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[EXCLUSIVA] Vanessa Davies Entrevista al diputado Américo De Grazia: “La guerra entre pranes y el ELN ya se cobró una víctima del chavismo”

[EXCLUSIVA] Vanessa Davies Entrevista al diputado Américo De Grazia: “La guerra entre pranes y el ELN ya se cobró una víctima del chavismo”

“En Venezuela hay diamantes, oro y coltán de sangre”, denunció Américo de Grazia.

El parlamentario de La Causa R aseguró poseer pruebas de que el hijo del mandatario nacional, el joven constituyente Nicolás Maduro Guerra, presuntamente tiene intereses en la extracción del coltán. Y acusó a dos altos oficiales –Gustavo González López y Antonio Benavides- de supuestamente estar detrás de una mina de oro.

Por: Vanessa Davies

Lo que denuncia el diputado Américo De Grazia sobre la minería en los estados Bolívar y Amazonas –siempre con el “presunto” por delante, por razones legales- es que altísimos funcionarios del Ejecutivo extraen minerales de forma ilegal y los comercializan por vías irregulares; que los pranes tenían el gobierno de la zona y ahora ese mandato les es disputado por irregulares colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN); que en esa guerra ya hay, que se sepa, una víctima del chavismo; que el Fisco venezolano es defraudado de varias formas (como con el usufructo de la arena –propiedad de la empresa estatal Minerven- para obtener oro); y que el conocimiento de estas actividades le habría costado la vida a un dirigente del chavismo, Aldrin Torres.

Siempre de acuerdo con la versión que dio De Grazia para Punto de Corte, esos “altísimos funcionarios” son, supuestamente, el exdirector del Sebin, Gustavo González López; el exjefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres; y el hijo del mandatario nacional, Nicolás Maduro Guerra. Las acusaciones contra los tres  “se están sustanciando”, adelantó el dirigente de La Causa R, nacido en el estado Bolívar en 1959.

Los primeros informes

De entrada, negó tener intereses o actividades mineras. “Negativo. Jamás. No solamente que no tengo, nunca he tenido ni pienso tenerlas. No creo en esa actividad”, replicó el diputado por el estado Bolívar.

Pero voceros del Ejecutivo Nacional insisten en lo contrario, y eso –a juicio de De Grazia- es una forma de huir hacia adelante, “una mentira que han venido repitiendo”, una leyenda. Aseguró que no hay pruebas en su contra y que quienes lo acusan –funcionarios del alto gobierno- “no han podido decir dónde tengo las balsas, dónde tengo las minas, quiénes son mis pranes, cosa que yo sí puedo decir de cada uno de ellos, dónde operan y cómo operan”.

El parlamentario afirmó que no ha acudido a tribunales a exponer estos hechos, pero que sí ha entregado dos informes a instancias internacionales como el Parlatino, el Parlamento Amazónico, la Corte Penal Internacional, el Parlamento Europeo y el PNUD, así como a las embajadas de países europeos y de Estados Unidos. “Todo lo que yo he venido diciendo de manera pública está en esos informes”, garantizó.

Según De Grazia, esos reportes están respaldados por otros dos: el “informe Curvelo”, elaborado en 2016 por el primer teniente José Leonardo Curvelo, “hoy en el exilio”; y el “informe Lezama”, de 2016, cuyo autor “es el comisario general del Sebin José Gregorio Lezama”, quien hoy “está preso en el Sebin”.

En estos informes se dice “cómo sustraen las armas de las Fuerzas Armadas Nacionales y cómo se las entregan a los pranes” como El Topo o El Capitán para administrar las minas, resumió. El diputado reiteró que presuntamente el exgobernador de Bolívar y dirigente del chavismo, Francisco Rangel, “a través del general Julio César Fuentes”, habría participado en esta actividad.

Esos pranes –procedentes del sur del país- habrían instaurado un modus operandi de acuerdo con el cual cada minero les debe pagar un diezmo del oro que recojan, y 90% restante se les tiene que vender al precio que ellos fijen.

De Grazia alega que esta información “se la entregué a Luisa Ortega Díaz (fiscal general destituida por la asamblea constituyente)” hace por lo menos dos años “a propósito de la masacre de Tumeremo”, y que también la tiene Tarek William Saab, quien para la época se desempeñaba como defensor del Pueblo. En la masacre de Tumeremo, perpetrada en marzo de 2016, fueron asesinados 28 mineros.

Guerra entre el ELN y los pranes

Han pasado varios años y hay otras autoridades en el estado Bolívar: el gobernador chavista Justo Noguera, adjudicado como tal por el CNE aun cuando el proceso fue rechazado por La Causa R (el partido de De Grazia) y los partidos de la oposición venezolana.

La presencia de Noguera trajo consecuencias, tal como lo puntualizó el legislador: Hay “una guerra desatada en los últimos meses” entre el ELN y los pranes “porque el régimen de Maduro pretende sustituir a los pranes que operan en distintas minas”. Esos pranes “son archipiélagos”; es decir, no tienen relación entre sí.

-¿En qué momento empieza a funcionar, de acuerdo con su denuncia, el ELN?

-Noviembre de 2017 fue el primer testimonio que me llegó, y lo he dicho con nombre y apellido: con el asesinato de Luivis Alfaro.

Alfaro tenía una finca, el fundo Roraima (en San José de Anacoco), y “observó la masacre de los hombres de El Topo (el pran que asesinó a las víctimas de la masacre de Tumeremo)” a manos de supuestos grupos irregulares colombianos. Según el testimonio “el ELN tomó esa zona y fue liquidando a la gente de El Topo y la fue enterrando en fosas comunes en el fundo Roraima”.

El 23 de noviembre de 2017 Luivis Alfaro le contó a su hermano que no podía regresar al fundo “y señala directamente al ELN y señala a ‘Jairo’ como el operador del ELN en la zona”. A Alfaro lo asesinaron.

Los armados “se presentan en la zona con el eslogan de que el ELN vino a acabar con el malandreo, y por supuesto nadie levanta su voz porque eso es a punta de pistola”, enfatizó De Grazia.

La supuesta guerra entre el ELN y los pranes es por el control del territorio y de lo que este contiene; en otras palabras, oro, diamantes y coltán. En la zona que señala el diputado hay oro, además “de otro negocio lucrativo, que es el contrabando de combustible hacia Guyana”, que “también lo administra el ELN”.

En la actualidad los pranes “en esa zona no controlan nada, fueron liquidados: los que no fueron liquidados por el ELN fueron liquidados por la Fuerza Armada”, diagnosticó el parlamentario. Esos grupos que identifica como el ELN “le responden a los ‘enchufados’, pero esos ‘enchufados’, en este caso, tienen nombre y apellido: el general Mantilla, jefe de la REDI en el estado Bolívar” y exministro de Salud.

Esos grupos “acaban de darle de baja, como le dicen ellos, a El Capitán”, un supuesto pran a quien mataron en Barlovento (Miranda), en un incidente aparentemente desconectado de la guerra minera, agregó De Grazia.

La zona minera se distribuye así: El estado Amazonas está controlado “por el ELN”, al igual que los municipios Sucre (Maripa) y Cedeño (Caicara del Orinoco) del estado Bolívar. “Estoy hablando de ríos, estoy hablando de diamantes, estoy hablando de oro, estoy hablando de coltán” pero “con modus operandi distintos”, recalcó.

-¿Cómo?

-Si usted tiene un cochano (oro en bruto), eso es negociable. Pero si tiene una piedra de coltán, ¿a quién se la vende? El mercado es distinto, porque es un mercado de alta tecnología que tiene unos compradores específicos.

 

Coltán, oro y diamantes de sangre

El coltán es considerado un mineral de valor estratégico por su uso para dispositivos electrónicos. A esta mezcla de columbita y tantalita también se la conoce como “el oro azul”.

-¿A quién le venden el coltán?

-El coltán lo sacan y lo custodia el ELN. Entiendo que llega a Colombia, Brasil y Australia, a empresas de alta tecnología, y usan Wall Marketing como mascarón de proa: es una empresa de maletín para sacar el coltán. En el caso del diamante, el procedimiento es distinto, y usan a otra empresa, otro mascarón de proa, al que Maduro le entregó a dedo la operación, no la concesión, porque la concesión debía haber pasado por la Asamblea Nacional, debería tener un estudio de impacto ambiental. Es decir, un conjunto de normas que están establecidas en la Constitución. Un protocolo. Ese protocolo no existe.

Adicionalmente “el diamante se está explotando en las minas de San Vicente de Paúl, municipio Cedeño del estado Bolívar. Esas minas también las custodia el ELN”.

Para la explotación de diamante y coltán “se supone que son las empresas las que pagan el servicio de guardia y custodia” a los irregulares colombianos, porque “ellos no tienen posibilidad de negociar directamente el material”, puntualiza. Pero con el oro y la gasolina los supuestos guerrilleros se pueden beneficiar directamente.

Igual que hay diamantes de sangre en África “hay oro de sangre y hay ahora coltán de sangre” en Venezuela, concluyó De Grazia. Lo dice porque toda la actividad que se desarrolla en el sur del país, contra la Constitución y con grupos supuestamente al margen de la ley, “ha sido a costa del etnocidio, de ir apartando a nuestros pueblos indígenas”.

En este mundo también hay normas, recordó: “La compra y venta de oro, de coltán, de diamantes está regulada en el mundo; hay reglas de comercio”.

-¿No se están cumpliendo?

-No las cumple. Ni siquiera con las estadísticas. Si tú preguntas: ¿Cuánto está produciendo Minerven? Nadie sabe. ¿Cuál es la cédula de identidad de ese oro? ¿De ese diamante?

-¿Todo lo que se está obteniendo por el arco minero del Orinoco está saliendo por esta vía ilegal?

-Lastimosamente. Todo.

Minerven, empresa del estado, es la única autorizada para la actividad minera en Bolívar. “A mí, que me desmientan”, retó el diputado.

Según De Grazia, empresas trasnacionales como Gold Reserve no sacan del país “ni un gramo de oro”, aunque “ganan dinero” porque “tienen acciones en la bolsa de Vancouver, y ganan simplemente con tener el papel”.

-¿No están operativas? ¿No están extrayendo nada?

-Ni un gramo de oro. No tienen ni un chofer. No tienen a nadie operando en la zona. Y se dice, incluso, que toda esta guerra (entre pranes y el ELN) es para despejarles el área.

La supuesta presencia del ELN en el sur del país en lo que el parlamentario define como “la guerra” contra los pranes ha dejado, al menos, “dos docenas” de víctimas reportadas por medios de comunicación. Pero “se habla de cientos”, porque habría decenas en fosas comunes.

-¿Esa guerra está todavía activa?

-Sí, y cobró una víctima de ellos. Primera vez que voy a decir esto: es el diputado Aldrin Torres del PSUV. Él fue vicepresidente del consejo legislativo regional; a él lo secuestraron, lo desaparecieron. A él y a su pareja (Rebeca Núñez).

La muerte de Torres podría formar parte “de las exigencias del ELN para controlar la zona”, planteó De Grazia.

Torres y Núñez fueron vistos con vida por última vez el pasado 1 de agosto. El exdiputado había formulado denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en Minerven y sobre el manejo del arco minero. Los cadáveres de ambos aparecieron 11 días después –con heridas por arma de fuego- en el interior de un vehículo quemado en las afueras de Ciudad Bolívar.

Oro para unos, coltán para otros

“Son falsas” las denuncias contra el supuesto “zar del oro” de El Callao, Eduardo González, que hizo el pasado 1 de noviembre el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab.

“¿Una empresa fantasma la inauguraría el presidente?”, se preguntó De Grazia, en alusión a La Vanguardia.

El pasado 23 de diciembre de 2017 el Gobierno entregó explosivos “destinados a la explotación aurífera subterránea de 23 territorios autorizados para uso minero en el estado Bolívar, por medio de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias (Cavim)”, relató la agencia estatal AVN. El acto, liderado por el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, se hizo en “la empresa Molinos La Vanguardia del municipio El Callao, donde se realizó una maniobra de voladura”, según el registro de AVN.

Por eso De Grazia pone en tela de juicio la versión oficial según la cual La Vanguardia es una supuesta “empresa fantasma” de Eduardo González. Los testimonios “nos dicen que esa mina no es de ningún González”, reiteró.

-¿De quién esa esa mina, entonces?

-De esa mina los beneficiario directos son Gustavo González López, exdirector del Sebin; y el general Antonio Benavides Torres.

-¿Usted tiene pruebas de todo eso?

-El testimonio de las víctimas que allí están, a quienes les han asesinado a sus hijos.

El diputado también nombró al constituyente Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario nacional, a quien lo responsabilizó de presuntamente operar “desde la mina de coltán” bajo custodia, supuestamente, del ELN.

-Está acusando al hijo del presidente de la República. ¿Tiene pruebas de todo esto?

-El testimonio de las víctimas. Es una cosa delicada y seria. Y esto ocurre, precisamente, porque a la Asamblea Nacional le cercenaron el derecho a interpelar a ministros y a funcionarios.

-Alguien le podría decir que todo esto forma parte de una guerra sucia contra la familia presidencial y funcionarios de la Fuerza Armada.

-Entonces destapemos las ollas. Pongamos las cartas. Cómo se llaman las concesiones. Como existe en cualquier Parlamento del mundo: cómo se llama la concesión que opera en Parhuaza y quiénes son los beneficiarios.

-¿Quién está ahora en La Vanguardia?

-La tomó la Dgcim.

Si la AN pudiese funcionar plenamente y no estuviera inutilizada por las sentencias del TSJ, confirmó De Grazia, se debería interpelar al ministro de minería ecológica, Víctor Cano; al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; al presidente Maduro y a otros personeros del Gobierno y de la constituyente.

“Hasta ahora lo que han querido es desvirtuar las denuncias acusándome de lo mismo”, pero “yo no voy a entrar en eso. Que nos digan: ¿El informe Curvelo fue investigado? ¿El informe Lezama fue investigado?”, interrogó el legislador. Preguntas, hasta ahora, sin respuesta.

 

Equipo de pensa de PuntodeCorte.com

Foto archivo.


 

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