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MDI SE PRONUNCIA CONTRA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y EL MECANISMO DE SILENCIAMIENTO SOBRE EL PUEBLO VENEZOLANO.

MDI SE PRONUNCIA CONTRA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y EL MECANISMO DE SILENCIAMIENTO SOBRE EL PUEBLO VENEZOLANO.

Caracas, 24 de agosto de 2017. A continuación remitimos el comunicado del Movimiento por la Democracia y la Inclusión más reciente.

MOVIMIENTO POR LA DEMOCRACIA Y LA INCLUSIÓN MDI, SE PRONUNCIA CONTRA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y EL MECANISMO DE SILENCIAMIENTO SOBRE EL PUEBLO VENEZOLANO.

 

A partir de la instalación, el pasado 4 de agosto del año en curso, de la Asamblea Nacional Constituyente ANC, caracterizada por ser ilegítima al no haber surgido de la soberanía popular mediante su consulta, sino, por el contrario, de una imposición con rasgos neototalitarios, se ha recrudecido en el país –como parte de la política gubernamental– un proceso sistemático y focalizado de persecución política, intimidación y silenciamiento del disidente, a través de la implantación del miedo sobre el pueblo venezolano que heroicamente resiste la disolución del estado de derecho. Con ello, se está transgrediendo la naturaleza del cómo y para qué fue creada la figura de la ANC según la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 347: El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En el ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

De esta manera se pretende instalar un poder de facto dictatorial y neototalitario, cuyos resultados hasta son desconocidos por los propios “constituyentes proclamados” lo cual demuestra la estafa electoral de un órgano impuesto por un voto sectorizado y corporativo, que rompe no sólo con la doctrina universalmente aceptada de “un elector es igual a un voto”, sino que además pretende erigirse con características “plenipotenciarias y supraconstitucionales”, que exima al gobierno de las responsabilidades que causan grandes penurias y afectan de manera directa al pueblo y al venezolano de a pie, quien actualmente y con grandes dificultades intenta sobrevivir con su trabajo.

Estas manifestaciones neototalitarias, por parte del gobierno del Nicolás Maduro Moros, se han materializado en las siguientes acciones:

  • 01/08/2017: A las 24 horas después de las elecciones comiciales de la ANC, el dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y el militante del partido Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, son nuevamente recluidos en la cárcel de Ramo Verde por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), violando así la medida humanitaria de casa por cárcel que le fuere otorgada pocos días antes.
  • 05/08/2017: Durante la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente se ratificó y modificó la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –en abierta violación de las atribuciones propias del mismo TSJ– con la cual la ANC asumió las atribuciones de remoción e inhabilitación política para el ejercicio de cargos públicos, removiendo inmediatamente a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y dictando la barbarie de ordenar que fueran enajenados sus bienes y congelar sus cuentas personales.
  • 06/08/2017: Se hizo pública la sentencia de inhabilitación política en contra del luchador social comprometido con las causas populares, prominente líder político y ex alcalde de la ciudad de El Tigre en el estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima Luiggi.
  • 08/08/2017: Se dicta orden de detención y privación de libertad por 15 meses, además de su inhabilitación política por “falta absoluta”, en contra del alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, militante del partido de Primero Justicia.
  • 08/08/2017: Es retirado en extrañas y desconocidas circunstancias de la cárcel de Ramo Verde el ex ministro de la Defensa durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, General Raúl Isaías Baduel, sin que hasta la fecha se conozca públicamente su paradero. Tal hecho ha sido denunciado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
  • 09/08/2017: Se dicta la orden de detención y privación de libertad por 15 meses, además de su inhabilitación política por “falta absoluta”, en contra del alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, militante del partido opositor Voluntad Popular. Adicionalmente, se ha denunciado en los medios que el TSJ tiene una lista de aproximadamente 15 líderes de la oposición a los que se les pretende aplicar la misma sanción.
  • 09//08/2017: Detención arbitraria del líder del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI), presidente de Fundisur, humanista, revolucionario, bolivariano y ex diputado del Consejo Legislativo Regional del estado Anzoátegui, Giovanni Urbaneja, violándole sus derechos por parte de la juez segunda II de control, y coordinadora del circuito penal de El Tigre, Lilian Pérez Pino, seis días antes, sobre la cual recae una denuncia realizada por el luchador social, ahora detenido. A los pocos días Giovanni Urbaneja es dado en libertad plena sin poderse imputar ningún cargo, demostrándose la arbitrariedad de su detención.
  • 16/08/2017: El “constituyente” Diosdado Cabello anuncia la puesta en práctica del operativo “Tun Tun” en su espacio televisivo –suerte de show mediático titulado, “Con el Mazo Dando”; con la finalidad de amedrentar al pueblo venezolano infundiéndole temor permanente a quienes se atrevan a exigir la restauración de la democracia y la retoma del hilo constitucional.

Dentro del marco del mencionado operativo “Tun Tun”, el pasado 16 de agosto, en horas de la noche, el politólogo, psicólogo social, director del medio de comunicación digital Punto de Corte, líder nacional de MDI, de la izquierda democrática, revolucionario y bolivariano Nicmer Evans, recibió una llamada de alguien que se identificó como el “comisario Damián”, quien le indicó que irían hasta su vivienda. Ante la inminencia del acto, Evans preguntó si tenía una orden de allanamiento o de detención en su contra, recibiendo como respuesta un indeterminado “es posible”, es decir, sin afirmar ni negar, provocando angustia y zozobra entre los miembros de la familia de Evans. En escasos minutos,  arribaron a los alrededores del edificio donde habita Nicmer Evans,  en un sector de clase media, 5 unidades con 12 funcionarios del Sebin (algunos de ellos encapuchados) y una ambulancia. Sin tocar el intercomunicador se presentaron hasta el apartamento 3 oficiales, quienes interpelaron a Evans sobre si había tenido contacto y,  sí conocía el paradero del diputado de la Asamblea Nacional Germán Ferrer, ante lo cual Evans respondió negativamente mientras les increpaba, a propósito de los comentarios proferidos por el funcionario policial, que él –al igual que ellos– se consideraba un hombre de izquierda y bolivariano, y como la mayoría de la gente en este país, intenta sobrevivir honradamente de su trabajo. Además se atrevió a invitarlos a reflexionar sobre sus acciones, sobre sus modus operandi y de quienes siguen órdenes, y si se justifica el operativo “Tun Tun” sobre quienes se lo están aplicando.

  • 17/08/2017: La “constituyente” informa a la opinión pública la orden de detención dictada por el TSJ –generada el mismo día-, amparándose para esto en la solicitud que le hiciera el recién nombrado “fiscal”, Tarek William Saab, contra el diputado a la Asamblea Nacional Germán. Dicha orden se emite violando el procedimiento legal previsto en materia penal y administrativa, pues no se realizó el obligatorio antejuicio de mérito y se determinó arbitrariamente que el diputado había sido “descubierto” en flagrancia, acusándolo de corrupción, enriquecimiento indebido, legitimación de capitales, asociación para delinquir y extorsión.

 

Aunado con la persecución de actores políticos, se busca también eliminar uno de los principios esenciales de la denominada Democracia Participativa y Protagónica como lo es el pluralismo político, el cual está consagrado en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo2: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el PLURALISMO POLÍTICO.

Además de la sistemática y focalizada persecución de la disidencia política, la ANC ha dictado otras medidas con el objeto de extender la política del sometimiento y el temor al pueblo y al ciudadano de a pie en Venezuela:

  • La situación económica se agudiza cada día, afectando de manera muy negativa la cotidianidad de la gente que vive dignamente de su trabajo, como consecuencia del chantaje sobre los medios mínimos de subsistencia. Entre los factores que agudizan esta situación están: El llamado cambio Dicom, cuya tasa oficial en Bs.  2.970; El 45% del efectivo desaparece, a pesar de la excesiva impresión de billetes (dinero inorgánico) y la supuesta circulación del nuevo “cono monetario” traído de Europ; La inflación aumenta más de 20% mensual en los últimos meses, agravando las condiciones económicas y sociales del pueblo trabajador; Ningún salario de la gran mayoría de los venezolanos alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio. Todo esto pone en evidencia que a través de una fraudulenta constituyente, la cual no cuenta con el consenso de la población, no se logra construir la paz y, menos poder mejorar la economía nacional.
  • 08/08/217: La “constituyente” con la aprobación de la mal llamada “comisión de la verdad, justicia y paz”, introduce la figura de “carta de buena conducta” con la cual se podrá conculcar el derecho a la libre escogencia de candidatos para las elecciones regionales. Con semejante medida se limitan las opciones de voto de los ciudadanos y,  se allana el camino para seguir “entubando” el voto, o, peor aún, se incita a la abstención al impedir el pluralismo político, por cuanto esa “carta de buena conducta” no es otra cosa que un instrumento de intimidación dirigido a aquellos candidatos que se oponen al gobierno de Maduro; verbigracia, tanto para quienes se oponen al proceso bolivariano como para los autodenominados chavistas críticos. Lo irónico es imaginar quiénes serán los responsables de otorgar dichas “cartas de buena conducta” y bajo cuáles condiciones lo harán, ya que muchos de los candidatos por parte del gobierno sostienen un discurso de intolerancia, incitación al odio y promotor de la violencia.
  • 12/08/2017: La ANC se atribuye las competencias reservadas exclusivamente a la Asamblea Nacional, y usurpa determinadas funciones del Consejo Nacional Electoral, al ratificar a los actuales rectores y, ordenar el adelanto de las elecciones a gobernadores para el venidero mes de octubre. Además se atreve a solicitarles el listado de los candidatos propuestos por los distintos partidos, con el fin de evaluar quienes “cumplen” con las exigencias previstas en la “carta de buena conducta” antes referida.
  • 19/08/2017: Nuevamente usurpando funciones propias del TSJ y violando la normativa legal vigente, la ANC de facto determina que los privados de libertad que han protagonizado manifestaciones y llevado a cabo distintas protestas en los últimos 130 días, serán clasificados para ser atendidos por la recién conformada “comisión de la verdad” que preside la misma “presidenta” de la ilegítima ANC.

 

Como puede constatarse, la “constituyente” busca no solo ocultar la ingobernabilidad, bradifrenia, deficiencia, mediocridad, sectarismo, y corrupción institucional del gobierno de Nicolás Maduro Moros,  mediante la represión, la persecución, la intimidación y la extorsión, sino que erigiéndose como un suprapoder también pretende ejercer las funciones privativas del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional; sin obviar el excesivo centralismo que ejerce en contra de las entidades federales, es decir, contra gobernaciones y alcaldías que no están bajo el control del partido oficialista. En consecuencia, su intención velada es quebrantar la voluntad de cambio del venezolano infundiéndole terror, incentivando la desesperanza y propiciando la desmovilización del activismo político y social, dando así al traste con el planteamiento de la Democracia Participativa y Protagónica.

Por lo anterior, y en reconocimiento de lo que la vigente Constitución de la República Bolivariana expresa como sus principios fundamentales, enmarcados estos en la construcción y defensa de la Democracia Participativa y Protagónica y cuyo mandato constituye el origen del proceso revolucionario, el Movimiento por la Democracia y la Inclusión MDI, en su compromiso firme y permanente con la defensa por los derechos del pueblo y la ciudadanía venezolana, exhorta de manera imperativa a todos los Poderes:

  • Restablecer de manera inmediata el Estado de Derecho en Venezuela restableciendo el orden jurídico y respetando la división y autonomía de los Poderes Públicos. Si bien el artículo 349 de la Carta Magna señala que los Poderes del Estado constituidos no podrán impedir las decisiones emanadas de una ANC en funciones, que tal como se indicó antes se refieren a transformar el Estado, cambiar el ordenamiento jurídico y como resultado de este último redactar una nueva Constitución, ello no implica que tales poderes deban supeditarse de manera absoluta a los dictámenes de la ANC que además es de facto, menos en las materias que no le corresponde hacerlo. Por consiguiente, se impone también respetar las competencias y atribuciones del CNE, del TSJ y de la AN, así como la debida restitución de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, de quien si se demostrare que tiene alguna responsabilidad de índole penal, debería presumirse su inocencia y ser juzgada –como cualquier otro ciudadano venezolano– en el marco de un proceso judicial no viciado, transparente e imparcial hasta que se demuestre su culpabilidad.
  • Permitir y respetar el pluralismo político a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, poniendo fin a las persecuciones arbitrarias –las cuales van desde detenciones, inhabilitaciones, pasando por amedrentamientos e intimidaciones– de actores políticos que adversan el régimen de gobierno que Nicolás Maduro Moros quiere imponerle al país.
  • Dar fe de vida de manera inmediata sobre el General Raúl Isaías Baduel a todo el pueblo venezolano, sus familiares, allegado y abogados.
  • Eliminar de manera inmediata los operativos que socavan la tranquilidad de muchas familias venezolanas como el denominado “Tun Tun”.
  • Cese del cierre de emisoras e incautación de equipos de radio y Audio visual acusándolas falsamente de “clandestinas”  contraviniendo el art. 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el Estado de Derecho que rige una nación democrática con respecto a la libre expresión de pensamiento y ejercicio de la comunicación como Derecho Humano, sin obviar se solicite investigación por instituciones del Poder Ciudadano si, como consecuencia de esos atropellos, se han generado responsabilidades penales, civiles y administrativas por funcionarios de Conatel.
  • Revertir inmediatamente el proceso de intimidación y terror dirigido a influir en la psique del colectivo venezolano, permitiéndole que recupere su confianza, seguridad, tranquilidad y autoestima. Requisito indispensable e irrenunciable para poder cristalizar en la realidad concreta un auténtico y genuino sistema de Democracia Participativa y Protagónica.
  • Dejar de utilizar la figura de la ANC ilegitima para realizar “actos constituyentes” que no están establecidos en ninguna parte de nuestra Carta Magna. Tratando de eximirse el presidente Nicolás Maduro Moros y los que lo rodean de la responsabilidad sobre acciones que son violatorias de derechos humanos y de cualquier Estado de Derecho en un Sistema Democrático. Incluso a derogar esta ANC que no se generó de los poderes creadores del pueblo y que no tiene sentido de existir.

Por todo lo anterior, el Movimiento por la Democracia y la Inclusión MDI propone con firmeza y sin miedo un espacio para la defensa del sentido de libertad necesario, junto al pueblo y el ciudadano común que vive dignamente de su trabajo, con el fin de que logremos participar de manera verdaderamente protagónica en la transformación de nuestra realidad política, económica y social.

 

DEMOS TODOS UN PASO AL FRENTE  POR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA Y LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999

 

Suscrito por los voceros del Movimiento por la Democracia y la Inclusión MDI.

 

ESTADO ZULIA: Carlos Escobar.

ESTADO CARABOBO: Andy Nieves.

Wilmer López.

ESTADO ANZOÁTEGUI: Giovanni Urbaneja.

Ernesto Paraqueima.

ESTADO NUEVA ESPARTA: Javier Antonio Vivas Santana.

ESTADO TÁCHIRA: Hubert Ávila Alarcón.

ESTADO FALCÓN: Nelson Urbina Villamizar.

ESTADO AMAZONAS: Nestor Villamizar.

ESTADO MIRANDA: Álvaro Herrera.

Ángel Godoy.

LA GRAN CARACAS: Pavel Mudarra.

María Cristina Berrizbeitia.

María Suárez.

VOCERO NACIONAL: Nicmer Evans

 

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