Caracas, 18 de agosto de 2017. (Prensa Fundahumanos)

  1. Ochoa Antich, director de Fundahumanos, en carta abierta a Delcy Rodríguez

EGOBIERNO ES EL PRINCIPAL CAUSANTE DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

La crisis económica y social, los abusos de poder, la anticipada designación de magistrados, y la suspensión del revocatorio presidencial son las causas principales de la violencia política

La Comisión de la Verdad debería hacer comparecer al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los ministros y exministros de la economía, a Diosdado Cabello y a los magistrados del TSJ, y a los jueces que suspendieron el revocatorio

En vez de emplazar a la AN a asistir a la ANC, ¿por qué no se promueve una reunión entre las dos directivas + Maduro para regularizar hostilidades?

 Enrique Ochoa Antich, director de la ong Fundahumanos, remitió en el día de hoy una carta a Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC y de la Comisión de la Verdad, en la que solicita se cite al presidente y al vicepresidente de la República, a los ministros y exministros de la economía, a Diosdado Cabello y a los magistrados del TSJ, por considerarlos responsables principales de la violencia política de estos últimos meses.

En el largo documento de ocho cuartillas, Ochoa comienza por recordar que él y Rodríguez compartieron luchas por los derechos humanos en los 80 y 90 cuando ella se incorporó como abogada al Comité por los Derechos Humanos que entonces él coordinaba. Dice que le escribe “en nombre de los ideales de libertad, democracia, defensa de los derechos humanos y justicia social que alguna vez compartimos” y “más allá de mi cuestionamiento al procedimiento que condujo a la elección de una ANC que se impone desde una parcialidad minoritaria a la voluntad mayoritaria de la nación”.

La carta se refiere en sus primeros párrafos a la necesidad de que “para que sea tal, una Comisión de la Verdad debe conformarse de un modo absolutamente imparcial”.

-¿En serio puede creerse que la conformación adoptada asegura esa condición?, se pregunta Ochoa.

De seguidas recuerda que en representación de la organización no-gubernamental Fundahumanos, hace más de un año presentó a la AN, “donde ha dormido el sueño de los justos”, afirma, un proyecto de ley que, al modo de lo que se hizo en Sudáfrica, creaba una Comisión de la Verdad por la vía del consenso entre el gobierno y la oposición.

Al cuestionar que la Comisión de la Verdad pretenda convertirse en “patíbulo”, subraya que, aún rechazando “una estrategia política equivocada auspiciada por la oposición/MUD (que no es toda la oposición) que crea las condiciones objetivas para su ocurrencia”, está claro que los hechos de violencia tienen una causa anterior, como la tuvieron el “Caracazo” del 89, el 4F del 92 y hasta las guarimbas del 2014. Entre esas causas, Ochoa Antich menciona en primer lugar la crisis económica y social que agobia en particular a los más pobres.

-Al fondo del alma de un joven enfurecido, armado de un mortero o una molotov, que cree luchar por sus ideales de libertad y justicia, ¿no estará la rabia por el hambre, por la falta de medicinas, por el caos de los servicios públicos, por la inseguridad, por la pérdida de un futuro creíble para él y los suyos?, se pregunta quien durante el 27F fuese defensor de los derechos humanos.

Ochoa responsabiliza al gobierno de las penurias sociales que han vivido los venezolanos de 2014 a esta parte, pues, se pregunta, “¿Podemos aceptar, sin descalificar nuestra inteligencia, que la crisis económica venezolana sea la obra pérfida de los especuladores, la burguesía nacional, el imperio, y todas las fuerzas malignas del universo… pero no del gobierno?”.

Por ello pide que se cite e interrogue a Nicolás Maduro y todos los ministros de economía que ha designado.

Luego menciona como otra de las causas de la violencia la designación antes de tiempo de nuevos magistrados del TSJ con el propósito, dice, de controlarlo al servicio del Ejecutivo contra la nueva AN que se anticipaba de mayoría opositora.

-¿No es este un hecho de violencia institucional?, se pregunta Ochoa, y continúa: ¿No cabía esperar que a esta violencia se respondiera con más violencia? ¡Y todo pretende siempre presentarse como actos escrupulosamente constitucionales y democráticos! El abuso de poder y un cinismo elevado a categoría de política de Estado, ¿no ocasionan rabia e indignación en la mayoría del pueblo?

Por eso solicita que se cite e interrogue a Diosdado Cabello, en su condición de expresidente de la AN, a los diputados que adoptaron esta decisión, y a los magistrados designados.

La última causa de la violencia política que el exdiputado y expresidente de la Comisión de Política Interior del parlamento menciona es la suspensión del referendo revocatorio presidencial el año pasado. Ochoa dice que no compartió la estrategia de la MUD de apostarlo todo a este mecanismo constitucional y que siempre exigió a la MUD que se focalizara en las regionales, incluso cambiando el revocatorio por un acuerdo que se propuso entonces que incluía no sólo las regionales sino un nuevo TSJ, un nuevo CNE, ayuda humanitaria y libertad de los presos políticos.

-Pero eso no me puede llevar a obviar el hecho de que suspenderlo, por la vía arbitraria, por más “judicial” que haya sido, de arrancárselo de las manos a la oposición con un manotazo poco menos que dictatorial, constituyó un hecho de violencia institucional que se acumuló como un acicate de la rabia social contra el gobierno, agrega.

Por eso pide que se cite a quienes promovieron y ejecutaron esta suspensión, entre otros a: Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, y los jueces que adoptaron la medida.

Por último, Ochoa Antich le pregunta a Delcy Rodríguez si en vez de emplazar a la AN a asistir a la ANC, “cual si ésta fuese un tribunal inquisidor”, no sería mejor promover una reunión de las dos directivas con presencia del presidente de la república de modo de regularizar las hostilidades y abrir caminos para una negociación política que beneficie a todos.

A continuación, el texto íntegro de la carta:

 

Caracas, 18 de agosto de 2017

 

 

Delcy Rodríguez

Casa Amarilla.

Ciudad.

Delcy:

Te escribo estas líneas en nombre de los ideales de libertad, democracia, defensa de los derechos humanos y justicia social que alguna vez compartimos. Recuerdo siempre con legítimo orgullo aquellos años, finales de los 80 y comienzos de los 90, cuando, ocupando yo la Secretaría del MAS para los Derechos Humanos y la coordinación del Comité para los Derechos Humanos, te sumaste a nuestro equipo en tu condición de abogada. Conservo la reseña periodística de nuestra visita a Douglas Bravo en la DIM de entonces y muchas otras. Tiempos de ilimitada violencia aquel complejo proceso que condujo de la rebelión popular del 27 de Febrero a los alzamientos militares del 92. Allí, en ese huracán sangriento que nos tocó vivir, probamos nuestro talante libertario y justiciero.

Más allá de mi cuestionamiento al procedimiento que condujo a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que se impone desde una parcialidad minoritaria a la voluntad mayoritaria de la nación, y en atención a que presides la llamada Comisión de la Verdad, quiero dejarte saber tan brevemente como pueda algunos pareceres y formularte algunas interrogantes.

 

Sobre la integración de la Comisión de la Verdad

 Estoy convencido de que para que sea tal, una Comisión de la Verdad debe conformarse de un modo absolutamente imparcial. ¿En serio puede creerse que la conformación adoptada asegura esa condición? En representación de la organización no-gubernamental Fundahumanos/Foro Cambio Democrático, hace más de un año Esperanza Hermida y yo presentamos a la Asamblea Nacional, a su Comisión de Política Interior, donde ha dormido el sueño de los justos, un muy acabo proyecto de ley que creaba una Comisión de la Verdad por la vía del consenso entre el gobierno y la oposición y con participación de representantes independientes de las sociedad civil organizada. Nos inspiramos en el ejemplo de Sudáfrica, donde una Comisión de la Verdad imparcial conformada por ley pudo ser un instrumento eficaz para el proceso de reconciliación nacional impulsado por Nelson Mandela. Ojalá lo revises y procures tenerlo en cuenta. Todavía se está a tiempo.

 

Comisión de la Verdad, no patíbulo

He escuchado con atención a muchos constituyentes y a voceros del gobierno y del PSUV anticipar cuál ha de ser la agenda de esta Comisión de la Verdad. Quiero subrayarte que no conviene, ni al país ni a la propia ANC, convertirla en patíbulo, como parece la aspiración de algunos. Sabes que he  rechazado una y otra vez públicamente y por escrito, los hechos de violencia propiciados, sí, por actos de represión excesivos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y de grupos de civiles armados simpatizantes del gobierno, pero también por una estrategia política equivocada auspiciada por la oposición/MUD (que no es toda la oposición) que crea las condiciones objetivas para su ocurrencia y que los tolera por mampuesto. No comparto ni compartiré y repudio esa estrategia maximalista y esencialista del todo o nada, del choque de trenes, del 350, del gobierno paralelo y otras sandeces, que se encarna en eso que hemos conocido como La (mal llamada) Salida. Pero eso es una cosa y otra no tener en cuenta que ese radicalismo infecundo (porque hay uno que no lo es), que esos delirios extremistas tienen una causa anterior.

 

Las causas de la violencia política

Durante los sucesos del 27F, no más llegando a la morgue de Bello Monte tres días después, entendí que ése no era un fenómeno coyuntural de orden público sino que encontraba sus raíces y su origen histórico en el proceso político y social que vivía la república al menos desde el viernes negro del 83, si no antes. Luego, adversando todo intento de golpe de Estado, sea de izquierda o de derecha, como lo dije muchas veces a los medios de comunicación, sostuve en 1992 que más que al alzamiento militar mismo del 4F lo que había que cuestionar eranlas causas que lo habían hecho posible, que los alzamientos militares de aquel año no eran la acción de una pequeña logia militar sino un fenómeno histórico con causas más hondas que había que analizar en profundidad. Ni siquiera durante las guarimbas de 2014, a las que me opuse con absoluta determinación, me atreví a decir que esas protestas fuesen sólo un artificio de pequeños grupos sino que había un entorno político y social que las provocaban.

La Comisión de la Verdad, si quiere serlo, debería comenzar por aquí: por reconocer que esta violencia que repulsamos tiene causas anteriores y hurgar en ellas. Y constatar que en la factura de esas causas están presentes tanto gobierno como oposición. Esto si quiere ser un verdadero instrumento de reconciliación que para serlo debe ser equilibrado, justo e imparcial. Para que la crítica del gobierno a la oposición sea creíble, debe comenzar por su propia autocrítica. Nunca debe olvidarse que en general en circunstancias históricas como la que hoy vivimos los venezolanos, los gobiernos tiene siempre primerísima responsabilidad por razones tan obvias que no hay ni siquiera por qué comentar.

 

Los errores de la MUD

Es evidente que un primer error cometido por la oposición fue la denuncia de fraude a propósito de los comicios de 2013 en que se eligió a Nicolás Maduro presidente constitucional de la república. La MUD sabía que ese fraude no se había cometido y aún así insistió en esa peregrina acusación, propiciando objetivamente hechos de violencia que cobraron la vida de numerosos venezolanos. Y también es cierto que luego de que el PSUV ganara los comicios municipales de 2013, algunos sectores extremistas de la MUD, con el desacuerdo de la mayoría de sus integrantes pero por la vía de los hechos cumplidos, provocó una absurda estrategia de calle violenta que en ese momento a nada condujo, ocasionándose de nuevo una importante cantidad de muertes. Sin embargo, luego de tales desaguisados, que algunos protestamos desde dentro de las filas opositoras, la MUD se encauzó por la que hemos definido desde 2006 como la ruta democrática, organizando sus fuerzas para participar de las elecciones parlamentarias de 2015.

 

Los errores del gobierno

Heredero de una economía descuadernada e improductiva, a causa de las expropiaciones indiscriminadas, de un estatismo desmedido, de la terca permanencia por más de una década de dispositivos como el control de cambio y el control de precios, y de la adopción de paliativos populistas muy costosos para el fisco que además no resolvían nada, y por tanto a las puertas de un proceso casi fatal en el que el desabastecimiento y la inflación se combinaron en una ecuación infernal y agobiante en particular para los más pobres que hubieron de pagar un elevadísimo costo social, Maduro, en vez de corregir las viejas deformaciones, prisionero de algunos dogmas ideológicos superados por la historia, sin la valentía para enderezar los torcido y cambiar el curso de los acontecimientos, siguió gobernando contra el mercado, es decir, profundizando la crisis. Si entonces hubiese adoptado algunas medidas elementales y racionales, tal vez en 2014 se habría pagado un costo social… y político inevitable, pero es claro que ese costo social habría sido menor que el que hemos pagado hasta aquí y que el que habremos de pagar para salir del atolladero nacional en que nos encontramos, y que para 2015 el PSUV y el gobierno habrían comenzado a “cobrar” el rédito político de esas reformas económicas colocándose en una posición competitiva para la elecciones parlamentarias de ese año. Al no hacerlo, dos millones de chavistas abandonaron las filas del PSUV y pasaron a engrosar las filas de una renovada y abultada abstención electoral. Y así el PSUV/gobierno fue derrotado humillantemente en las elecciones para la nueva AN.

¿Puede discutirse que en la penuria social de millones anida buena parte de la violencia política de estos meses? ¿Vamos a creer que toda ella es la artera maniobra del extremismo opositor? ¿Podemos aceptar, sin descalificar nuestra inteligencia, que la crisis económica venezolana sea la obra pérfida de los especuladores, la burguesía nacional, el imperio, y todas las fuerzas malignas del universo… pero no del gobierno? Al fondo del alma de un joven enfurecido, armado de un mortero o una molotov, que cree luchar por sus ideales de libertad y justicia, ¿no estará la rabia por el hambre, por la falta de medicinas, por el caos de los servicios públicos, por la inseguridad, por la pérdida de un futuro creíble para él y los suyos? Quizá la Comisión de la Verdad debería interrogar a este respecto a los causantes de esta pavorosa crisis económica y social, la más grave de nuestra historia tal vez desde la guerra federal a esta parte, causa primigenia de la violencia política, comenzando por el presidente Maduro y todos sus ministros de economía.

 

La maniobra del TSJ

A propósito de tales elecciones parlamentarias, sabiendo que sería derrotado, el gobierno apeló a un delicado expediente: forzar la elección antes de tiempo de varios magistrados del TSJ que debían ser sustituidos en 2016, es decir, por la nueva AN. Perseguía así asegurarse el control de un Poder Público como el Judicial desde el que se le pudiera hacer contrapeso al, o aún más, desde el que se pudiera mediatizar el, nuevo Poder Legislativo que surgiría de los comicios parlamentarios. Y así ocurrió: todos sabemos que se actuó contra los tres diputados de Amazonas, y que, más allá de la veracidad de las denuncias que cuestionaban su elección, durante más de un año no se ha adoptado resolución alguna que conduciría a nuevas elecciones en ese estado, para impedir que la oposición política ostentara las 2/3 partes del parlamento con las que, entre otras potestades, podía tomar la iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

¿No es este un hecho de violencia institucional? ¿No cabía esperar que a esta violencia se respondiera como ha ocurrido con más violencia política? ¡Y todo pretende siempre presentarse como actos escrupulosamente constitucionales y democráticos! El abuso de poder y un cinismo elevado a política de Estado, ¿no ocasionan rabia e indignación en la mayoría del pueblo? No justifico ni acepto ni mucho menos comparto ninguna violencia opositora, pero trato de entender qué es lo que ha ocurrido. La Comisión de la Verdad debe hacer lo propio si quiere procurar atacar las bases mismas de la fractura nacional que hoy padece la nación de modo de reparar daños, restañar las heridas, y reconciliar al país. Podría comenzar por pedir el testimonio de todos los diputados del PSUV en la anterior legislatura, comenzando por el entonces presidente de la AN, Diosdado Cabello, así como el de los magistrados que, en evidente acatamiento de órdenes político-partidistas del Poder Ejecutivo, cumplieron la tarea encomendada.

 

El revocatorio

He sostenido más de una vez, incluso por escrito, que la oposición cometió un error al no focalizarse en las elecciones regionales que correspondían para diciembre del año pasado. Que, por más derecho que fuera, había que admitir que el gobierno haría todo lo posible para impedir la realización del referendo revocatorio del mandato del presidente de la república que la oposición animó durante todo el año 2016. Incluso que debió haberse aceptado la propuesta de negociación formulada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el sentido de renunciar a ese derecho a cambio de un paquete que, además de las regionales, incluía una nuevo TSJ, un nuevo CNE, la ayuda humanitaria que el país pedía a gritos, y la libertad de muchos presos políticos. Pero eso no me puede llevar a obviar el hecho de que suspenderlo, por la vía arbitraria, por más “judicial” que haya sido, de arrancárselo de las manos a la oposición con un manotazo poco menos que dictatorial, constituyó un hecho de violencia institucional que, con muchos otros abusos de poder, se acumuló como un acicate de la rabia social contra el gobierno. Tal vez la Comisión de la Verdad debería interrogar a este respecto a los jueces que adoptaron las medidas a las que hago referencia, así como a los principales voceros políticos que las ordenaron, encomiaron y promovieron, como Tarek El Aissami.

 

Finalmente, Delcy:

No niego para nada las culpas que a la oposición, en particular a los sectores más extremistas de la MUD, le toca como corresponsable de la violencia política en particular de estos últimos meses. A esa alianza de partidos, he exigido una y otra vez la mínima autocrítica que le debería ser obligante por imponer una estrategia alocada que no ha conducido a nada, excepto a más de un centenar de muertes inútiles y a que se convocara, a falta de las negociaciones y los acuerdos que fueron posibles, una Asamblea Nacional Constituyente que, estoy seguro, puede traer más complicaciones que beneficios para el país. Pero me parece obvio que el gobierno debe también admitir sus propias cargas que, precisamente por serlo, resultan al final más decisivas.

Sé que ninguna de estas medidas que estoy proponiendo será adoptada, pues a todas luces es evidente que esta Comisión de la Verdad es prisionera de la necia polarización política que embrutece y apoca la vida institucional y política de la nación. Pero me sentí en el deber de dejar testimonio de mi parecer y de mis convicciones respecto de lo que debería ser la acción de una Comisión de la Verdad que, de modo ciertamente imparcial e independiente, pretenda explicarse para superarlo el fenómeno de fractura y violencia política que padecemos y a partir de allí poder reconciliar a todos los venezolanos que creemos en el diálogo, en la negociación, en los acuerdos como vía para resolver nuestro problemas, y en una paz política y social que sea justa y perdurable.

Una última idea: ¿Por qué en vez de emplazar a la AN a asistir a la ANC, cual si ésta fuese tribunal inquisidor, no se promueve una reunión de las dos directivas con presencia del presidente de la república de modo de regularizar las hostilidades y abrir caminos para una negociación política que beneficie a todos?

Enrique Ochoa Antich