(Caracas, 26 de febrero de 2018).- Los anuncios hechos por la oligarquía madurista acerca de la segura convocatoria a elecciones legislativas generales ya no el 22 de abril pero sí inmediatamente después, indican su desprecio por la norma… cuando no beneficia a sus propósitos de poder absoluto, claro. Se trata de un atropello, un abuso de poder por parte de quienes creen que la república les pertenece. Se trata de un paso más en esta peligrosa deriva totalitaria del régimen autoritario. Se demuestra así que para el partido/Estado las instituciones son meros instrumentos de dominación que se usan no para resguardar los derechos de todos, sino para perpetuar y ahondar su poder sobre la sociedad y las personas.

Cortar el período constitucional de la Asamblea Nacional sin consultar al pueblo mediante referendos revocatorios de sus integrantes o al menos consultivo, constituye la consumación de un golpe de Estado progresivo iniciado con la elección inconstitucional de una espuria Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución de la República aprobada mediante referendo popular en 1999, no puede ser violentada por ningún órgano del Estado aunque se diga que es plenipotenciario como afirma la oligarquía madurista de la ANC. Ni siquiera una Constituyente constitucionalmente electa puede hacerlo: sólo puede, dentro del marco normativo que el texto constitucional impone, reformarla o incluso redactar el proyecto de una nueva, en cuyo caso tanto la reforma como el proyecto de nueva Constitución sólo tendrían eventual vigencia cuando sean sancionados por el pueblo soberano mediante referendo. El principio es sencillo: la Constitución debe ser respetada, incluso para cambiarla, más aún si como ésta ofrece un amplio abanico de modalidades de participación y de democracia directa.

Es evidente el propósito de la oligarquía madurista de echarle mano a todo el poder en una práctica claramente dictatorial de “caída y mesa limpia”, lo que conducirá a resoluciones de mayor violencia política: luce como si el sector más extremista del madurismo, que quiere resolver la crisis política a través de la violencia, hubiese terminado por imponerse. Y si además este grotesco episodio es, como aseguran muchos, la expresión de esa soterrada lucha entre Maduro y Cabello por la hegemonía a lo interno del madurismo usando a las instituciones del Estado como sus juguetes de guerra en una disputa agónica por el poder, todo sería doblemente vergonzoso. Somos Venezuela, esa insólita y desembozada estructura clientelar que une la sistematización tecnológica de la miseria con el uso cruel del hambre a cambio del voto, es buena expresión de cuanto decimos.

Si se quiere conjurar una mayor intensidad en el desbarrancadero de la crisis política nacional, los comicios presidenciales deberían ser pospuestos para el mes de julio, si es que somos sensatos. Y las partes: gobierno, oposición/MUD, chavismo democrático y factores de la otra oposición más allá de los partidos, deben reinstalar la mesa de diálogo y negociación pero sobre nuevas bases, amplias e inclusivas, para encontrar un acuerdo electoral mínimo de consenso en cuanto a calendario y condiciones que evite el “choque de trenes” al que algunos quieren conducirnos, con el alto costo que puede tener en vidas humanas y en términos incluso de soberanía nacional.

Desde JUNTOS La Venezuela que viene decimos: Aún estamos a tiempo de impedir que la violencia política se enseñoree sobre esta tierra de gracia. Se requiere de un nuevo espíritu, de buena voluntad, y de amor por la patria. Sólo la reconciliación entre los hermanos de una misma nación podrá permitirnos encarar el futuro con alguna probabilidad de éxito. JUNTOS quiere contribuir a esa tarea histórica.

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