Caracas 10 de agosto de 2019. José Ignacio Hernández, procurador especial designado por la AN, reitera que la Orden Ejecutiva 13.884 del presidente estadounidense, Donald Trump del 5 de agosto protege cualquier activo que tenga el Estado venezolano en Estados Unidos, incluida Citgo.

Este y otros temas los abordó Hernández durante una entrevista ofrecida al medio, Hispano Post.

Andrés Rojas Jiménez / Hispano Post

La Orden Ejecutiva no prohíbe que empresas en Venezuela importen bienes y servicios desde los Estados Unidos, siempre y cuando no tengan contacto alguno con el gobierno de Maduro.

-¿Por qué con esta nueva Orden Ejecutiva del presidente Trump se garantiza la protección de los activos sobre todo frente al reclamo de Crystallex y los tenedores de los bonos PDVSA 2020?

-La sección primera de la Orden Ejecutiva, en su literal A, bloquea todas las propiedades del Gobierno de Venezuela en Estados  Unidos, todas sin excepción; y luego en la sección sexta, al final establece que esa prohibición aplica mas allá de cualquier licencia que se hubiese podido otorgar en el pasado. Cuando se analiza esas dos normas, y se toma en cuenta que según el gobierno de Estados Unidos el propósito de esta Orden Ejecutiva es proteger los activos de Venezuela para que puedan ser destinados a la emergencia humanitaria compleja, es posible concluir entonces que:  primero, que todos los bienes propiedad de Venezuela sin distingo están bloqueados en Estados Unidos; segundo, por lo tanto todas las propiedades de PDVSA en Estados Unidos están bloqueadas y eso se extiende a Citgo; tercero, como consecuencia de este bloqueo no es posible vender, ceder, traspasar, gravar, ejecutar, embargar ninguno de estos activos que han sido congelados; y por último, en la medida que esta prohibición aplica sin perjuicio de lo señalado en licencias anteriores, lo razonable es concluir que la Licencia General No. 5, que permite a los tenedores del bono PDVSA 2020 tomar control de Citgo en caso de incumplimiento de ese bono, no lo podrán hacer porque ahora aplica de manera plena la prohibición establecida en la sección primera de la nueva Orden Ejecutiva. Esa es en resumen la explicación.

-¿Quiere decir que ya Crystallex y los tenedores del Bono de PDVSA 2020 no podrán solicitar el embargo de Citgo?

 -Ese es el principio general porque las propiedades están bloqueadas. Cuando se bloquean propiedades en Estados Unidos por sanciones es como si las pusieran en el congelador porque nadie puede hacer algo con esas propiedades. El único que pudiese utilizar o disponer de esas propiedades es el legítimo gobierno de Venezuela del presidente Juan Guardó.

-¿Quiere decir -como han sido todas las órdenes ejecutivas desde enero de este año- que la administración Trump solo reconoce como legitimo al gobierno de Guaidó?

-Sí, pero no solo por eso. Sino también porque se dio la Licencia General No. 31, que exceptúa al gobierno de Guaidó de esas prohibiciones, entonces en ese caso si puede hacerlo.

Con esta Orden Ejecutiva, ¿pierde sentido gestionar la solicitud de protección de activos como ocurrió con el caso de Irak?

-Yo no he cesado en mis peticiones por consolidar y reforzar esta protección de activos y no descartamos ninguna opción, ni siquiera la del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

 -¿La opción del Consejo de Seguridad de la ONU fue la que se utilizó con Irak?

-Sí. Tengo ya tiempo estudiándola. En ese caso fue el Consejo de Seguridad el que autorizó medidas o acciones en contra de Irak, y en el marco de esas medidas acordó el congelamiento de sus bienes; y ese aplicó a nivel mundial. En Venezuela, el caso no ha sido decidido por el Consejo de Seguridad, ni ha adoptado ningunas medidas en el marco de la carta de la ONU; entonces en este caso hay que explicar la diferencia entre lo que ocurrió con Irak.

 -Se le critica que no haya solicitado la medida de protección de activos.

-Lo que no entiendo es porqué se insiste en eso, cuando hemos logrado con esta Orden Ejecutiva la protección de activos. Nos habían criticado que no teníamos la Orden Ejecutivo para proteger activos, ahora que se obtuvo se cuestiona.

 -¿Considera que esas críticas no tienen sentido?

 -Sin duda. Quien propuso la idea o tuvo la tesis de una Orden Ejecutiva como solución a la crisis venezolana es Lee Buchheit en el año 2016, antes de que se comenzara a hablar de esto. Lee Buchheit es el asesor de nosotros ahora, ha venido trabajando con nosotros todo este tiempo explicando a las autoridades americanas el porqué de una orden ejecutiva. El propio Lee Buchheit, cuando salió esta orden ejecutiva dijo: Esto es lo que nosotros estábamos buscando exactamente, como es el bloqueo total y absoluto de los activos de Venezuela en Estados Unidos.

 -¿Es un embargo contra Venezuela?

-Creo que hay una desinformación de mala fe cuando se dice que es un embargo contra Venezuela. Lo que esta Orden Ejecutiva prohíbe es que una empresa tome control de activos de Venezuela, o que Maduro disponga de activos de Venezuela en Estados Unidos. Esta es la medida de protección de activos que estábamos solicitando.

 -¿Por qué esta orden ejecutiva no debe asumirse como un embargo?

-Un embargo prohíbe totalmente operaciones de importación y exportación con un país, y esta medida no prohíbe eso. Esta medida lo único que prohíbe es que empresas americanas negocien con Maduro.

 -¿Quiere decir que es falso que esta Orden Ejecutiva perjudica al sector privado como señala el discurso del gobierno de Maduro?

-Lo que ha dicho el régimen de Maduro, y quienes actúan como agentes de Maduro, es que esto es un embargo total. Por cierto, el economista Francisco Rodríguez lo ha aclarado en estos días. En todo caso, eso de que esta Orden Ejecutiva es un embargo es mentira, esto solo afecta operaciones con el gobierno de Maduro. Obviamente eso puede tener impactos negativos sobre terceros porque este tipo de sanciones genera dudas, inconvenientes prácticos, y eventualmente alguna operación podrá verse afectada. Pero mas allá de lo que pudiese ser la implementación de esas medidas, nosotros estamos trabajando para reducir los efectos al mínimo. La Orden Ejecutiva no prohíbe que empresas en Venezuela importen bienes y servicios desde los Estados Unidos, siempre y cuando no tengan contacto alguno con el gobierno de Maduro.

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