosas como éstas las que justifican una investigación internacional. Requerimos la presencia de expertos internacionales forenses.

En 1990, se invitó para la exhumación de las fosas comunes en La Peste (solicitada por quien esto suscribe, entonces directivo de COFAVIC) al afamado antropólogo forense Clyde Snow, quien participó en las autopsias del nazi Josef Mengele y del presidente John F. Kennedy y al Equipo Argentino de Antropología Forense que luego identificó los restos de Ernesto Che Guevara. Todos quienes gobiernan hoy celebraron entonces el trabajo de estos profesionales forenses. ¿Por qué no hacerlo hoy?

Punto y aparte merecen las declaraciones de los generales Néstor Reverol, ministro de Interior, y Gustavo González López, director del SEBIN. Existe en estos funcionarios un esquema de funcionamiento ya puesto en práctica con las llamadas OLP. Se trata de un procedimiento que da carta blanca a los funcionarios para que actúen a discreción, sin temor a ser investigados ni mucho menos sancionados por los excesos que cometen. El pivote de este sistema policial implementado por el dúo Reverol/González es la impunidad. En su momento, cuando comenzaron a conocerse las denuncias de ejecuciones durante las OLP, solicité al Ministerio Público el enjuiciamiento de estos generales. El gobierno los ha protegido: desde aquí exigimos que se destituya a estos funcionarios y se solicite la investigación que les corresponde por la muerte del concejal Albán.

*  Político y escritor. Miembro fundador del Movimiento al Socialismo (MAS). Miembro de la Concertación por el Cambio

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