Por: Phil Gunson

El jueves 7 de marzo, alrededor de las cinco de la tarde, las luces se apagaron en Venezuela. En un par de horas, a medida que descendía la noche tropical, alrededor del 90 por ciento del país quedó sumido en la oscuridad por una falla masiva del sistema de generación y transmisión de electricidad, administrado por la empresa estatal Corpoelec.

Los venezolanos, especialmente los que viven fuera de la capital, Caracas, ya se han acostumbrado a apagones prolongados. El ministro de electricidad, un general del ejército, prometió que éste se arreglaría en «tres horas». Pero pronto quedó claro que se trataba de una emergencia nacional, que anunciaba una nueva fase más crítica de la prolongada crisis del país. En una parte de Caracas, las luces se encendieron después de 22 horas, pero pronto se apagaron de nuevo. El segundo corte de energía duró 32 horas. Después de 100 horas, muchas partes del país aún no estaban recibiendo energía, y una semana después de que se apagaran las luces, el servicio aún no se ha restaurado por completo.

La vida diaria prácticamente se paralizó mientras la gente luchaba por obtener bienes y servicios básicos. La deteriorada infraestructura inmediatamente comenzó a fallar. Los suministros de agua se secaron cuando las bombas dejaron de funcionar. La mitad de los hospitales del país no tienen generadores de respaldo: los recién nacidos ya no pueden mantenerse seguros en las incubadoras (muchos de ellos se reportaron muertos), el 95% de las máquinas de diálisis dejaron de operar y pacientes con necesidades tan diversas como oxígeno e insulina se enfrentaron a interrupciones potencialmente mortales de sus tratamientos.  Largas filas se formaron fuera de las pocas gasolineras que aún bombeaban gasolina y las autopistas se llenaron de vehículos estacionados en los pocos lugares donde había señal de teléfono móvil. Los habitantes desesperados de algunos barrios de Caracas comenzaron a recolectar agua del río Guaire, una alcantarilla abierta que atraviesa la capital. En el noroccidente, en la ciudad de Maracaibo, la furia pública por la falta de energía degeneró en un saqueo masivo que afectó a unas 500 empresas.

La información también fue efectivamente bloqueada. El gobierno suministró noticias limitadas y pocos medios de comunicación independientes han sobrevivido a las restricciones económicas, el acoso y la censura del estado. Las redes sociales y los sitios de noticias en línea hicieron esfuerzos heroicos, pero sin electricidad ni conexión a datos, la mayoría de la gente tenía que confiar en rumores y especulación.

En una economía ya devastada e hiperinflacionaria, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda principal. Un cartón de huevos podría costar US$ 4; un camión cisterna de agua, si era posible conseguirlo, US$ 150. Los billetes de bolívares son casi inútiles y extremadamente difíciles de obtener, pero los pagos con tarjeta se limitaron a aquellas tiendas con un generador. Los militares establecieron el control sobre los pocos lugares en Caracas donde un camión puede tomar agua limpia, y solo aquellos que tenían conexiones pudieron beneficiarse.  Varias fotografías circularon en línea supuestamente mostrando la entrega de agua a las casas de funcionarios prominentes. Lo que está claro es que cuando las sanciones existentes y las que vengan en el futuro surtan efecto, las condiciones de vida en Venezuela empeorarán. 

¿Una conspiración internacional?

El gobierno de inmediato denominó la situación como un «sabotaje», como lo ha hecho prácticamente con todos los grandes apagones anteriores, de los cuales ha habido docenas. A medida que las horas se extendían a días sin energía eléctrica, la culpabilidad se hizo más específica. El presidente Nicolás Maduro dijo que se debía a una combinación de guerra cibernética, un «ataque electromagnético» y un sabotaje directo de una subestación eléctrica, todo realizado por los Estados Unidos o la oposición nacional. Los expertos tenían una explicación más mundana: un incendio por debajo de las líneas eléctricas descuidadas supuestamente sobrecalentó los cables de transmisión, lo que provocó que los generadores hidroeléctricos que suministran más del 80 por ciento de la energía del país fallaran. Las centrales térmicas que podrían compensar el déficit operan a una fracción de su capacidad debido a años de negligencia y mala gestión. Los partidarios del gobierno argumentan que la dependencia de la red nacional en unas pocas fuentes hidroeléctricas se remonta al período anterior a la toma de posesión del fallecido presidente Hugo Chávez.

El gobierno no ha argumentado que el apagón fue una consecuencia de las severas sanciones que los Estados Unidos impusieron a Venezuela a fines de enero. Estas medidas, que impiden que el gobierno de Maduro se beneficie de las ventas de petróleo que anteriormente constituían su principal fuente de ingresos, se diseñaron para forzar la renuncia de Maduro para que Juan Guaidó, a quien Washington y docenas de sus aliados reconocen como el legítimo presidente interino, pudiera tomar el poder. Todavía no está claro si tendrán éxito en esta empresa; lo que está claro es que cuando las sanciones existentes y las que vengan en el futuro surtan efecto, las condiciones de vida en Venezuela empeorarán. El propósito declarado es estrangular financieramente al gobierno, y sin duda empeorarán una crisis que ya ha provocado que más de tres millones de personas emigren.

Una profunda crisis de liderazgo

El inexorable empeoramiento de la crisis humanitaria de Venezuela y el declive de sus servicios públicos bajo una política de intensificación de las sanciones de los Estados Unidos, que hasta el momento no ha logrado su objetivo principal de destituir al gobierno, hace que una solución política sea más imperativa que nunca. Pero hasta ahora ni el gobierno ni la oposición respaldada por los Estados Unidos muestran una voluntad pública de negociar una transición.

El gobierno espera que, a la oposición, que obtuvo enormes logros bajo el liderazgo de Guaidó a principios de año, se le esté acabando la gasolina. Maduro y sus aliados se enorgullecen del hecho de que la intervención militar de los Estados Unidos parece poco probable en esta etapa, debido en parte a la negativa de otros países del hemisferio a contemplarla. Y sus denuncias de sabotaje dirigidas contra la oposición están configurando una narrativa política que retrata a sus enemigos como empeñados en eliminar al gobierno sin importar el costo para el público. Una vez más, amenaza con procesar a Guaidó, desafiando las amenazas de Washington y sus aliados de consecuencias no especificas pero graves. Estados Unidos cerró su embajada y anunció que la presencia continua de sus diplomáticos era una «restricción» en su política, y que los gobiernos de Europa y América Latina están considerando medidas similares. Una razón es que les preocupa la seguridad de sus diplomáticos; ahora que los EE. UU. se han retirado, sienten que pueden ser objeto de represalias.

Mientras, la oposición insiste en su plan de tres partes para un nuevo gobierno: poner fin a la “usurpación” del poder por parte de Maduro, formar un gobierno de transición y eventualmente (quizás luego de nueve a doce meses) llevar a cabo nuevas elecciones bajo un sistema electoral reformado. Sin embargo, el plan está estancado en el primer punto, ya que Maduro no da señales de renunciar y Guaidó y sus partidarios en los EE. UU. y América Latina tampoco muestran señales de cambiar su insistencia en que lo haga.

A menos que las fuerzas armadas retiren su apoyo al presidente, lo más probable es que Maduro se mantenga en el poder. La lealtad del alto mando militar a él, ha confundido las expectativas de la oposición un tanto ingenuas sobre una rápida ruptura en las fuerzas armadas. Sin una división fundamental en el chavismo, las sanciones arriesgan con prolongar e intensificar la agonía de la población y dar un nuevo estímulo a la crisis migratoria que está agotando los recursos de los países vecinos, sobre todo de Colombia, lo que puede ser desestabilizante.

En privado, los políticos de la oposición y sus aliados extranjeros están empezando a contemplar otro camino, como supuestamente lo están haciendo también algunos oficiales del gobierno. La oposición insiste en que su objetivo principal es llevar a cabo elecciones libres y justas, pero los EE. UU. y sus aliados venezolanos dicen que estas no se pueden realizar con Maduro aún en el poder. Fuentes cercanas al gobierno sugieren que unas elecciones anticipadas bajo autoridades reformadas y con total observación internacional sería un resultado aceptable. Pero estipulan que un acuerdo en este tema no puede parecer como el resultado de la presión internacional, mucho menos de EE. UU., sobre Maduro. El gobierno también demandaría que se permita la participación de un candidato chavista en las elecciones, y que, si él o ella ganara, su victoria sea respetada por todos los países y partidos. Finalmente, exigen que las sanciones sean levantadas antes de las elecciones para que sus posibilidades no se vean significativamente mermadas.

Aunque ahora parezca difícil, un acuerdo inicial sobre unas futuras elecciones podría allanar el camino para una serie de negociaciones públicas más amplias sobre el futuro político y acuerdos económicos en Venezuela, suavizando así la probable animosidad que sienta el lado perdedor en las elecciones. Estos diálogos también servirían para persuadir a altos oficiales militares que los intereses de las fuerzas armadas en su conjunto y sus prospectos económicos personales serán protegidos adecuadamente. El ejército como institución es vital para la transición, sobre todo debido a la proliferación en las últimas dos décadas de grupos armados de todo tipo, desde bandas criminales hasta guerrilleros colombianos y paramilitares progubernamentales (los llamados «colectivos»), que han empezado a dividir el país en feudos semiautónomos. Una transición genuina incluiría la formación de una administración interina en la que la oposición, lideres progubernamentales, las fuerzas armadas y los gremios estén representados. 

Una transición genuina incluiría la formación de una administración interina en la que la oposición, lideres progubernamentales, las fuerzas armadas y los gremios estén representados. Estaría a cargo de aliviar la crisis humanitaria y estabilizar la economía mientras las sanciones son levantadas progresivamente, y el país se prepara para tener elecciones libres. La Asamblea Nacional liderada por la oposición ha empezado a elaborar un marco legal para la transición, aunque continua insistiendo en que Guaidó debería tener el poder ejecutivo en espera de las elecciones. En cualquier caso, se necesita hacer mucho más, especialmente para explicar el futuro papel de los militares, la metodología para formar un gabinete interino y las garantías genuinas para el liderazgo saliente de que el chavismo seguirá siendo una parte integral del panorama político de Venezuela. Los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales tienen un papel vital que desempeñar para llevar a las dos partes a la mesa y actuar como garantes de cualquier acuerdo.

Cómo los poderes extranjeros pueden apoyar una transición pacífica

Cualquier acuerdo para compartir el poder será extremadamente difícil de vender para los políticos de ambos lados. Uno y otro han hecho creer a sus simpatizantes que existe una solución en la que “el ganador se lo lleva todo”. Dar marcha atrás a esta posición puede causar serias disputas internas, permitiendo potencialmente al ala dura de ambos lados quebrantar la transición. Los aliados extranjeros de Maduro y Guaidó deben ayudar siendo claros en que no contemplarán ni el mantenimiento del status quo ni una intervención militar externa. En el mejor de los casos, Washington, Moscú y Pekín llegarían a un acuerdo sobre cómo la crisis debe solucionarse, -una hazaña difícil dadas las tenciones entre ellos y su distintos intereses políticos y económicos en Venezuela. La Unión Europea y su recientemente formado Grupo de Contacto tienen un rol que jugar en este proceso, así como en la elaboración de un camino hacia las negociaciones internas.

Ninguno de los involucrados, incluyendo aquellos que comienzan a ver lo inevitable de tal plan, tiene la ilusión de que este camino será fácil. Implicará muchas decisiones extremadamente difíciles y desagradables para todos los involucrados, así como concesiones sobre convicciones muy arraigadas, que solo es probable que hagan si están convencidos de que las alternativas son mucho peores. Los cortes de energía han demostrado que las perspectivas para Venezuela son extremadamente sombrías si no hay negociaciones. Todos los involucrados que tengan interés en evitar más violencia y sufrimiento en el país deben apostar decididamente al diálogo.

Tomado de International Crisis Group

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