Investigación exclusiva para PuntodeCorte.com

Por: Keymer Ávila*

@Keymer_Avila

Durante los últimos meses las políticas represivas del gobierno y el uso de cuerpos de seguridad del Estado para intereses partidistas han formado parte del debate público nacional e internacional, los excesos de grupos como la FAES de la PNB, así como de grupos parapoliciales y paramilitares utilizados para aterrorizar a la población parecen hacerse cada vez más comunes.

Es importante tratar de comprender las aguas que nos trajeron estos lodos, debemos que conocer la historia para evitar repetir los mismos errores, hay que romper con las continuidades negativas. En este texto se intenta ofrecer herramientas en procura de este objetivo**.

1.La Venezuela pre-Chávez no era Disneylandia: el chavismo como consecuencia

La historiadora Margarita López Maya explica cómo desde 1958 la “democracia” venezolana está indisolublemente vinculada al desarrollo económico y social de la población. Es a finales de los años 70 cuando se inicia para la sociedad un proceso sostenido de deterioro económico, retrocesos en importantes logros sociales, involución en la calidad de vida, así como un cierre de sus expectativas de progreso. La respuesta gubernamental fueron medidas de ajuste macroeconómico de orientación neoliberal, devaluaciones de la moneda, eliminación de los sistemas cambiarios preferenciales, liberación de precios y tasas de interés, aumento de los precios de la gasolina y de los servicios públicos, recortes a programas sociales, que trajeron como consecuencia mayor inflación, escasez de productos básicos, acaparamiento, aumento de la pobreza, que agudizaron el malestar general en el país. Las protestas populares se hacían cada vez más comunes. La violencia cotidiana, tanto social como institucional, se expandió e incrementó considerablemente respecto a las décadas anteriores. Estos “indicadores revelan el caldo de cultivo donde germinaron los procesos de crisis y transición sociopolítica de la sociedad a fines del siglo XX” (López, 2005:39).

En lo político-institucional el desprestigio de las instituciones del Estado era creciente: escándalos de corrupción en el sistema cambiario (se calcula una suma cercana a los 15 mil millones de dólares); evidente subordinación del Poder Judicial y la Fiscalía General ante el Ejecutivo; que socavaban su legitimidad. Todo apuntaba “a la debilidad de las instituciones que regulaban la vida político institucional y diaria de los venezolanos” (Ibíd.:62).

Así entonces, el actual sistema político venezolano tiene como antecedente un sistema en el que la ciudadanía no confiaba. La ciudadanía no confiaba en los partidos políticos, en las instituciones ni en el gobierno. Algunos hechos que marcan el quiebre de esta época son la masacre del Amparo de 1988, el Caracazo de 1989 y los intentos de golpe de Estado del año 1992. El sistema representativo fue puesto en tela de juicio y aumentó progresivamente la abstención electoral. Entró en crisis la democracia representativa y aparece de nuevo el pensamiento antipartidista en la opinión pública. Todo esto prepara el escenario para el “colapso electoral de los partidos políticos tradicionales en 1998, el triunfo inmediato como presidente de quien había sido el protagonista de uno de los golpes de Estado y la aprobación de la Constitución de 1999, quesustituye la democracia representativa por una democracia participativa y protagónica” (Rey, 2003).

Esta segunda etapa de la “vida democrática” venezolana estará signada por la promulgación de la nueva Constitución de 1999 que fue -desde el punto de vista simbólico y formal- el inicio de una serie de cambios políticos y sociales. Tres años más tarde, el 11 de abril de 2002 hubo un golpe de Estado en el que fue depuesto el Presidente y reinstalado 48 horas después. Posteriormente, a 8 meses del golpe, la oposición promovería la paralización de actividades de Petróleos de Venezuela, la principal empresa del país. Transcurridos dos años se celebra un referéndum revocatorio presidencial, en el que sale victorioso nuevamente el Presidente. Finalmente, en el año 2006 culmina su primer mandato y en diciembre es reelegido. A partir de este año puede distinguirse una fase distinta, en la forma de ejercer el gobierno, cuyas acciones más emblemáticas fueron el intento de reforma constitucional, la creación del nuevo partido de gobierno (Partido Socialista Unido –PSUV-) y el cese de las transmisiones del canal RCTV.

2.La Venezuela post-Chávez

A partir del año 2013 se inicia una tercera etapa, en la que se agudiza la crisis institucional y política, que confluye con problemas de diversa naturaleza: económicos, tales como la caída de los precios del petróleo y en consecuencia la reducción del PIB,  acompañada de hiperinflación y escasez general de productos, en especial de alimentos y medicinas, devaluación de la moneda, disminución de la capacidad de consumo y pobreza generalizada; políticos, que se agudizarían a partir de la muerte del Presidente Hugo Chávez ocurrida durante el primer trimestre de ese año, lo que trajo como consecuencia crisis de liderazgos, así como la pérdida de legitimidad y hegemonía formal del partido de gobierno, cuya expresión más emblemática está en la derrota electoral del 6 de diciembre de 2015, en la que, después de 18 años, la oposición retoma el dominio del Poder Legislativo. Esta victoria opositora generará una cadena de desconocimientos recíprocos entre los distintos poderes públicos que devendrá en una ola de protestas en el año 2017, la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente, la destitución de la Fiscal General de la República por parte de este ente, así como unas elecciones regionales y presidenciales que han sido cuestionadas y desconocidas por amplios sectores. Finalmente, también se afrontan problemas en materia de seguridad ciudadana (Ávila y Gan, 2018; Ávila, 2017a).

Todo este escenario se presenta como una especie de déjà vu amplificado del clima económico, político y social de la década de los 80 al que ya se ha hecho referencia, con la agravante que se viene arrastrando un proceso de deterioro institucional que no ha cesado durante todo este período. La omisión política de quienes ejercen el poder ante ese proceso es cómplice del mismo y se vincula funcionalmente con él. Pareciera que la historia reciente de Venezuela está marcada más por ciclos económicos que políticos, que giran en torno a la renta petrolera. La conservación del rentismo, como forma concreta de capitalismo en Venezuela, es una muestra más de que lo sucedido en los últimos 60 años en el país, al menos en lo económico, sugiere más continuidades negativas que rupturas. En períodos de abundancia, por altos precios del petróleo, la renta se distribuye de manera que genere mínimos consensos que garantizan la gobernabilidad de quienes tienen el poder político para administrar la industria. Cuando cesa la bonanza el sistema político entra en crisis, se deterioran seriamente las condiciones de vida de la población, especialmente la de los más pobres, lo que genera descontento y conflictos en diferentes estratos sociales, incluso dentro de sectores del mismo grupo gobernante. Ante esta situación el aparato del Estado reacciona de manera violenta en un intento de mantener el control. En la medida que se hace más violento se deslegitima más a sí mismo.

Estos contextos son similares a los que describe Mbembe (2011) de los países africanos post-coloniales, que crean condiciones para que el Estado pueda transformarse en una máquina de guerra y ejercer la necropolítica: escasez de bienes diversos (incluyendo el dinero), desabastecimiento extremo, pérdida del valor de la moneda, hiperinflación, volatilidad de los precios, venta anticipada de recursos mineros a cambio de adelantos presupuestarios, violencia generalizada, masacres. Una crisis de subsistencia tal que el valor y el precio de todas las cosas se distorsiona, incluso el de “la vida y la muerte” (2011:88).

De este modo se presenta una violencia de tipo estructural en la que la violencia institucional encuentra un ambiente fértil, razón por la cual contribuye a su mantenimiento y protección, en una relación de mutua interdependencia.

Tal como se ha explicado en otras oportunidades, es precisamente en momentos de crisis que los gobiernos suelen responder de manera más agresiva, esto se puede apreciar en diversos contextos, ya sea de manera general en la sustitución de políticas sociales por políticas penales y policiales, o de manera más específica en diferentes coyunturas nacionales, los finales de la década de los 80 y comienzos de los 90 del siglo XX sirven de ejemplo.

3.Operativos policiales militarizados, masacres y otras expresiones menos letales en la Venezuela actual

La racionalidad bélica, militar, del enemigo es la justificación de los ajusticiamientos o ejecuciones extrajudiciales, y en general de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, tal como se analizará a continuación.

En Venezuela se tienen indicadores generales en los que se puede apreciar un incremento de la violencia a partir de los años 80, que ha tenido un crecimiento sostenido desde 1998. Esto es importante tenerlo en cuenta para comprender cuál ha sido la situación de la violencia letal en el país, y cuáles han sido las respuestas institucionales hacia esa violencia. También es útil para entender por qué los problemas de seguridad ciudadana y de la militarización de la misma no nacen ni se generan a partir del año 1998. Lo que ha ocurrido a partir de esa fecha es una profundización negativa de lo que ya venía en deterioro.

La Guardia Nacional (GN), por ejemplo, está activa desde 1937 ejerciendo de facto labores de policía nacional en todo el país, es un cuerpo de naturaleza militar inspirado en la Guardia Civil Española, que también tiene este carácter y que para esa fecha estaba inmersa en el franquismo. Esta corporación fue la que impidió desde hace décadas la creación de una policía nacional de carácter civil. La militarización no solo se reduce al ejercicio de los militares en determinadas áreas (que trasciende al tema de la seguridad para abarcar la generalidad de la política, como la alimentación, las empresas del Estado, la minería, etc.), por militarización debe también comprenderse la cultura, prácticas, lógicas castrenses internalizadas y llevadas a cabo por los funcionarios públicos en general. Lo esencial es la racionalidad bélica que no respeta los límites legales e institucionales, que convierten la excepción en la regla. Cuando esto sucede las labores de seguridad ciudadana se convierten en una especie de guerra, con consecuencias fatales para cualquiera.

A pesar del proceso de reforma policial iniciado en el año 2006, la militarización de la seguridad ciudadana, así como el incremento del protagonismo de organismos militares en estas labores ha sido también progresivo, ya sea a través de normas posteriores de carácter legal o sub-legal o con políticas que se imponen de facto, tales como el DIBISE iniciado en el año 2010, el Plan Patria Segura en 2013, las OLP del año 2015, o el progresivo protagonismo de las FAES a partir de 2017.

Las intervenciones policiales excesivas y su lógica militar no son recientes en el país, ni son una característica particular y exclusiva de los últimos años. En la actualidad lo que se está presenciando es la consecuencia de décadas de tolerancia con el deterioro institucional de estas organizaciones, el avance lógicas castrenses, así como de la precariedad de sus respectivos controles.

Masacres a dos ritmos

Zaffaroni (2011) denomina masacre por goteo a las muertes que el propio sistema penal produce día a día. Es esta modalidad continua de muertes diarias que se toman como referente para explicar los saldos fatales producto de la intervención de las fuerzas de seguridad en el país. Durante el año 2017 unas 4.998 personas murieron por el uso de la fuerza estatal, es decir, que en Venezuela mueren diariamente unas 14 personas a manos de policías o militares.

En los operativos policiales militarizados el protagonismo lo tienen los “grupos tácticos” o de “acciones especiales”. Estos grupos son conformados por efectivos previamente seleccionados y entrenados en tácticas de asalto y de combate, equipados con armas y equipos especiales de índole militar, que deben intervenir solo en situaciones extremas y de alto riesgo, tales como secuestros, toma de rehenes, enfrentamientos directos con delincuentes, arrestos peligrosos, etc. Una característica común de este tipo de situaciones es que en estos casos las policías preventivas o de investigación son rebasadas en armas (tanto en calidad como en cantidad) u ocurren en lugares de difícil acceso para ellas. Estos grupos representan la máxima expresión de los criterios de intensidad y especificidad de intervención policial que se requieren ante situaciones de máxima complejidad. El problema radica en el traslado de estas situaciones de excepción a la práctica rutinaria de los cuerpos de seguridad en general, sin una rendición de cuentas posterior ni justificación de este tipo de intervenciones. Sin contar, además, el efecto de modelaje que estos grupos tienen sobre el resto de la institución de la cual forman parte, así como sobre otros cuerpos que por sus competencias no deben poseer grupos de esta naturaleza. Esta es otra manifestación de cómo la excepción se convierte en regla.

Es importante tener en cuenta que los excesos en el uso de la fuerza en el marco de operativos policiales han sido parte de una práctica institucionalizada en el país, al menos durante las últimas 5 décadas, que se han agudizado de manera progresiva con el pasar de los años. En la medida que se erosiona más la institucionalidad se incrementan los abusos y la arbitrariedad. Es por ello que para comprender el presente es fundamental tener en cuenta el pasado y considerar los contextos explicativos generales de este fenómeno en el país.

Al analizar las informaciones y fuentes disponibles puede apreciarse que todas indican una tendencia al aumento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Esta tendencia se hace más abrupta y acelerada a partir del año 2013, y presenta grandes saltos en 2015 y 2016. Estos últimos 2 años merecen una mención aparte. Llama la atención cómo aumentan las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, así como el porcentaje que éstas ocupan dentro del total de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

También pueden observarse algunas correspondencias entre el aumento de las violaciones en general a los derechos humanos (lesiones, violación de domicilio, tortura, privación ilegítima de libertad, acoso u hostigamiento, desaparición forzada) y las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Finalmente, toda esta violencia también se expresa en masacres propiamente dichas, el año 2016 fue emblemático con los casos de Tumeremo, Barlovento y Cariaco.

Los altos niveles de letalidad descritos están destinados para las clases populares, para los sujetos incluidos que resulten molestos, pertenecientes a capas medias y altas se tienen otras modalidades, menos letales, pero también violatorias de sus derechos civiles: detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos ilegales, procesamientos en jurisdicción militar, etc.

REFLEXIONES FINALES

En Venezuela se encuentra en marcha un proceso de precarización y deterioro institucional en términos de la posibilidad de un ejercicio del poder controlado, con límites formales y materiales que le sirvan de contención. Esta debilidad institucional promovida por décadas ha generado cada vez mayores niveles de autonomía del aparato militar y policial que establece relaciones funcionales recíprocas con quienes ejercen coyunturalmente el gobierno.

Los gobiernos, bandos, actores, discursos partidistas y legislaciones, han cambiado, pero las prácticas y los patrones parecen ser los mismos, con el tiempo solo incrementa su intensidad y magnitud. Se trata más de una lógica subyacente del ejercicio arbitrario del poder, que de proyectos políticos ideológicos o de país. Esto trasciende a posiciones ideológicas y partidistas, de izquierdas o derechas, liberales o conservadoras. Esta tendencia al incremento del deterioro institucional, de los abusos, excesos, ausencia de controles internos y externos, y especialmente de la letalidad de los cuerpos de seguridad, es útil a quienes detentan provisionalmente el poder político en términos de intereses grupales y personales, de la obtención inmediata de beneficios privados en estos niveles.

Las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado son un indicador objetivo de este proceso. A menor fortaleza institucional mayores serán las muertes ocasionadas por las agencias armadas del Estado. Las precarias condiciones de la vida cotidiana son uno de los factores que aceleran estos procesos de deterioro institucional, pero no el único. Puede observarse desde el año 1976 algunas correspondencias entre la tendencia al aumento de las violaciones en general a los derechos humanos y las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Las fuentes oficiales y las no oficiales coinciden en el aumento de estas muertes durante los últimos años. Este tipo de muertes tienen relación con los homicidios en general. La violencia institucional impacta negativamente sobre la violencia social y delictiva. El aumento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado influye en el comportamiento de los homicidios. Ambos fenómenos tienen en Venezuela una tendencia general al aumento.

Ya se ha señalado en otros espacios, esta violencia institucional letal e ilimitada, en contextos de crisis de legitimidad, tiene, al menos, 3 funciones latentes: 1) Legitimar simbólicamente a las autoridades a través de campañas épicas, en ocasiones de seguridad ciudadana y lucha contra el delito (nacionalismo interno donde el enemigo es el delincuente), en otras de resguardo de los intereses nacionales y de la patria (donde se lucha contra enemigos internos y externos), en todos los casos el enemigo puede ser cualquiera; 2) Rentabilidad política y económica para el aparato militar y policial que se hace cada vez más influyente y necesario para el gobierno, lo que los hace más autónomos y arbitrarios; 3) Mensaje despótico: no existen límites en el ejercicio del poder por parte de militares y policías, se impone la fuerza y la razón de Estado. Los límites que las leyes deben imponerle al poder político, militar, policial y punitivo se desvanecen. Llegando a manifestaciones extremas de poder como disponer de la vida y muerte de las personas sin ningún tipo de consecuencia. Estas parecen ser las bases de lo que parece ser una nueva fase evolutiva del Estado venezolano, sin que deje de ser lo que en esencia ha sido, sería una especie de mutación del mismo ente. Más que un cambio sustancial lo que se observan son las consecuencias de la profundización de la crisis de un modelo económico rentístico-extractivista, y de la precariedad institucional violenta, arbitraria, discrecional, que le sirve como forma política.

Para leer la investigación que le sirve de base a este artículo consultar aquí

* Investigador del Instituto de Ciencias Penales, Profesor de Criminología en Pre y Postgrado en la Universidad Central de Venezuela. Colaborador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

** La presente es un resumen del artículo “Estado de excepción y necropolítica como marco de los operativos policiales en Venezuela” publicado en la Revista Crítica Penal y Poder de la Universitat de Barcelona.

Puede consultar otras investigaciones realizadas por el Autor, haciendo click aquí

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