Caracas, 20 de marzo de 2019/.- Este miércoles la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, ofreció una declaración verbal sobre Venezuela, en la cual destacó estar “profundamente preocupada por la magnitud y la gravedad del impacto de la crisis actual en los derechos humanos, que también es un factor desestabilizador preocupante en la región”.

Pidió que su equipo técnico que se encuentra en el país, “tenga acceso sin obstáculos, sin represalias contra ninguna persona que se haya reunido o haya intentado reunirse con ellos”.

Señaló que “el disfrute de los derechos económicos y sociales ha seguido deteriorándose dramáticamente desde junio de 2018. Poblaciones vulnerables, como niños, mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas han sido particularmente afectadas”

También indicó que: “Las condiciones de vida extremas obligaron a un número significativo de Pueblos Indígenas Warao a cruzar la frontera hacia Brasil en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”

Reprocha al gobierno de Nicolás Maduro que: “El alcance y la gravedad de las crisis en los alimentos, la atención de la salud y los servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades venezolanas, por lo que las medidas que han adoptado han sido insuficientes”.

Considera que “el reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha exacerbado esta situación, reduciendo aún más el acceso de las personas a los alimentos, el agua y los medicamentos, y afectando gravemente a los hospitales”.

Declaró que el apagón “inusualmente largo encarna los desafíos de infraestructura que enfrenta Venezuela”.

Bachelet puntualizó que “la escasez de agua, de gas natural y el colapso del transporte público”  junto con la hiperinflación, “generan condiciones económicas extremas que han provocado miles de protestas sociales”.

Advierte que en Venezuela “el sistema de salud continúa deteriorándose, con un impacto muy significativo en la mortalidad y morbilidad materna y en la mortalidad infantil”.

También llamó la atención de las autoridades sobre “la propagación de enfermedades infecciosas, que anteriormente estaban bajo control” en el país.

La Alta Comisionada reprochó que “más de 1 millón de niños ya no asisten a la escuela, principalmente debido a que los padres no pueden alimentarlos con el desayuno, el fracaso de los programas de alimentación escolar y la falta de transporte público, así como la ausencia de docentes”.

“Si bien esta crisis económica y social generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones puedan contribuir a agravar la crisis económica”, subraya.

Como representante de la ONU, expresó preocupación por “la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia en Venezuela”.

Durante la última oleada de protestas en todo el país en los primeros dos meses de este año, su documentó numerosas violaciones de DDHH y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales (colectivos), dijo en su declaración.

“Documentamos el uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia, y amenazas e intimidaciones. Muchas de estas preocupaciones han sido destacadas en nuestros comunicados y nuestro informe”, informó.

Advierte que su Oficina “ha seguido investigando informes de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2018, se informó que los FAES mataron al menos a 205 personas”.

Alerta sobre el patrón similar que se da durante allanamientos ilegales a las casas realizados por las FAES, “posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan que las víctimas estaban desarmadas”, señala.

También apunta estar informada que “en algunos casos, los familiares de las víctimas han alegado que la Oficina del Fiscal General se negó explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES”.

Expresó que “la mayoría de las víctimas de las FAES vivían en barrios pobres y participaron en protestas antigubernamentales”, y que los informes indican que este tipo de operación se utiliza como una forma de represalia e intimidación.

Asimismo Bachelet, reprocha el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y prensa en Venezuela.

“Autoridades han utilizado arbitrariamente la ley contra el odio para procesar a periodistas, opositores y cualquiera que exprese opiniones disidentes”, destaca.

Reitera que “como resultado directo de esta profunda crisis de derechos humanos, más de 3 millones de personas han huido de Venezuela en busca de alimentos, atención médica, trabajo y protección”.

Sin embargo, sostiene que “muchos venezolanos se van en salud precaria y con pocos o ningún recurso financiero; sus dificultades se ven agravadas por las prácticas de extorsión y apropiación por parte de algunos guardias fronterizos”.

No dejó de señalar que “los venezolanos también enfrentan enormes obstáculos para obtener documentación que facilite la migración regular y el acceso a la educación o al trabajo en otros países”

En tal sentido, aplaudió los esfuerzos realizados por los países receptores de la región para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos.

Destacó “la necesidad de un acuerdo común sobre una solución política por parte de todas las partes interesadas, con acciones para mejorar una amplia gama de cuestiones urgentes de DDHH”.

“Pido a las autoridades venezolanas que tomen medidas para demostrar su compromiso real de abordar los numerosos problemas difíciles que se informan en todo el país”, concluyó Bachelet.

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