Artículo escrito en exclusiva para PuntodeCorte.com

Por: Javier Vivas Santana

@jvivassantana

¿Qué impide un acuerdo entre madurismo y oposición para destrabar la profunda crisis política, económica y social que ha arrasado con toda Venezuela en sus distintos espacios agropecuarios, productivos, comerciales, educativos, asistenciales, culturales y hasta religiosos?

Hace un año que Maduro se autoeligió en aquellas elecciones del 20 de mayo de 2018, y sobre la base de ese hecho “electoral” dice que puede gobernar hasta el 2025, sin cuando menos llegar a hacer mención que en el más lejano de los casos, o sea, en 2022 la oposición pudiera convocar a un referendo revocatorio en su contra, máxime, cuando el propio Banco Central de Venezuela (BCV)  acaba de publicar las cifras oficiales de su régimen en relación con los últimos cuatro años donde termina por reconocer la quiebra de todo la economía del país desde que llegó a la presidencia en 2013, y con una hiperinflación que según ellos, llega hasta la astronómica cifra de 130.060% en 2018, y pudiera superar los siete dígitos en 2019.

En efecto, el madurismo para adueñarse del hecho electoral y generar la máxima de la desconfianza en el voto, ha prostituido la máxima expresión de voluntad democrática entre los venezolanos, primero al desconocer a la Asamblea Nacional con medidas seudoconstitucionales, luego al negar un posible referendo revocatorio de Maduro en 2016 con unas medidas “judiciales” de tribunales regionales, y avalar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con unos “resultados” que fueron desconocidos por Smarmatic, la empresa que llevó a cabo los anteriores procesos electorales, y para completar tales fraudes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) desconoció con actas en mano, la elección de Andrés Velásquez como gobernador en Bolívar, mientras que la propia “constituyente”, arrebató a la oposición la gobernación del Zulia, porque el candidato vencedor no quiso “juramentarse” ante ésta como “mandatario”.

Tampoco podemos obviar que esas elecciones de gobernadores en 2017 se efectuaron con un fuerte llamado de abstención opositora, que aun así, en términos totales de votos en los diferentes estados apenas dieron al madurismo una ventaja que no llegó a superar el 10% sobre la oposición, a pesar de que no menos del 25% de este sector no fue a votar, mientras hubo casos como del estado Miranda en donde centros electorales y votantes fueron desplazados incluso con 48 horas antes de esas elecciones regionales. Es decir, el madurismo se ha valido del CNE como herramienta política para que el sector radical de la oposición estimado entre un 20% y 30% se abstenga, e influir de manera preponderante en los resultados electorales.

Ante esta realidad, si la oposición en primera instancia no exige el cambio de la directiva del CNE, nada podrá lograrse, y de esta manera el madurismo continuará ganando tiempo, mientras el país se sigue hundiendo en lo económico y social, y aumenta la emigración que son en esencial en su gran mayoría del sector antimadurista, pero que estando fuera, este mismo CNE impediría por todos los medios que esa población de venezolanos estimados en unos 4 millones de potenciales votantes, lleguen a ejercer el sufragio.

Nada podrá hacerse para construir una salida electoral si el tema del CNE no está en la agenda porque en una lucha política de este nivel, si la oposición no habla un mismo idioma en términos de orientación política, eso sólo le serviría al madurismo para seguir ganando tiempo, y por ende, generando mayores frustraciones en esa parte mayoritaria que exige su salida.

También hay que señalar que si la oposición lograra que se establezca una directiva equilibrada en el CNE, bien pudieran solicitarse referendos revocatorios en agosto contra todos los gobernadores del madurismo, y que si existiese una sólida agenda política, todos serían revocados, lo cual en la praxis política también sería un revocatorio para Maduro, y eso es lo que el madurismo busca por todos los medios evitar, siendo esa la razón por la cual mantiene al actual CNE como herramienta política.

La oposición tiene muchas alternativas dentro de la Constitución que pudieran convocar consultas electorales en el corto plazo, que si bien no serían directamente contra Maduro, colocarían a éste en una situación de evidente rechazo popular,  y en esas condiciones tendría forzosamente que llamar a elecciones presidenciales, renunciar, o saber que no podrá gobernar en tales condiciones.

La infidelidad política en esta oportunidad está el campo de la oposición quien debe entender que para remover a Maduro con votos, hay caminos, muchos caminos para hacerlo, sólo hace falta que exista un acuerdo para desmontar la actual directiva del CNE, y si el madurismo se niega, quedaría claro que son ellos quienes se oponen a buscar salidas electorales ante la crisis del país.

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