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[Investigación PDC] Primeros apuntes sobre la actual migración venezolana. Por Keymer Ávila

[Investigación PDC] Primeros apuntes sobre la actual migración venezolana. Por Keymer Ávila

Investigación exclusiva para PuntodeCorte.com

Por: Keymer Ávila*

@Keymer_Avila

Toda la tarde estuvieron saliendo las gentes que emigraban de miedo. La sabana se llenó del disparatado movimiento de la fuga. Solos, en masa, por distintos rumbos se iban. Angustia de los hombres por salvar su dinero. Angustia de los gestos, en las voces, en los silencios. Se iban todos. Angustia de las mujeres con el racimo de sus hijos a la espalda. (…) En todas las carnes, en todos los ojos, en la profundidad de las almas, el amarillo resplandor del miedo.

Boves invadía.

Se abandonaba todo. La tierra, sembrada largos años; la vieja casa, donde era dulce estarse el tiempo ocioso. Un frío viento de muerte los arrastraba. Ansiaban estar lejos, ser transportados milagrosamente por los aires. Huían descorazonados.

Boves invadía con siete mil lanceros.

Uslar-Pietri (1931) Las lanzas coloradas.



La migración de venezolanos de los últimos años se ha convertido en un tema obligatorio que atraviesa a su vez a diversos fenómenos sociales, entre los cuales se encuentra el análisis de la violencia. Por ello he iniciado unas primeras exploraciones del tema, a continuación comparto algunas de ellas**.

Venezuela se caracterizaba hasta hace décadas por ser un país receptor de inmigrantes. Según el censo de 1960 el 15% de los habitantes de Venezuela era inmigrante. En el imaginario colectivo nacional aún se tiene presente la política promovida por el dictador Pérez Jiménez, quién producto de la bonanza petrolera en la década del 50, trató de “modernizar” al país, pero también de “blanquearlo”, de “mejorar su raza”, incentivando la inmigración de al menos 800.000 personas, muchas de ellas campesinos y trabajadores calificados de España, Italia y Portugal que huían empobrecidos después de la Segunda Guerra Mundial. Estas ideas no eran una novedad, tenían sus antecedentes en el gobierno de López Contreras de la segunda mitad de la década del 30. En contraste, se estigmatizaba la inmigración de los vecinos provenientes de Colombia, Ecuador, Perú y las Antillas, que veían en Venezuela una tierra de oportunidades. Estos roles se invertirán durante el último lustro.

A partir del año 1973 con el boom petrolero aunado a las dictaduras del cono sur hubo otra gran oleada de inmigrantes, ahora suramericanos, hacia Venezuela. Esta situación cambia con las sucesivas devaluaciones de la moneda a partir del viernes negro (1983) y la crisis socioeconómica que devino en el Caracazo (1989), que marcarán un quiebre político e institucional en el país. Luego de estos eventos es que pueden detectarse las primeras oleadas de emigrantes venezolanos. El perfil del migrante en ese momento era profesional, muchos de ellos descendientes de los europeos llegados en la década del 50.

Durante la era del chavismo en el poder, algunos sectores opositores distinguen tres oleadas migratorias: la primera entre 2002 y 2003 luego del golpe de Estado contra el Presidente Chávez y el paro petrolero; la segunda entre 2006 y 2007 con la primera reelección del Presidente Chávez; y la tercera, más grande, durante los últimos ocho años, que ha ido incrementándose en la medida que se avanza en el tiempo, especialmente a partir del año 2015. Las primeras dos generalmente mantenían el perfil del migrante de finales de los años 80, profesionales, empresarios, capas medias y altas de la sociedad. La tercera tendrá un perfil más democratizado que abarcará a toda la estructura de la sociedad venezolana, con sus respectivas representaciones proporcionales.

El cese de la redistribución de la renta petrolera que nos hacía felices

Entre los años 2008 y 2012 el discurso oficial celebraba que Venezuela se encontraba entre los primeros lugares de los países más felices del mundo, ese argumento ha desaparecido de la propaganda oficial porque la situación subjetiva y objetiva es otra. Y como la “existencia social es lo que determina su conciencia” (Marx, 1859), se considera necesario dar una breve panorámica de las condiciones socioeconómicas de la Venezuela actual, en la que se ha reducido el disfrute de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la población. Este marco aunado a la merma de derechos civiles y políticos, se constituye en factores de expulsión para su población.

A partir del año 2013 se agudiza en Venezuela una crisis institucional y política, que confluye con problemas de diversa naturaleza, el principal de ellos es el económico.

El país está atravesando una recesión y reducción sostenida de la producción petrolera que se inicia al menos tres años antes de las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Trump.

Fuente: Blomberg

Esta situación trae como consecuencia la reducción del PIB (aproximadamente en un 18%), que concurre, además, con otros fenómenos tales como:

  • Hiperinflación: según la CEPAL mientras que la tasa de inflación promedio para América Latina en 2014 era de 8,4% la de Venezuela fue de 68,5%. Tres años después, según estimaciones de la Asamblea Nacional la inflación para el año 2017 se acercó a 2.616%, ubicándola como una de las más altas del mundo. Más recientemente el FMI estimó que la inflación podría llegar a 1.000.000% a finales de año, lo que colocaría al país en condiciones similares a las de la Alemania de 1923 o al Zimbabue de finales de la década del 2000 (en este último caso hay similitudes en lo económico y en el éxodo de sus ciudadanos).
  • Escasez general de productos, en especial de alimentos y medicinas: para el año 2014 la escasez general había sido calculada por el Banco Central de Venezuela en 28%, y por ONG en 39%. En febrero de 2018, el Director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA) señaló que “existe 95% de escasez de medicamentos de alto costo y 90% de ausencia de medicinas complementarias”, lo que tiene como correlato la aparición de enfermedades que se consideraban erradicadas como: malaria, difteria, sarampión, dengue, mal de Chagas, meningitis, tétanos y tuberculosis. En cuanto a la escasez de productos agroindustriales el Coordinador de la Red Agroalimentaria y la Asociación INNOVA aseguró que ésta se ubicaba por encima del 70%.
  • Devaluación de la moneda: a partir de agosto de 2018 le eliminaron cinco ceros a la moneda. En 2007 ya le habían quitados otros tres. En un lapso de once años la moneda ha perdido 100.000.000 de veces su valor.
  • Disminución de la capacidad de consumo: el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su informe MERCOSUR N°20 de 2015 señalaban ya la caída del consumo privado (-3,3%); reducción de la actividad económica en 4%; la capacidad de importar a -17,4%, lo que afecta los procesos productivos y la satisfacción de las necesidades de consumo; la reducción de envíos a MERCOSUR llegó a un 43,7%.
  • Pobreza generalizada: ya desde 2013 el Instituto Nacional de Estadística (INE) informaba que la disminución de la pobreza que se había logrado en años anteriores se había venido revirtiendo, para ese año la pobreza se había incrementado 6 puntos. Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela, entre 2014 y 2017 se pasó de un porcentaje de pobreza por ingreso de 48,4% a 87%, la pobreza extrema creció de 23,6% a 61,2% y los no pobres pasaron de 51,6% a 13%. En el último informe anual del PNUD sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), solo Siria, Libia y Yemen, tres países con prolongadas guerras, han perdido más puestos en el IDH que Venezuela. Nuestro país ha retrocedido 16 puestos en el ranking mundial del IDH durante el período 2012-2017.
  • Progresivo deterioro en la prestación de servicios públicos básicos: como agua, electricidad, salud, transporte e internet.

Pero a la disminución de las necesidades básicas y los DESC también se suma una crisis institucional que afecta los derechos civiles y políticos. Esta crisis política se agudizaría con la muerte del Presidente Chávez ocurrida durante el primer trimestre de 2013, lo que trajo como consecuencia crisis de liderazgos en el escenario político, así como la pérdida de legitimidad y hegemonía formal del partido de gobierno, cuya expresión más reciente está en la derrota electoral del 6 de diciembre de 2015, en la que, después de 18 años, la oposición retomó el dominio del Poder Legislativo. Esta victoria opositora generará una cadena de desconocimientos recíprocos entre los distintos poderes públicos que devendrá en una ola de protestas en el año 2017, que fueron duramente reprimidas, la imposición de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, la destitución de la Fiscal General de la República por parte de este ente, así como unas elecciones regionales y presidenciales que han sido cuestionadas y desconocidas por amplios sectores.

Finalmente, se afrontan graves problemas en materia de seguridad ciudadana, con altas tasas de homicidios (62 por cada cien mil habitantes para 2017) y de violencia institucional (las muertes en manos de las fuerzas de seguridad abarcan el 26% de los homicidios en el país) que solo reproducen e incrementan un continuo ciclo de violencia estructural.

Según HRW la acumulación de estos factores basta para que una persona obtenga la condición de refugiada. Es por ello que la organización destaca lo consagrado en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, así como la resolución de marzo de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se insta a los miembros de la OEA a que adopten diversas medidas en respuesta  a la emigración de venezolanos en la región.

El uso propagandístico y la manipulación de las cifras: entre la opacidad oficial y la especulación disidente

La opacidad oficial con las cifras de lo que ocurre en el país es generalizada y abarca todas las áreas: economía, salud, políticas sociales, seguridad ciudadana, etc. La rendición de cuentas y el acceso a la información son también escasas. Esto abre espacios para la construcción de datos elaborados con metodologías diversas, en muchos casos de cuestionada rigurosidad, en otros con un marcado sesgo partidista. Si con datos sobre los que no deberían existir mayores dudas como los homicidios o los indicadores socioeconómicos no existe información fidedigna, la magnitud de las migraciones durante los últimos años también ha sido objeto de una gran manipulación propagandística de carácter partidista. Esto sin contar las dificultades que implica tratar de medir un fenómeno que en una dimensión importante se caracteriza por su informalidad, y en otra -menor- están los casos de personas que han heredado de sus padres y abuelos una segunda nacionalidad lo que les permite el ingreso a un segundo país sin mayores novedades registrales o al menos no como venezolano (como sucede especialmente en los casos de Colombia, España, Portugal e Italia). Obviamente la cantidad de extranjeros (colombianos, peruanos, ecuatorianos y españoles), que vivían en Venezuela y retornan a su país de origen es también una cifra que debería tenerse en cuenta. Es decir, que aun existiendo cifras oficiales éstas siempre estarán por debajo del fenómeno real.

El debate público estuvo en parte centrado entre cifras que oscilaban entre 2 (Páez, 2016; El País, 2017) y 4 (Consultores 21, 2018) millones de personas emigradas entre el año 2000 y 2017. Por su parte, el gobierno, como es usual, se limitaba a negar lo sucedido señalando que todo consiste en una estrategia propagandística en su contra.

No obstante, a partir el segundo trimestre de 2018 organismos internacionales han aportado datos oficiales que ofrecen una aproximación más clara de la situación.

Los datos recientes de los organismos internacionales

Elaboración propia con datos de la ONU (2018)

Para 2017 la ONU estima que 1.426.336 personas han migrado solo durante ese año. Entre el período 2000-2017 se puede apreciar un incremento en el número de migrantes de un 41%. Las cifras de la OIM son mayores, para el primer semestre de 2018 ascendía a 2.328.949, lo que representaría al menos un aumento del flujo de venezolanos de un 900% respecto al año 2015. Recientemente ambas organizaciones informaron que el número de refugiados y migrantes venezolanos alcanza los 3 millones, esta cifra representa aproximadamente al 9% de la población del país. Para tener una idea de las proporciones de lo que está sucediendo: la población migrante en toda la región representa un 4,8% de su población, y a nivel mundial el porcentaje de migrantes es de un 3,3%. Si se hacen estos contrastes podría afirmarse que la migración venezolana actualmente está por encima de los promedios regionales y mundiales.

Cuando se analizan las cifras de ACNUR, se puede observar cómo las solicitudes de asilo y refugio también han aumentado vertiginosamente entre el año 2014 y lo que va de 2018, al menos en un 4.304% (pasan de 3.975 en 2014 a 175.047 en la actualidad). Es de advertir que estas cifras solo consideran a los migrantes oficialmente registrados, es decir, subestiman la dimensión real del fenómeno, que se caracteriza por su informalidad y precariedad registral. HRW califica este éxodo de venezolanos como “la mayor crisis migratoria de este tipo en la historia reciente de América Latina”.

Fuente: ACNUR (2018)

La procesión se lleva por dentro: el vaciamiento interno de talentos, relevos y fuerza de trabajo

Como ya se ha señalado, en un primer momento la migración mayoritaria estaba compuesta de profesionales calificados, este perfil parece haberse conservado al menos hasta 2014, lo que no significa que el éxodo de profesionales haya cesado.

Para el año 2016 más de 883.000 profesionales se habían ido del país, un 90% de estos emigrantes eran universitarios, un 40% tenía maestría, un 12% doctorado y posdoctorado. Pero lo más importante es la experiencia que cada una de estas personas posee, el caso de los médicos es uno de los más emblemáticos. Las investigaciones sugieren que una tasa de emigración de recursos humanos calificados de entre 5 y 10% puede ser considerada normal o incluso beneficiosa para el crecimiento económico del país de origen, mientras que tasas mayores pueden actuar en detrimento del desarrollo del país. Lamentablemente, la emigración calificada venezolana excede en mucho ese límite.

En 2017 la deserción estudiantil fue de un 29% en la Universidad Central de Venezuela (UCV), una de las mayores de la última década, para el 2008 la universidad contaba con 47.000 estudiantes de pregrado, mientras que el año pasado registró 32.000 alumnos. Esta situación se replica en los posgrados. En el caso de las Facultades de Medicina  y Ciencias el 50% del alumnado ha abandonado la carrera, la carencia de insumos, reactivos, equipos médicos y profesores frustra la posibilidad de alcanzar el título universitario.

En cuanto a la situación de los profesores, para finales de 2015 la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV) informaba que su personal académico era de unos 2.600 docentes activos, y se necesitaban 1.500 más para cubrir el déficit. Para ese mismo año la APUCV afirmaba que 700 de los 4.000 profesores que llegaron a dar clases en la UCV habían abandonado sus cargos en los últimos 4 años. En la Universidad Simón Bolívar la plantilla académica había descendido un 18% hasta 2014, a finales del año siguiente se afirmaba que en apenas tres años de una plantilla aproximada de 700 profesores se habían ido 500. La Universidad del Zulia ha perdido aproximadamente unos 700. Actualmente las Universidades apenas reciben entre el 15% y el 18% del presupuesto que realmente necesitan.

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, ha informado que unos 1.000 investigadores de alta calificación se fueron del país en 2015 y el número en 2016 se incrementó, lo que trae una desmejora en la calidad de la educación superior y constituye una amenaza para el funcionamiento de las principales casas de estudios de Venezuela. Márquez ha expresado que “ante las pésimas condiciones hay renuncias masivas de personal formado y capacitado”. Anitza Freitez, directora del Centro de Investigaciones Sociales de la UCAB, afirma que “los profesores que están empezando no tienen perspectivas para tener un desarrollo profesional que les permita formar una familia, alquilar una vivienda o comprar un auto”. En este mismo sentido Márquez sentencia: “Hoy, docentes venezolanos buscan oportunidades en [otros] países (…), dejando una estela de cargos desiertos y sin relevo, porque ya “ser profesor universitario no es honroso” y “las universidades no son atractivas”. “¿Cómo le dices a una persona joven ¿quédate aquí dando clase?”. Benjamín Sharifker, Rector de la Universidad Metropolitana, en 2015 manifestaba su preocupación porque los profesores a tiempo completo piden su cambio de dedicación, “solamente dan clase y dejan de lado labores de investigación dentro de la universidad (…) Están buscando mayores ingresos en otras ramas del desempeño, porque el oficio no les permite el sustento de la familia”  “Quizás estemos en el peor momento que hemos vivido, de lo que significa el estatus del profesor universitario en la sociedad venezolana”.

Padilla, Torres y Michelena afirman que “no hay razones para pensar que no seguirá creciendo el número de venezolanos que emigrará en el futuro cercano. Los  motivos  que  originan  esa  «huida»  no se resolverán pronto. (…) conviene poner en práctica fórmulas que permitan, con realismo y sobre todo flexibilidad, mantener la vinculación con el capital humano que se marcha y propiciar políticas de retención y apoyo a los que han decidido quedarse.”

Un aspecto poco explorado son las tendencias partidistas de las personas con vocación a emigrar, una encuesta del año 2016 de Datincorp indicaba una polarización al respecto: un 71% de los opositores quieren irse del país, ese mismo porcentaje de seguidores del gobierno prefería quedarse. Para algunos analistas esto pudiera ser un indicio para pensar en la existencia velada de una política no oficial de emigraciones forzadas.

Más recientemente, el perfil de los migrantes se ha democratizado, ahora abarca todas las clases sociales, lo que afectará también su homogeneidad, procedimientos, vías y destinos. Inicialmente partían vía aérea para EEUU, España, Panamá o Colombia, ahora las vías se han diversificado, incluyen las fronteras terrestres con Colombia y Brasil con destino a esos países u otros como Ecuador, Perú, Chile o Argentina, otros arriesgan sus vidas en el mar para intentar llegar a las islas del Caribe. Una encuesta de Consultores 21 difundida en enero de este año indicaba que al menos el 40% de la población venezolana manifestaba deseos de emigrar a otro país. Cuando se distingue por sectores, el 55% de la clase media quiere ir a vivir al exterior, mientras que en los sectores populares este porcentaje es de un 33%. Esto tiene un impacto negativo en la fuerza de trabajo del país.

La democratización del perfil del migrante venezolano, esta extensión hacia las clases medias bajas y los más humildes, incluyendo pueblos indígenas como los Wayuu, Warao y Yukpa, ha generado una ola de reacciones negativas en los países receptores, que en otrora les tendían alfombras rojas cuando eran profesionales capacitados o turistas ávidos de pasar sus tarjetas de crédito con dólares preferenciales (pero se acabó la fiesta del “turismo cambiario[1]).

Xenofobias y discriminaciones para todos los gustos

En primer lugar está la histórica xenofobia del venezolano hacia los migrantes colombianos, peruanos, ecuatorianos y los procedentes de las Antillas, con quienes ahora se han invertido los roles. Ahora la venezolana se suma al listado de nacionalidades latinoamericanas estigmatizadas.

La que sufren los venezolanos afuera

La migración de la gente humilde es la que despierta estos sentimientos, personas que paradójicamente realizan los trabajos que no todos están dispuestos a aceptar, y que coadyuvan para que el statu quo mantenga sus comodidades y privilegios. De esta manera, los venezolanos en el exterior se proyectan como chivos expiatorios funcionales para distraer la atención de los problemas nacionales de los países receptores.

Los venezolanos no sólo son señalados de ser la causa del incremento de la inseguridad de los países receptores, también se les acusa de ser focos de todo tipo de patologías, tanto físicas como sociales. A las venezolanas las responsabilizan de ser motivo del aumento de las infidelidades y hasta de la desintegración de las familias. Cualquier suceso negativo que pase en estos países ya tiene unos perfectos responsables: los venezolanos son presentados como la encarnación del mal.

Estos discursos tienen sus consecuencias, ya se han reportado protestas y agresiones contra los migrantes venezolanos en Panamá, Perú, Brasil y Ecuador con discursos xenófobos, nacionalistas y políticamente conservadores. Se ha denunciado también la existencia de fosas comunes con restos de personas migrantes, documentado el caso de un venezolano linchado en Brasil, así como diversos asesinatos de venezolanas en México (6), Colombia (3), Ecuador (2), Panamá (2), Perú (1), Chile (1), EEUU (1), España (1) e Inglaterra (1), entre 2017 y lo que va de 2018.

De manera simultánea se dificultan los accesos, los permisos y el otorgamiento de asilos para los venezolanos en Colombia (se estima que cerca de 1 millón), Perú (se estiman más de 395.000), Ecuador (250.000), Chile (más de 84.400), Panamá (58.500), Brasil (58.000), Trinidad y Tobago (40.000), República Dominicana (25.800), Aruba (20.000), Curazao, Bonaire, EEUU (más de 72.700 casos de solicitudes de asilo venezolanos) y España (más de 40.000 sólo entre 2016 y 2017) (HRW, 2018; CIDH, 2018).

La del discurso del gobierno venezolano

Por su parte, el discurso oficial cuando no niega o minimiza la existencia del fenómeno (calificándolo como una “campaña contra el país”, un “montaje”, “fake news o “falso positivo”), señala a los emigrantes venezolanos como parte de la burguesía apátrida, conformada por gente rica o clase media, hijos de migrantes europeos, que en ocasiones se van engañados por la oposición política y terminan “lavando pocetas”; en otras, son sujetos que se llevan cuantiosas cantidades de dinero. Sin reconocer las causas que motivan tal éxodo. Tampoco asumen que en la actualidad la base social que se pretenden abrogar, los pobres, los excluidos, también se están marchando del país. De esta manera, se busca, por una parte, banalizar estos hechos; por la otra, se descalifica a quienes han decidido emigrar. Tal como sucede con otros problemas nacionales, el discurso negacionista y justificador del gobierno sobre la situación de la emigración de venezolanos ha sido la regla durante los últimos años.

Más recientemente, ante el innegable problema internacional que esta situación ha ocasionado, el gobierno responde reivindicando viejos discursos xenófobos nacionales, esgrimiendo que ha gastado cuantiosas sumas de dinero en políticas sociales para inmigrantes colombianos, ecuatorianos y peruanos, por las cuales incluso reclaman indemnización. A la xenofobia y el desprecio le responden con más xenofobia y desprecio.

Como último recurso propagandístico ha creado el “Plan Vuelta a la Patria” para facilitar el retorno de venezolanos al país, cuyo detonante principal fueron los ataques sufridos por los mismos en el estado de Roraima en Brasil, a finales del mes de agosto. Sin embargo, este incipiente plan no tiene mayor capacidad para marcar una diferencia significativa ante este fenómeno, ya que no ataca los factores generadores que lo provocan. En el caso de Perú, no llega ni al 0,05% de los venezolanos que allí se encuentran.

La rentabilidad de la “diáspora”

La explotación, la exclusión y las necesidades básicas son siempre rentables desde muchos puntos de vista. Con esta ola migratoria de venezolanos hay funcionalidades tanto políticas como económicas.

En lo político los gobernantes de los países receptores cuentan con chivos expiatorios con los cuales desviar la atención de sus respectivas agendas y problemas nacionales. Para el gobierno venezolano también es rentable políticamente, con este éxodo de personas se disminuyen considerablemente los cuadros medios que pueden hacerle una oposición activa o que puedan renovar a estos sectores, así como su participación electoral. Además la migración sirve como una válvula de escape a la tensión social que implica la crisis.

Por otra parte, se crean espacios para la captación de ingentes recursos internacionales para los gobiernos que sirven como anfitriones (al menos unos 136 millones de dólares desde finales de 2016: 95 por parte de EEUU y 40,8 por parte de la Unión Europea). En esta repartición el gobierno venezolano no ha querido quedarse por fuera, por ello ha informado que le solicitará a la ONU 500 millones de dólares para la repatriación de venezolanos. Sin perder de vista la posibilidad de poder echarle mano a las remesas.

Claro está, que las oportunidades para los negocios también caen aguas abajo, burócratas de distintos niveles cobran cientos y miles de dólares por la formalización de cualquier documento necesario para los migrantes: pasaportes, constancias de antecedentes penales, apostillas, legalización de documentos, etc. Se constituyen en una fuente de enriquecimiento para estos funcionarios. Mientras más dificultades, trabas y dilaciones tengan estos procesos, más lucrativo se hace este negocio. También las redes de tráfico de personas ven en estas circunstancias un aumento para la captación de nuevas mercancías, que se encuentran cada vez en condiciones de mayor vulnerabilidad estructural, expuestas a la explotación laboral, sexual y en general a la violencia, discriminación y xenofobia.

Finalmente, proliferan expertos, opinadores, grupos de estudio, fundaciones, ONG, que se abren camino sobre este fenómeno que promete dar de que hablar por un tiempo, posicionamiento mediático, un lugar en la agenda pública, y en consecuencia, posibilidades de financiamiento.

Los países receptores si no adoptan políticas de integración para esta oleada de migrantes estarán condenando a estos grupos humanos a circuitos de exclusión e ilegalidad, lo que podría incrementar sus problemas políticos e institucionales internos. Sus gobiernos deben tomar en cuenta las recomendaciones emitidas recientemente por ACNUR, la CIDH y HRW.

El gobierno venezolano, por su parte, debe reconocer la situación, esto se traduce en la protección de los derechos de sus conciudadanos dentro y fuera del país, lo que pasa por mejorar las condiciones internas que se constituyen en elementos expulsores de la población, así como otorgar los documentos de identidad fundamentales para su tránsito legal. Los migrantes venezolanos son doblemente invisibilizados por su gobierno, en primer lugar por las condiciones estructurales que los han forzado a emigrar; y, posteriormente, cuando no son reconocidos luego de su partida.

Mientras tanto hay que pensar creativamente cómo la sociedad venezolana pudiera tener alguna compensación por este éxodo. Las causas que motivan esta huida no son de una pronta ni de una mágica solución. Hay que buscar las maneras para que el país y su gente se mantengan vinculados, tejer redes y construir puentes entre los que se han ido y los que se quedan. Intercambios de todo tipo, más allá de lo económico o las remesas, es vital el flujo también de conocimiento, información, capacidades técnicas, creación de espacios para el encuentro y el trabajo conjunto, hay que encontrar alternativas que se puedan aprovechar en estos duros tiempos que nos toca vivir. La unión de esta multiplicidad de experiencias es necesaria para la reconstrucción del país.


* Investigador del Instituto de Ciencias Penales, Profesor de Criminología en Pre y Postgrado en la Universidad Central de Venezuela. Colaborador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

** Esta es la versión extendida de una primera entrega publicada recientemente en la página del North American Congress on Latin America (NACLA) intitulada: ¿Un éxodo venezolano? ¿Cómo podemos entender la ola de migrantes venezolanos en los últimos años?

[1] Durante los últimos 15 años existe en Venezuela un control sobre las divisas extrajeras, que ha sido una enorme fuente de corrupción y ha creado un mercado paralelo. Una versión democrática de esta corrupción que se extendió a la clase media fueron los cupos de dólares preferenciales para viajeros que existió entre los años 2003 y 2014. Durante ese período hubo personas cuyo trabajo consistía en viajar y pasar fraudulentamente las tarjetas de crédito para obtener dólares a precio oficial que luego serían vendidos en el mercado paralelo.


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