Caracas 09 de abril de 2018-. El presidente del TSJ, Maikel Moreno, recibió el título de «Embajador del Diálogo y la Paz» de las manos del rector de la Ucsar (Universidad Católica Santa Rosa), Carlos Alberto Boully Gómez, luego que se considerase su «arduo trabajo nacional e internacional en pro de contribuir a la estabilidad democrática y social del país«.

En el acto el rector Boully destacó las labores de Moreno en beneficio de la República «irradiando saber y creatividad«. Asimismo, resaltó el «enorme esfuerzo por la búsqueda de la verdad al dar el ejemplo promoviendo el diálogo y la paz«.

Para los amnésicos selectivos, recordamos… 

En febrero de 2017 terminó la pelea por la presidencia del máximo ente judicial del país entre Gladys Gutiérrez (la entonces presidente de la Sala Constitucional) y Maikel Moreno (para ese momento presidente de la Sala Penal). La designación se dio en los días de asueto de Carnaval en Venezuela, lejos de ser colorido y festivo, distrajo la atención de su nombramiento.

En el gremio de abogados se hizo el secreto a voces. Moreno, para el momento de su nombramiento, poseía doble nacionalidad, siendo la segunda norteamericana. El 11 de abril del 2012 contrajo matrimonio con la cubanoamericana Belkis Coralito Gachassin-Lafite. Asumir el cargo en su condición representa y una violación al artículo 263 de la constitución que reza textualmente “debe tener nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad”.

Dato prensa rosa: En junio del 2014 se divorció y contrajo matrimonio con la modelo, presentadora de televisón y Miss Venezuela Mundo 2014, Debora Menicucci, 26 años menor que él.

No nos quedamos aquí. Con información y documentos disponibles, El Nuevo Herald, aseguró que Moreno dejó registradas un par de direcciones como lugar de residencia en el sur de Florida, incluyendo las ciudades de Doral y Medley. Disponía de un número de teléfono registrado a su nombre en Miami, pero no contaba con licencia de conducir.

La periodista Patricia Andrade, presidenta de la ONG  Venezuela Awareness, que vela por la preservación de los derechos humanos en Venezuela, calificó al ‘Emabajador de diálogo y paz de la Uscar‘ como «verdadero verdugo». También declaró que «En más de un caso él se ha salido de sus funciones para asegurarse de que los acusados, por temas políticos, reciban sentencias mucho más duras«.

Seguimos… El Impulso recuerda que en 1987 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Moreno de quien fue escolta y posteriormente acusado y sentenciado tras demostrarse su responsabilidad -junto a otros dos hombres- en un homicidio en Ciudad Bolívar.

Dos años después saltó a la palestra nuevamente. Por un beneficio procesal en 1989 salió en libertad y volvió a la policía política -Disip, actual Sebin-. Según el expediente 552755 Moreno estuvo vinculado en el asesinato de Rubén Gil Márquez, en esa oportunidad en Parque Central – Caracas.

Un año después obtuvo un segundo beneficio procesal y salió en libertad. No volvió a la policía política, sino que trabajó como secretario de un juzgado en Caracas y estudió derecho en la Universidad Santa María, allí obtuvo el título de Abogado en 1995.

En 2002 el ex-magistrado y prófugo de la justicia, Luis Velázquez Alvaray, denunció a Moreno de ser miembro de la banda “Los Enanos”,  tratándose de una ‘tribu judicial‘, cuya investigación -supuestamente emprendida- por la Fiscal General de la República de ese momento: Luisa Ortega Díaz. Moreno también participó como juez en uno de los casos más sonados de Venezuela, el asesinato del fiscal Danilo Anderson.

Su nombre aparece en las actas de entrevista a los amigos de Anderson –del 15 de agosto de 2005- en el que cuentan cómo se repartieron el dinero extraído de la caja fuerte del fiscal, la misma noche de su muerte – 18 de noviembre de 2004-. Entonces, Moreno se desempeñaba como juez 34 de control y presidente de la sala séptima de apelaciones, según un reportaje de Runrunes publicado el 26 de noviembre de 2014.

Como juez, Moreno llevó el caso de la ex-senadora Haydeé Castillo y su esposo. Ambos procesados luego del asesinato de su hijo, el abogado Antonio López Castillo en un extraño enfrentamiento policial que respondía a la investigación del crimen de Anderson. Fueron señalados de poseer dosis del explosivo C4. Pero, nunca fue demostrado.

Impecable el historial de ahora nombrado ‘Embajador de diálogo y Paz’ de la Universidad Católica Santa Rosa…

Con información de Runrun.es, El Nuevo Herald y El Impulso.