Caracas, 19 de agosto de 2018. Cuando solo faltan horas para la nueva reconversión monetaria la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) inspeccionó al consorcio Credicard, responsable de más de la mitad de transacciones por puntos de venta y mantenimiento de tarjetas de crédito en el país. 

La inspección fue realizada personalmente por el superintendente Antonio Morales, acompañado de su equipo de trabajo, quienes evaluaron y constataron el desenvolvimiento en las áreas de riesgo tecnológico, call center y sala de datos, así como los planes de contingencia ante posibles eventualidades.

Esta empresa ofrece sus servicios al 77% de la banca venezolana, tanto pública como privada, entre los que se encuentran Bancaribe, Banco Activo, Banco Agrícola de Venezuela, Banco Exterior, Banco Caroní, Banco de Venezuela y Banco del Tesoro.
Asimismo, mantiene alianzas comerciales con empresas dedicadas a desarrollar productos y servicios en el campo de los medios de pago electrónicos, refirió una nota de prensa difundida por Sudeban. 
La plataforma tecnológica hace posible el procesamiento de pagos electrónicos y transacciones de los usuarios a través de los medios de pagos en todo el territorio nacional, indicó el boletín de prensa.
Este consorcio ha estado en la mira del Ejecutivo desde diciembre del 2016 cuando la plataforma falló a nivel nacional, generando una situación bastante irregular. Los directivos dijeron en su momento que el masivo uso de los puntos de venta, ante la falta de efectivo, colapsó el sistema. 
La situación hizo que Nicolás Maduro ordenara la detención de los directivos por saboteo. 
Ya están detenidos desde ayer,  los responsables directos que Credicard puso al frente de esta acción contra la República y la paz social. Seguramente hay un sector político que está ligado al saboteo de Credicard ligado a una guerra cibernética”, dijo el mandatario en su momento. 

Los cinco directivos de Credicard fueron liberados a mediados del  año pasado, luego de ser investigados por tomar control de actividades crediticias y eliminar registros de transacciones financieras de funcionarios del gobierno.

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