Caracas, 19 de mayo de 2018. En un comunicado que publicó este viernes el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social exigió al gobierno la suspensión de las elecciones de este 20 de mayo por considerar que en Venezuela hay una ruptura del hilo democrático y que la convocatoria realizada por la Asamblea Nacional Constituyente “es absolutamente ilegal”.

Dice el comunicado que quienes dirigen al país han ejecutado todas las acciones posibles para garantizar su permanencia en el poder, en detrimento de la voluntad ciudadana, las libertades y el Estado de derecho, llevando al país a una aguda emergencia humanitaria que se profundiza con el pasar de los días.

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Detalla que en el marco de estas acciones, y con una evidente vocación autoritaria, en agosto de 2017 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),  violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), usurpando las funciones propias del Parlamento venezolano y transgrediendo el principio de separación de poderes. “Por ende, todas las decisiones, normas, leyes y resoluciones emanadas desde este órgano están al margen del Estado de derecho venezolano y de la normativa internacional que protege derechos humanos y derechos fundamentales, como el derecho a la participación política”, se puede leer.

La convocatoria no cumple los principios de transparencia, credibilidad, confiabilidad y seguridad. Se ha observado ventajismo electoral a favor del sector oficialista en la definición de los cronogramas. Se ha hecho uso de los programas sociales como mecanismo de presión y chantaje sobre los beneficiarios en el acceso a alimentos y medicinas, así como la emisión de bonos y ayudas económicas a cambio de ir a votar por el candidato oficialista, lo cual constituye una práctica discriminatoria y excluyente. Adicionalmente, se ilegalizaron a los principales partidos políticos del país y se inhabilitaron a líderes de oposición, violando flagrantemente el derecho humano a la participación política.

El OVCS quiere dejar clara su preocupación sobre la agudización de la crisis humanitaria y el colapso del país, después del 21 de mayo continuará la inestabilidad política y se profundizará el agravamiento de la crisis que vive el pueblo venezolano y, en esa medida, arreciarán las protestas populares en rechazo a resultados fraudulentos y en exigencia de derechos sociales; principalmente alimentos, medicinas, salario digno, transporte público, agua potable, electricidad y gas doméstico.

No exigimos postergar estas votaciones, sino la realización de un proceso electoral democrático, libre, justo, transparente, creíble, apegado a la Constitución Nacional y a los estándares y normas internacionales.

Hacemos este planteamiento en consonancia con las denuncias y exigencias hechas por  el Grupo de Lima, Parlamento Europeo y Secretaría General de la Organización de Estado Americanos, así como diversos países y organismos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema Universal de Naciones Unidas.

Con información de Provea


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