Caracas, 19 de mayo de 2018.

Por: Alexis Bustamante* 

@IOCVenezuela

¡Análisis!

Una palabra que puede ser apreciada bajo distintas concepciones pero que todas nos llevan al raciocinio y al discernimiento que nos obligan a un proceso de interpretación de las cosas que nos rodean y de la realidad que vivimos, siempre a través de la indagación, revisión de los hechos concretos, sopesar y considerar las ideas por contrarias o antagonistas que parezcan y hasta ofrecer respuestas anticipadas para las posturas más radicales o sesgadas que puedan leer nuestro escrito.

En esta ocasión, les ofrezco mi perspectiva sobre la situación que vivimos con el propósito de influir sobre la conciencia del venezolano, sin embargo, consciente de la pérdida del amor a la lectura por parte de nuestra sociedad como una de las debilidades por las que atravesamos, la hegemonía comunicacional y el discurso manejado por las autoridades gubernamentales desde su ascensión en el poder a partir del año 1999 que ciertamente ha logrado influir especialmente en la juventud a quienes se les ha inculcado y formado en las distintas etapas de la educación con bastante énfasis en los aspectos ideológicos del “Socialismo” o del “anti-imperialismo” o más recientemente del “Chavismo”, pretendiendo idolatrar y magnificar su legado como si fueran incuestionables o que indudablemente corresponden al camino que debe ser tomado por nuestra nación. En fin, una situación que me hace recordar la historia de David contra Goliat.

Sin embargo, a pesar de esta condición, instalada desde mi punto de vista de manera premeditada, me atrevo a elevar un análisis, por supuesto, abierto al estudio de cualquier crítico o detractor.

Este estudio personal intenta abarcar algunos aspectos elementales y medulares que nos han dirigido hacia la grave situación en la que nos encontramos y nos permitirá valorar que sectores de la sociedad venezolana son los favorecidos bajo los esquemas con los cuales funcionan las políticas desarrolladas durante el proceso mal llamado “revolucionario”.

Si bien, se me ha sugerido por aquellos que me aprecian, no hacer mención en mis escritos sobre la Fuerza Armada, los organismos de inteligencia o demás cuerpos de seguridad del Estado, considerando las eventuales persecuciones políticas y por mi condición como ex funcionario de estas instituciones, es algo que no puedo obviar, ya que representan aspectos fundamentales de las políticas ejecutadas durante este período y como lo podremos observar, representa el eje transversal y un arista importante para el análisis de todos los ámbitos.

La manera en que desarrollaré este escrito, será a través de interrogantes sobre las políticas ejecutadas por el gobierno en diferentes ámbitos, permitiéndome a su vez dejar el camino abierto para posteriores análisis, recordando que cada una de las decisiones o políticas públicas persiguen un fin…

Perspectivas… 

1era pregunta:

¿Quién se beneficia con el control de precios? 

Para comprender éste tema es adecuada la lectura del artículo publicado por Anabella Abadía y Carlos García Soto, publicado en el portal web de PRODAVINCI.COM en fecha 06FEB18 y titulado “15 años del actual control de precios: un balance”, en donde se puede apreciar un resumen cronológico de las principales leyes y decretos presentados por el ejecutivo y que han ido profundizando el control sobre los alimentos, bienes y servicios aumentando el poder del Estado y por ende mayor responsabilidad sobre consecuencias apreciables en la actualidad (mayor es el poder, mayor la responsabilidad). 

En el referido artículo se enuncian las primeras medidas como la regulación de precios de artículos de primera necesidad  (Gaceta Oficial Nro. 37.626 de 6 de febrero de 2003). Menos de una semana después, se publicaron los primeros precios máximos de venta (Gaceta Oficial Nro. 37.629 de 11 de febrero de 2003).

El 4 de mayo de 2004 se dictó la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (Gaceta Oficial Nro. 37.930) la cual derogaría la Ley de 1995. Otorgándole la competencia al Presidente de la República para declarar bienes y servicios como de primera necesidad, pero no se le otorgó competencia alguna para la fijación de sus precios.

En 2008, 2009 y 2010, se derogarían y promulgarían nuevas Leyes en materia de protección al consumidor (Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios), pero siempre manteniendo el mismo régimen previsto en la Ley de 2004.

El 18 de julio de 2011 se inicia una etapa de significativa ampliación del ámbito del sistema de control de precios, con ocasión de la promulgación de la Ley de Costos y Precios Justos (Gaceta Oficial Nro. 39.715). Con la aprobación de esta Ley, se creó la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP) para la revisión y control de los costos de producción, con el supuesto objeto de garantizar una ganancia justa y evitar la especulación. La actuación de SUNDECOP sería regulada por el Reglamento Parcial sobre la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y el Sistema Nacional Integrado de Administración y Control de Precios (Gaceta Oficial Nro. 39.802 de 17 de noviembre de 2011).

Bajo el marco de una Ley Habilitante, se deroga la Ley de Costos y Precios Justos mediante el Decreto-Ley N° 600 que dictó Ley Orgánica de Precios Justos (Gaceta Oficial Nro. 40.340 de 23 de enero de 2014). Este decreto estuvo precedido por la aplicación de controles de precios por vías de hecho en noviembre y diciembre de 2013.

La Ley Orgánica de Precios Justos estableció un margen máximo de ganancia de 30% para cualquier actor de la cadena de comercialización, y sustituyó a SUNDECOP por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), dándole un amplio conjunto de facultades para el seguimiento y control de todos los procesos de producción, distribución y comercialización del país.

La Ley Orgánica de Precios Justos fue posteriormente reformada el 19 de noviembre de 2014 (Gaceta Oficial Nro. 6.156) y el 12 de noviembre de 2015 (Gaceta Oficial Nro. 40.787). Ambas reformas se hicieron bajo la aplicación de una Ley Habilitante.

Más recientemente, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la anunciada Ley Constitucional de Precios Acordados (Gaceta Oficial Nro. 6.342 extraordinario de 22 de noviembre de 2017). 

En el mismo orden de ideas, los autores expresan lo siguiente: “Este instrumento, dictado por una ANC convocada al margen de la Constitución, mantiene una política de controles que perpetuará las distorsiones generadas por las leyes previas”.

Así mismo, los autores continúan argumentando con una serie de indicadores y estadísticas el ya evidente fracaso de dichas políticas para promover la adecuada producción, abastecimiento y distribución de los productos, bienes y servicios que la sociedad demanda. Ahora a partir de ello se debe analizar el ¿por qué? Se fracasó, una pregunta que le permite al gobierno y a los que ejecutan la política (las instituciones), excusarse como evidentemente ha ocurrido una y otra vez adjudicándoles la responsabilidad a otros y permitiéndole al gobierno continuar en la misma dirección. Para resumir, el gobierno continúa con un proceso que para ellos es el deseado (planificado) y que sería un error reconocer su propia responsabilidad o dirigido a la auto crítica. 

Algunos teóricos enunciarían el discurso de Hugo Chávez en el 2012 denominado “Golpe de Timón” el cual pudiera ser recordado como el primero y último llamado “sensato” a la reflexión o para invocar un cambio de dirección de la política nacional, pero debemos recordar también, ¡por casualidad! que fue ese el año en el que por su enfermedad se trasladó a Cuba y no regresó.

Ahora, se hace necesario realizarnos otra pregunta y justificar los motivos de este razonamiento discursivo, ¿cuál es el propósito de continuar con esos controles?, unos controles que han restado progresivamente las libertades del sector privado, en lo particular en la producción de alimentos, bienes y servicios, asumiendo por imposición o mecanismos aparentemente erráticos y con escasa planificación a través de expropiaciones y políticas públicas que fortalecen el modelo rentista como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) iniciada el 3 de abril de 2016, entregando los recursos y la responsabilidad a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como se plantea en la promulgación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano a través de la Gaceta Oficial N° 40.941 y el Decreto N° 2.367 de la Presidencia de la República, publicada el 11 de julio de 2016, que absorbe a su vez a los CLAP.

De igual manera, la asignación de militares como responsables de los ministerios del área de alimentación, como ha ocurrido en las otras carteras como característica propia del modelo militarista. Por ello, debemos hacer énfasis en las atribuciones conferidas al Estado a partir de su puesta en marcha, en donde figura el ciudadano Nicolás Maduro y Gral. Vladimir Padrino López, como responsables de lo agroalimentario, farmacéutico e industrial, representando un complemento a los controles anteriormente señalados y que a su vez amplía sus obligaciones en lo concerniente al resguardo, supervisión directa y seguimiento a la producción y sistemas de distribución de los alimentos, medicinas y productos básicos. En el mismo orden de ideas, se puede señalar que dicha ley, cargada de retórica y de promesas no cumplidas asegura ser el mecanismo para “erradicar los problemas de un modelo capitalista y de la economía rentista, tales como: el acaparamiento; la especulación; el contrabando; el bajo rendimiento productivo y el sistema distributivo de los alimentos.”

En el mismo orden de ideas, afirmé anteriormente que los CLAP han profundizado el modelo rentista, una aseveración que pocos se atreverían a cuestionar, reconociendo que los artículos que contiene la “caja” en su gran mayoría son importados y poco, casi nula, ha sido su sustitución por productos nacionales; una dotación subsidiada pues se amparan en las divisas de la renta petrolera, mientras a las empresas extranjeras les pagan con el producto de esa renta, estimulando su crecimiento, rentabilidad, producción y por supuesto al sector laboral en esos países.

En otras palabras, el gobierno a través de la renta petrolera obtiene un bien que es aprovechado para profundizar en el populismo ofreciendo a precios desfasados e irreales un producto que no pudiera adquirir por otros medios que no sea “a través del papá Estado” en un proceso planificado de subyugación, sin argumentar en esta ocasión la caída del poder adquisitivo y los salarios irrisorios que forman parte de ese proceso pero que debe ser analizado de manera particular.

¡Entonces!, ¿De quién es la culpa?

Muchos se hacen esta pregunta cuando empiezan a darse cuenta del nivel de deterioro social, escasez de alimentos, medicinas y productos básicos así como otros necesarios para el avance del país… Será que “la culpa es de la vaca” como el cuento cuyo libro lleva ese nombre, de Jaime Lopera y Marta Bernal. Bueno, para esta pregunta el gobierno ya ha fijado posición, argumentando que se debe a una “guerra económica” promovida por el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica y la complicidad de la burguesía que les adversa, un discurso que se ha difundido hasta la saciedad hasta convertirse en el imaginario colectivo al igual que lo pretenden hacer sobre las fallas eléctricas, las cuales son producto del “sabotaje”, según argumentos de las autoridades. 

Ahora, no pretendo desconocer la injerencia de otros países o la intromisión de terceros que buscan de alguna forma desestabilizar o crear las condiciones para tener en los gobiernos a personas que ideológicamente se ajusten mejor a sus necesidades, proyecciones o caprichos, eso es algo que siempre ha pasado, seguirá pasando y forma parte de la dinámica global. 

Un análisis sobre la injerencia, la doctrina Monroe, Nixon y la deuda sobre la reclamación internacional del Esequibo “por ejemplo” son temas que he elevado en otros artículos y no dejarán de ser temas de discusión y de debate diplomático pero que insisto, no son la base o las causas de la crisis actual, sin embargo, podemos señalar que los bloqueos económicos aceleran ese proceso de debacle, pero que corresponden precisamente a los mecanismos de integración y equilibrio mundial en el que Venezuela se ha suscrito para que la comunidad internacional pueda participar en el restablecimiento de las condiciones democráticas, del Estado de derecho y de justicia que debe prevalecer. Unas condiciones que han sido vulneradas por el propio gobierno y sus autoridades; demostrado principalmente por la violación de derechos humanos ya documentada, la corrupción e impunidad de la cual también se tienen registros incontables.

Así mismo, es importante señalar, principalmente para aquellos que sufren aversión a la idea de una intervención internacional y ayuda humanitaria que estos son mecanismos viables a los que la sociedad civil puede recurrir cuando su capacidad de elegir honestamente a sus gobernantes se ve limitada y la crisis multifactorial ha llegado a límites inusuales denominadas crisis humanitaria, debiéndose ésta a las políticas desarrolladas por el gobierno, como lo seguiremos ampliando. Una adhesión a instancias supranacionales que nos permite además influir en las demás naciones que puedan pasar a futuro por una crisis como la nuestra.

Por otra parte, a manera de profundizar el análisis sobre la producción, abastecimiento y distribución de los alimentos, así como las distorsiones que amenazan a la sociedad civil como principal consumidora, manifestadas con el desabastecimiento, especulación, contrabando de extracción de alimentos y demás productos de primera necesidad hacia los países fronterizos, podemos mencionar a las instituciones a las cuales se les adjudica comúnmente la responsabilidad buscando definir ¿de quién es la culpa?. 

Las instancias más significativas que podemos mencionar son: La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) que fue sustituida desde el año 2014 por la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO) y AGROPATRIA para lo concerniente al estímulo y producción, las instancias de control como la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), los cuales han sido controlados por militares en condición de actividad o de reserva bajo el nombramiento del Presidente de la República. Por otra parte, se menciona al sector de FEDECAMARAS y empresas privadas que todas a su vez han sido subordinadas a la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro (GMASS) cuyas atribuciones ya han sido señaladas como instancias casi plenipotenciarias.

¡Ahora!, ¿de quién es la culpa?… 

Como se entiende que la credibilidad es una percepción que no debe estar sujeta a dudas, continuamos explicando indicadores del sistema. Entonces, ¿Cómo podemos explicar que en los anaqueles de los abastos, grandes supermercados y hasta vendedores ambulantes en las ciudades fronterizas del vecino país se encuentren abundantes productos alimenticios venezolanos? En primer lugar, se puede señalar que el control de precios se ha traducido en una diferencia abismal de los costos de cada uno de los rubros en comparación con los productos colombianos a lo que se le aúna el bajo poder adquisitivo y la devaluación de la moneda lo que resulta muy lucrativo para las “mafias” que deseen hacer negocios con la extracción de dichos alimentos.

En este mismo orden de ideas, recordamos las atribuciones de la GMASS y demás instancias de control, así como las incontables alcabalas y puntos de control por parte de la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad dispuestos en las vías que nos comunican al vecino país y que además se encuentran en Estado de Excepción con las restricciones que ello implica de manera intermitente desde el año 2014 y en la actualidad de manera indefinida. Sin embargo, la situación continúa, controlando y ejecutando un claro pero inusual proceso de exportación que indudablemente arroja ganancias (no declaradas) a través de la extorsión y demás métodos de corrupción que solo se puede mantener bajo ese esquema. Un análisis comparativo, se puede aplicar con el contrabando de extracción de combustible, materiales de construcción, minerales y otros materiales estratégicos, cuyo control, también lo tienen representantes de la Fuerza Armada.

A manera de conclusión preliminar, la denominada pérdida de la institucionalidad de la Fuerza Armada, es un mero eufemismo que no denota las innumerables fallas y el proceso de descomposición al que se ha visto sometido, en donde se ha deteriorado los principios éticos, morales y por supuesto hasta la propia razón de su existencia. Una característica que no puede ser determinada por el individuo, es decir, el deterioro institucional no es necesaria o exclusivamente culpa de los militares en sí, sino del sistema que los induce, facilitada además por el proceso de ideologización y la maleabilidad de la juventud que es atraída a los cuarteles, aunando a ello el escaso nivel cultural y académico que también ha sufrido los mismos desmanes y a cuyo dramático camino no parece vérsele luces que permitan su reivindicación, considerando las políticas tomadas por el ejecutivo de profundizar en ese esquema, restándole importancia a casos como la descomposición de miles de toneladas de alimentos en el Caso PDVAL del año 2009 – 2010, resultando impunes la mayoría de los responsables y hasta promoviendo a otros asignándole nuevas responsabilidades ministeriales.

La dinámica evidenciada en este análisis puede ser comparada cuando analizamos las demás políticas públicas ejecutadas desde 1999 las cuales de manera progresiva ha profundizado ese esquema de control, corrupción, complicidad y por supuesto ineficiencia en la gestión que le da validez a los señalamientos sobre el gobierno como un Estado forajido y una mafia militarista gubernamental.

2da pregunta

¿Quién se beneficia con el control cambiario?

El día 07 de marzo de 2016, publicaron en el portal web de TELESURTV.NET, una nota de prensa en donde se señala lo siguiente:

“El control de cambio de 2003 se fundamentó en un decreto del Presidente Hugo Chávez; en el acuerdo de la misma fecha entre el BCV y el Ministerio de Finanzas se suspendió las transacciones en divisas realizadas en el país; en el decreto presidencial también se ordenó la creación de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), que estableció las funciones de esa dependencia y las normas para la administración y el control de divisas, y en el Convenio Cambiario número 1; mientras que el número 2 estableció los tipos de cambio vigentes y el número 3 el tipo de cambio aplicable al pago de la deuda pública externa.”

“Ese mismo año, fue creado el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), con el objeto de desarrollar e instrumentar las políticas de administración de divisas (es decir, el control de cambio), de exportaciones e importaciones, y de inversiones foráneas en el país y nacionales en el exterior. En esa oportunidad se creó también la Corporación Venezolana de Comercio Exterior con el objeto principal de atender las necesidades de importación del país. CADIVI fue suprimida en abril de 2014.”

Más adelante en la nota de prensa se destaca:

“El 80 por ciento de las divisas de la economía era suministrado por Cencoex a una tasa preferencial de 6,30 bolívares por dólar (0,0063 Bs actualmente, considerando la reconversión del año 2007 y 0,0000063 Bs para la reconversión pautada para el mes de junio de 2018, denotando el proceso devaluativo que ha sufrido la moneda nacional). Esta banda era necesariamente para los productos de primera necesidad, incluyendo alimentos y medicinas”. 

“De igual manera, existía el Sicad 1, que ofrecía 220 millones de dólares semanales a sectores productivos específicos convocados a subastas, con una tasa que fluctúa entre 10 y 12 bolívares por dólar.” 

“En tanto, en Sicad 2 fluctuaba de acuerdo con el cruce diario de la oferta y la demanda, en un esquema que permitía la transacción libre de divisas, sin topes ni bandas, a través de los bancos y casas de bolsa. Mediante este mecanismo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el BCV, la banca pública y las personas naturales y jurídicas pueden ofrecer y comprar divisas diariamente, de manera libre”.

Partiendo de lo anterior se pueden apreciar los esquemas que se han mantenido durante la mayor parte de la llamada revolución Bolivariana y que permite demostrar el control sobre el flujo de divisas en el país, así como elementos que son vinculantes a la política de importación en donde los alimentos, medicinas y bienes básicos son dominados por el Estado.

Un artículo publicado en el portal web de elnuevopaís.net de fecha 04 de febrero de 2018, se cita lo siguiente: 

“Si  bien, Asdrúbal Oliveros, economista y director de Eco analítica, considera que fue oportuno la creación del control de cambio en el 2003, cree que en el 2006 las condiciones estaban dadas para que se eliminara, pues había un buen nivel de reservas internacionales, un boom petrolero y menor riesgo país.”

La economista Tamara Herrera, de Síntesis Financiera, afirmó que si no era en 2003, en cualquier otro momento el régimen iba a instaurar el control. “La libertad cambiaria no es compatible con los regímenes que se han constituido en estos años, era un propósito que no existiera libertad y se dejara a discreción del gobierno la cantidad y el precio de las divisas”.

Los economistas coincidieron en que los motivos para mantener el control han sido completamente políticos. “Le permitió al gobierno endeudarse por muchos años a bajo costo, manejar grandes excedentes de bolívares que quedaban retenidos y jugar con el arbitraje de las tasas”, dijo Oliveros.

Por otra parte, es importante señalar las medidas tomadas por el gobierno en donde se limitaron los montos de divisas que pudiera  sacar o ingresar al país Cualquier persona natural.

El control cambiario en Venezuela ya tenía un recorrido en el pasado y con una historia de corrupción que lo acompañaba, en referencia a esto se encuentra el caso del “Régimen de Cambio Diferencial” (RECADI) que funcionó entre el 28 de febrero de 1983 y el 10 de febrero de 1989 durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en donde se llegó a realizar la detención de cinco exministros, liberados posteriormente sin mayores resultados. Unas decisiones políticas que a pesar que habían favorecido los esquemas de corrupción y fuga de capitales, hoy nuevamente eran replicados.

En el período de estudio, en particular se puede hacer referencia a las declaraciones de Jorge Giordani, ex ministro de Planificación y Finanzas, en el año 2013, quien afirma que a través de CADIVI se robaron la cantidad de 25.000.000.000$ (veinticinco mil millones de dólares) una cantidad para nada despreciable y de la cual no se tienen culpables o mejor dicho enjuiciados, señalando que hubo asignaciones de divisas por las cuales el sector privado “importó chatarra”, aunque admitió que en sus señalamientos “no se escapan las empresas públicas y petroleras”.

En otras palabras, podemos comparar este hecho a las inconsecuentes declaraciones de Rafael Ramírez quien achacaba la responsabilidad a los denominados “raspacupos” de la fuga de capitales de la nación, un hecho que correspondía al proceso de disponer de la asignación en dólares los cuales había pagado en la banca nacional para poder comprar o adquirir en el exterior cualquier bien de consumo, en muchos casos, bienes que no se encuentran o que no se elaboran en Venezuela, unos argumentos sin fundamentos mayores y escasos de profundidad.

Es importante señalar por ejemplo la asignación  por una cantidad de 23,6 millones de dólares a dudosas empresas importadoras “recientemente conformadas” para el año 2012, por parte del Coronel Manuel Barroso, un hecho que nuevamente nos encausa a continuar afirmando y demostrando la complicidad con funcionarios de la Fuerza Armada que han contribuido en la destrucción económica del país. En este hecho, se aprecia la vinculación con otros Oficiales, incluyendo al General Osorio quien presidía Mercal; acontecimientos que han sido desestimados y no le impidieron su ascenso al grado de General y su designación como agregado militar en Brasil, dejando como en otros acontecimientos de la historia reciente en Venezuela, un claro mensaje a sus Oficiales de la Fuerza Armada Nacional, quienes serían recompensados al adherirse al esquema de mafia militarizada. Estos hechos nuevamente demuestran que el hablar de pérdida de la institucionalidad de la FANB es puro eufemismo, sino que se trata de un plan preconcebido para que las mafias y las armas de una nación se encuentren en un mismo lugar asegurando una nueva clase dominante.

Por otra parte, es apreciable como se ha erigido una nueva burguesía, llamada por algunos “boliburgueses”, quienes controlan los distintos sectores productivos del país aunque con resultados deprimentes, pudiendo deberse a que su ascenso ha sido gracias a la consolidación de estos esquemas corruptos y no a las capacidades técnicas, científicas y por supuesto honestas que garanticen el éxito de nuevas empresas. Para referencias vinculadas a esta afirmación, la sociedad venezolana cuenta con muchos ejemplos.

Con relación a la asignación de dólares al sector privado, particularmente en el caso de las Empresas Polar, como uno de los más polémicos y emblemáticos, cuya matriz de opinión se ha dirigido a señalar la asignación de más de 3 millardos de dólares a través de CADIVI en el período comprendido desde 2004 hasta 2012, publicado en algunos medios de difusión, como por ejemplo en el artículo de opinión del ciudadano Juan García Viloria publicado el 03 de agosto de 2014 en el portal web de Aporrea.org y en donde se reafirma nuevamente a través de registros la aprobación a favor de las Empresas Polar de referidos montos, destinados a la importación de materias primas y demás insumos requeridos para la industria, es importante destacar que en el artículo se omiten aspectos relevantes para el análisis, como por ejemplo las aportaciones al sector público y filiales de PDVSA de los cuales Giordani había confirmado irregularidades. En segundo lugar y más significativo el hecho de hacer de conocimiento que la empresa privada no recibía las divisas en efectivo ni tampoco a una cuenta particular, simplemente realizaba las solicitudes a sus proveedores internacionales y el Estado venezolano a través de CADIVI, administraba, aprobaba y cancelaba los compromisos con dichos proveedores, es decir, que el gobierno mantuvo el control sobre las divisas. 

Este hecho fue abiertamente explicado por Lorenzo Mendoza, responsable de la empresa privada y nunca fue objetado por parte del ejecutivo, por otra parte, el empresario ha ofrecido someterse a los procesos de auditoría vinculantes y el gobierno no ha logrado avanzar más que sólo señalamientos, de igual manera, los señalamientos se extienden hasta en el proceso de distribución, pero como se explicó en el punto anterior, la distribución y abastecimiento está bajo la responsabilidad de la GMASS… Entonces ¿a quién le exigimos transparencia?

Otro elemento importante que debemos analizar en este apartado es la existencia de la aplicación de teléfonos y portal web de “Dólar Today” que comienza a operar en el año 2010 y para lo cual el gobierno venezolano lo califica como agente desestabilizador de la economía venezolana, interponiendo demandas a nivel internacional, desestimadas posteriormente por no considerarse como elemento determinante para el proceso inflacionario que se sufre en Venezuela. Sin embargo, podemos afirmar que la existencia de dicha aplicación que ha mostrado tendencia a favor de la valoración del Dólar con respecto al Bolívar, favorece a quien posea la moneda extranjera que en Venezuela ha sido controlado por más de 15 años casi exclusivamente por el aparato gubernamental a través de sus instituciones que además arrastra expedientes de corrupción abiertos. 

Si lo apreciamos desde otra perspectiva, “Dólar Today”, a través del esquema de control cambiario sólo ha favorecido a la cúpula gubernamental y sus mafias, mientras que los ciudadanos que cuentan con una remuneración en Bolívares, se ven más empobrecidos y sin capacidad de invertir o ahorrar con la moneda nacional cada día más devaluada.

            Para cerrar, quiero también hacer una apreciación sobre la denominada “guerra económica” y el tema monetario que parece también creada y promovida por el Estado, considerando que las condiciones que han surgido con la escasez del efectivo, de manera generalizada en los bancos del país y que ha sido contrarrestada con la operación “Manos de Papel” ha dado como resultado más significativo la detención del presidente y once directivos de BANESCO, según lo publicado por el Ministerio Público. Sin embargo, dichas acciones y aunada a las pretensiones meses atrás de compra de la entidad bancaria por parte de representantes del gobierno y de la consecuente negativa, parece deberse al empeñamiento por parte de estos de aplicar una “justicia selectiva” para así lograr por otras vías, apoderarse de esta entidad y poder controlar casi en totalidad el sistema bancario venezolano.

Así mismo, las acciones ejecutadas sobre el Banco Occidental de Descuento parecen corresponder a dicho plan.

Es importante destacar, que a través de este análisis no se pretende desconocer o desestimar las posibles vinculaciones o responsabilidades penales que pudieran estar cometiendo los directivos aprehendidos, en todo caso, será un proceso cuyas evidencias y demás elementos podrán comprobar o no su culpabilidad; lo que se cuestiona en sí, es el método de selectividad cuando sabemos que los bancos nacionales, incluso con mayores problemas de eficiencia, atención a sus usuarios, afectación a los mismos para la adquisición del efectivo, asignación de cuentas y tarjetas de crédito para los pensionados, entre otras debilidades, parecen quedar absueltos. 

3ra pregunta.

¿Quién se beneficia con el esquema de precios de la gasolina?   

Es bien sabido que desde hace muchos años existe una práctica en los poblados fronterizos, con relación al contrabando de extracción de combustible, el cual se ha convertido en un estilo de vida y se percibe con aparente normalidad, tanto que incluso forma parte de los juegos que practican niños en los poblados del municipio Mara y municipio Guajira del Estado Zulia, aunque la problemática se extienda a todo el estado, así como en el Táchira, Apure y demás fronteras con Colombia y los Estados fronterizos con Brasil.

En este sentido, para el análisis de dicha situación se hace necesario tener una aproximación de los precios del referido derivado. Por consiguiente, según datos tomados del portal web  www.GlobalPetrolPrices.com, los precios hasta abril de 2018. El valor medio durante este período fue de 4,21 (Brazilian Real), equivalente a 1,19388 dólares el litro, es decir, que en Brasil se estima que se necesitan 71 dólares para llenar un tanque de combustible promedio de 60 litros y en Colombia tiene un costo de 9.000 pesos colombianos el galón, necesitándose en promedio 150.000 pesos para un tanque de misma capacidad, es decir, poco más de 50 dólares. Ahora, si sabemos que el costo de la gasolina en Venezuela es tan bajo que invertimos 300 Bolívares para llenar ese tanque, lo que es aproximadamente, según en mercado negro a 850.000 Bs por dólar, estaríamos hablando de 0.00036 dólares; una inversión aparentemente irrisoria pero que estimula por lo lucrativa a miles de personas a insertarse y ser parte de ese “negocio”. Unas condiciones que  permiten el crecimiento económico de mafias y el enriquecimiento con dinero que no es declarado al fisco nacional. Una situación que supera incluso a una medida populista para ser concebida para fines ilícitos, dejando como efecto secundario la imposibilidad de auto sustento por parte de la industria petrolera venezolana.

Por otra parte, es imprescindible ir más allá sobre el análisis de los efectos que ocasiona este esquema de precios, considerando que miles abandonan sus trabajos, estudios, los campos y cualquier actividad verdaderamente productiva. En donde los salarios no superan los dos dólares mensuales promoviendo a que surja esta problemática social.

En el mismo orden de ideas, se destaca un hecho significativo ocurrido en el estado Táchira, el día 20 de abril de 2018, con relación a la denominada por el gobierno “Operación Drone” en donde Freddy Bernal declaró textualmente “Una pimpina de gasolina en una estación de servicio cuesta 20 bolívares, esa misma pimpina es vendida en 3 millones, un tanque de 60 litros cuesta 60 bolívares ese mismo tanque cuesta 30 millones de forma ilegal, en Cúcuta un sólo litro cuesta 98.500 bolívares, es un negocio que deja ganancias descomunales”, así mismo, se caracterizó por el allanamiento de 13 concesionarios y el decomiso de casi 300 vehículos. Por otro lado, sin el propósito de restarle relevancia a un procedimiento como éste, se puede apreciar que la medida no resuelve las condiciones o den solución al problema, no es más que una medida paliativa que desarticula a un grupo de individuos que se beneficiaban con ese esquema.

En otras palabras, lo lucrativo de la venta de combustible en la frontera seguirá estimulando a muchos a participar en esta actividad, favorecerá al financiamiento de mafias, grupos delincuenciales, paramilitares, guerrilleros que subsisten en el margen fronterizo y por supuesto la complicidad y consecuente decadencia de la Fuerza Armada Nacional, cuerpos de seguridad y demás organismos de control del Estado. Todo esto, sin embargo, no se compara al daño social que se ha ocasionado y que afecta a la juventud y a los niños que lo asimilan como un modo de vida.

Para concluir, elementos de lo señalado es de total conocimiento público y notorio como dirían algunos, pero necesitamos de nuestro discernimiento para comprender que dicho esquema se mantiene por falta de voluntad política o por que corresponde a un modelo preestablecido de flujo de divisas de origen ilegal o legitimación de capitales a favor del gobierno que se escapa en todo caso de un control, auditoria pública y declaración. En base a lo último pudiéramos preguntarnos, si por casualidad esto les ha servido para evadir los bloqueos internacionales para pagar los compromisos de los cuales el gobierno ha mencionado haber hecho “magias” para cumplir con ellos y finalmente si piensan sincerarse para que las finanzas del país y la empresa estatal PDVSA pueda percibir las requeridas ganancias y le permita resolver sus problemas de mantenimiento, solvencia y por otro lado permitir que esos cuantiosos ingresos sean invertidos en beneficio de todos los venezolanos y no de un grupo exclusivo.

Es imperioso para recuperar Venezuela, el desmantelamiento de la verdadera banda criminal que azota al país y en honor a quién lo denuncia con gallardía como lo hiciera Alcedo Mora, hoy en día desaparecido, así como a todos los venezolanos que están siendo sumergidos en la crisis.

El mantenimiento de las condiciones que favorecen el contrabando de combustible, el cual se ha estimado ya superar el flujo económico del narcotráfico requiere urgente atención y que el Estado elimine los incentivos que lo permiten. Regulando el costo de venta de manera gradual y con un plan paralelo que permita insertar a cientos de personas a una actividad laboral productiva y bien remunerada.

El ejecutivo debe tomar medidas como las planteadas para demostrar que no es regido por un modelo populista en donde predomina esta tesis, así como se mantiene la tesis de colaboración con el narcotráfico o de gestarse el llamado “Cartel de los Soles”, el cual funcionaría con objetivos similares… (Obtener dinero no declarado para el fisco) o por supuesto para el enriquecimiento de mafias.

4ta pregunta

¿A que corresponde la política de seguridad y defensa en Venezuela desde el año 1999?

En este apartado se analizarán algunos elementos, partiendo de hechos públicos aparentemente insólitos pero que corresponden a las políticas de seguridad y defensa desarrollas en el período señalado. Si bien, en el período “revolucionario” se ha asumido una posición defensiva, considerando criterios basados en la guerra de cuarta generación, guerra popular de resistencia y sus variantes, ya manifiestas en el nuevo Concepto Estratégico Militar y el Pensamiento Militar Bolivariano, se puede decir que las mismas han sufrido una distorsión generalizada que pone en riesgo la paz y la seguridad del pueblo venezolano, en su territorio y más allá de sus fronteras.

En el mismo orden de ideas, la concepción de una guerra asimétrica es una visión que se puede asumir, considerando la desigualdad del aparato bélico propio con el que cuentan países potencia en el mundo y cuya competencia no es prioridad para el desarrollo nacional, más sin embargo, en especial por los lineamientos ideológico, (no culturales y sociales), se percibe una amenaza o se presenta como potencialmente vulnerables las fronteras que nos circundan, muy particularmente las fronteras con Colombia en donde se ha mantenido por más de 60 años el conflicto armado, grupos guerrilleros, paramilitares y mafias asociadas al narcotráfico.

De igual manera, podemos señalar, partiendo de los hechos públicos en donde el gobierno nacional, primero con Hugo Chávez y hoy en día con Nicolás Maduro, quienes han realizado homenaje a líderes guerrilleros de los principales frentes de Colombia, entre ellos, en el año 2011 levantando un busto en el Barrio 23 de enero de Caracas a Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”, fallecido en 2008; el homenaje al “Mono Jojoy” o “Jorge Suárez Briceño”, alias de Víctor Julio Suárez Rojas, en el año 2010 por parte del colectivo Alexis Vive, también del barrio 23 de enero, hechos que respaldan el apoyo a los grupos insurgentes gestados en Colombia pero que desde su origen aparentemente ideológico izquierdista en el discurso y de reivindicación de la clase social, se ha venido descomponiendo hasta convertirse en una mafia armada (con banderas de revolución) dedicada a la extorsión, secuestro, abigeato, narcotráfico, contrabando de extracción de combustible, alimentos y otros rubros, permitiéndole subsistir y mantener el financiamiento, adquisición de armas y de poder en las zonas fronterizas.

El auspicio dado por el Estado venezolano corresponde a la idea en este caso “fatalista” en que “el enemigo de mi enemigo, es mi amigo” expresando su complicidad en que los grupos guerrilleros subsistan para que en caso de conflicto entre las dos naciones, estos grupos insurgentes puedan representar un brazo armado de la “revolución venezolana”.

Por supuesto, este proyecto va acompañado de un proceso de ideologización del aparato militar y civil especialmente de las localidades fronterizas, en los espacios educativos y comunicacionales, tanto para crear en la juventud afinidad a sus pensamientos, captación y adoctrinamiento de personas. Varios de estos ejemplos pueden ser tomados de las denuncias hechas por la Organización No Gubernamental, Fundación REDES, presidida por Javier Tarazona, quien ha elevado ante el Ministerio Público y otras instancias nacionales e internacionales las evidencias que demuestran el accionar de estos grupos irregulares, quienes entregan materiales didácticos en escuelas al margen de la frontera y emisoras de radio manejadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que les permite transmitir a los niños y jóvenes un mensaje belicista y promotor de la violencia, siendo esto permitido por el gobierno nacional como política de Estado.

Por otra parte, también ha sido evidente el respaldo a grupos armados denominados “colectivos”, que no son otra cosa si no la conformación de células paramilitares, un hecho sin precedentes en la historia contemporánea venezolana, muy distinta a los focos de guerrilla que se gestaron en los años 60. Para aclarar, es necesario hacer énfasis que los “colectivos” en Venezuela se han conformado con distintos fines, algunos como parte de expresiones culturales y académicas como hecho loable, pero otros como parte de una política distorsionada de seguridad y defensa, transgrediendo el artículo 324 de la Constitución Nacional, así como demás leyes; recordando que la custodia de las armas del Estado sólo la debe tener la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Entre otros casos relevantes, se puede mencionar al de Valentín Santana, líder del Colectivo “La Piedrita”, quien en el año 2009 afirmó públicamente ser el responsable de los ataques armados contra Globovisión, El Nuevo País, Ateneo de Caracas, la sede de Copei, Nunciatura Apostólica y las residencias de los periodistas Marta Colomina y Marcel Granier. Santana a su vez en una entrevista dada a la periodista Sebastiana Barráez dijera textualmente que en ocasión a los opositores “Donde los vea algún militante de La Piedrita les vamos a quitar la cabeza”.

Este mensaje nuevamente ratifica el carácter violento auspiciado por el gobierno, a los que se les pueden sumar innumerables ejemplos, señalando algunos puntuales que permitan el análisis. Así como no deja de ser relevante su participación en los ejercicios cívico – militares denominados “Zamora 200” ejecutados en el mes de febrero de 2018 en donde se pasea y  es saludado abiertamente por representantes políticos del gobierno y de Oficiales Generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a pesar que referido ciudadano presenta órdenes de captura por el delito de homicidio. Un claro ejemplo del insólito universo que persiste en Venezuela, pero que se explica con la teoría de su correspondencia con la política de seguridad y defensa.

Otro de los elementos importantes a ser considerados para el análisis es relacionado al ingreso de armas de guerra a las cárceles y demás centros de reclusión, con una notoriedad que ha sido difundida por los medios y cuyo arsenal supera el de algunas unidades militares, demostrando además de la corrupción por parte de los efectivos de la FANB y custodios del Ministerio de Asuntos Penitenciarios que el hecho puede ser interpretado como parte de la planificación política.

En este segmento se pueden citar que el proceso de abastecimiento de armas a los centros penitenciarios se encuentra en correspondencia a la legislación que lo rige y a las políticas que se desarrolla en el país concerniente a la Seguridad y Defensa.

En otras palabras, la legislación venezolana no excluye de forma tácita la participación de los privados de libertad como elementos a ser llamados por la Milicia y sus cuerpos de combatientes, por el contrario, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, dejan un espacio amplio para que el gobierno les atribuya su obligación y corresponsabilidad para participar en un estado de Excepción o eventual escenario de guerra, lo cual de ser así podría trascender a grupos irregulares y bandas criminales una vez pasado el conflicto, quedaría a su discreción volver a la condición anterior, resultando en un nuevo peligro para la seguridad ciudadana.

Lo anterior descrito se suma a la conformación de la Milicia Nacional Bolivariana con la consigna “el pueblo en armas” y que se soporta con militantes sin restricciones en edades, condicionando a los empleados de instituciones del Estado dentro de los “cuerpos de combatientes” de manera activa para la lucha armada ante un escenario de conflagración. 

En resumen, la planificación política ejecutada por el gobierno venezolano desde el año 1999 ha ido preparando las condiciones para que surjan resistencias armadas de manera indiscriminada, contando para ello con los civiles, empleados del Estado, delincuentes privados de libertad, milicianos y grupos insurgentes colombianos provenientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que hayan mostrado resistencia al proceso de desmovilización en los acuerdos de paz, considerando que en las zonas fronterizas se siguen financiando además del narcotráfico, con el contrabando de extracción de alimentos, combustible, materiales estratégicos y otros rubros.

En otras palabras, el discurso retórico manejado por el gobierno quien hace referencia a una lucha ideológica izquierdista no ha sido más que una patraña la cual nos está conduciendo a un caldo de cultivo, fértil para las mafias e implosión de bandas que a la postre se dedicarán al sicariato, extorsión, secuestros y otras aberraciones que hoy en día se manejan desde las cárceles. Este no es un análisis fatalista, es una simple proyección sobre las políticas tomadas durante este período, en donde no sólo se le ha permitido la subsistencia de grupos generadores de violencia, sino que inclusive se les ha dado más poder.

En este orden de ideas, invito a los teóricos del marxismo e intelectuales de izquierda a que expliquen si acaso este escenario construido por el gobierno cuenta con el respaldo de ellos o pueden por el contrario ayudar a despertar la conciencia de la colectividad y detener este proceso que nos lleva al abismo.

Una verdad que está poniendo en riesgo la seguridad y la paz de todos los venezolanos, promueve la crisis con nuestros vecinos latinoamericanos y se presta a través de sus alianzas militares y armamentísticas a ser parte de los conflictos entre potencias belicistas bien conocidos por todos y en las cuales nuestro país debe permanecer neutral.

Quiero también hacer énfasis en otro de los aspectos medulares que está haciendo daño en nuestras instituciones, en donde se ha percibido la “racionalidad política” desde una perspectiva errada y que deseo pueda ser superada con prontitud. Es por esto que puedo señalar que la racionalidad política mal entendida ha considerado en primer lugar la persecución político ideológica, siendo este criterio causal de aprehensiones indebidas que no constituyen delito, incluso, se ha caído en la omisión sobre otros individuos que con fachada discursiva hablando de “revolución” constituyen el verdadero mal y destrucción de nuestro país.

La Seguridad Nacional en Venezuela no ha sido eficiente en este sentido, se ha demostrado en donde los desfalcos y corruptos son detectados y detenidos en el exterior antes que en nuestro territorio, pudiendo citar como caso emblemático el de los sobrinos de Cilia Flores, detenidos en Haití en noviembre de 2015 y quienes partieron de rampa presidencial del Aeropuerto Internacional de Maiquetia, es decir, o es complicidad o culpa de la “racionalidad política” que les impide fijar sus ojos sobre los responsables.

En todo caso, la verdadera racionalidad política debe ir dirigida a la seguridad del Estado y el pueblo venezolano y no a favor de una cúpula corrompida, en base a ello mi afirmación en días pasados en donde menciono que la seguridad nacional en Venezuela no existe. 

A manera de cierre:

Me permito hacer cita de un escrito titulado “Del fin del comienzo al comienzo del fin” de Jorge Beinstein en donde señala:

“Se trata de la emergencia inducida de sociedades-en-disolución, de la configuración de desastres sociales como forma concreta de sometimiento lo que plantea la duda acerca de si nos encontramos ante una diabólica planificación racional que pretende gobernar el caos, sumergir a las poblaciones en una suerte de indefensión absoluta convirtiéndolas en no-sociedades para así saquear sus recursos naturales y/o anular enemigos o competidores… o bien se trata de un resultado no necesariamente buscado por los agresores, expresión de su fracaso como amos coloniales, de su alta capacidad destructiva asociada a su incapacidad para instaurar un orden colonial (incapacidad derivada de su decadencia económica, cultural, institucional, militar). Probablemente nos encontremos ante la combinación de ambas situaciones”.

Este párrafo describe en gran medida la realidad venezolana y nos permite hacer una comparación tanto de las interrogantes del presente artículo como de cualquier interrogante que pudiéramos generar, partiendo de las políticas públicas ejecutadas por el gobierno venezolano y que han profundizado en este esquema que nos tiene cada vez más sumisos, dependientes, adaptándonos a un proceso de supervivencia y restándonos la capacidad de organización y respuesta. 

La sociedad, cuya memoria colectiva parece ser corta, se va enfermando con la “patología de la normalidad” citando a Ezequiel Ander Egg, impidiendo que podamos visualizar la causa de la crisis, más que quejarnos eventualmente por las consecuencias que fácilmente son paliadas por el gobierno presidencialista que tiene el poder, controla todos los medios, los recursos, nuestras vidas hasta nuestras mentes…

* Miembro de la Coalición Nacional  por Venezuela y del Movimiento de Salvación Nacional MSN-Zulia


Suscríbete a nuestro canal en Telegram a través de https://t.me/PuntoDeCorte
Estamos también en Twitter @Punto_deCorteFacebook e Instagram