Select Page

(Opinión) ¿Quién se beneficia con el control de precios? Por Alexis Bustamante

(Opinión) ¿Quién se beneficia con el control de precios? Por Alexis Bustamante

Caracas, 8 de mayo de 2018.

Por: Alexis Bustamante*

@IOCVenezuela

Para comprender éste tema es adecuada la lectura del artículo publicado por Anabella Abadía y Carlos García Soto, publicado en el portal web de Prodavinci.com en fecha 6 de febrero de 2018 y titulado “15 años del actual control de precios: un balance”, en donde se puede apreciar un resumen cronológico de las principales leyes y decretos presentados por el ejecutivo y que han ido profundizando el control sobre los alimentos, bienes y servicios aumentando el poder del Estado y por ende mayor responsabilidad sobre consecuencias apreciables en la actualidad (mayor es el poder, mayor la responsabilidad). 

En el referido artículo se enuncian las primeras medidas como la regulación de precios de artículos de primera necesidad  (Gaceta Oficial Nro. 37.626 de 6 de febrero de 2003). Menos de una semana después, se publicaron los primeros precios máximos de venta (Gaceta Oficial Nro. 37.629 de 11 de febrero de 2003).

El 4 de mayo de 2004 se dictó la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (Gaceta Oficial Nro. 37.930) la cual derogaría la Ley de 1995. Otorgándole la competencia al Presidente de la República para declarar bienes y servicios como de primera necesidad, pero no se le otorgó competencia alguna para la fijación de sus precios.

En 2008, 2009 y 2010, se derogarían y promulgarían nuevas Leyes en materia de protección al consumidor (Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios), pero siempre manteniendo el mismo régimen previsto en la Ley de 2004.

El 18 de julio de 2011 se inicia una etapa de significativa ampliación del ámbito del sistema de control de precios, con ocasión de la promulgación de la Ley de Costos y Precios Justos (Gaceta Oficial Nro. 39.715). Con la aprobación de esta Ley, se creó la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP) para la revisión y control de los costos de producción, con el supuesto objeto de garantizar una ganancia justa y evitar la especulación. La actuación de SUNDECOP sería regulada por el Reglamento Parcial sobre la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y el Sistema Nacional Integrado de Administración y Control de Precios (Gaceta Oficial Nro. 39.802 de 17 de noviembre de 2011).

Bajo el marco de una Ley Habilitante, se deroga la Ley de Costos y Precios Justos mediante el Decreto-Ley N° 600 que dictó Ley Orgánica de Precios Justos (Gaceta Oficial Nro. 40.340 de 23 de enero de 2014). Este decreto estuvo precedido por la aplicación de controles de precios por vías de hecho en noviembre y diciembre de 2013.

La Ley Orgánica de Precios Justos estableció un margen máximo de ganancia de 30% para cualquier actor de la cadena de comercialización, y sustituyó a SUNDECOP por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), dándole un amplio conjunto de facultades para el seguimiento y control de todos los procesos de producción, distribución y comercialización del país.

La Ley Orgánica de Precios Justos fue posteriormente reformada el 19 de noviembre de 2014 (Gaceta Oficial Nro. 6.156) y el 12 de noviembre de 2015 (Gaceta Oficial Nro. 40.787). Ambas reformas se hicieron bajo la aplicación de una Ley Habilitante.

Más recientemente, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la anunciada Ley Constitucional de Precios Acordados (Gaceta Oficial Nro. 6.342 extraordinario de 22 de noviembre de 2017). 

En el mismo orden de ideas, los autores expresan lo siguiente: “Este instrumento, dictado por una ANC convocada al margen de la Constitución, mantiene una política de controles que perpetuará las distorsiones generadas por las leyes previas”.

Así mismo, los autores continúan argumentando con una serie de indicadores y estadísticas el ya evidente fracaso de dichas políticas para promover la adecuada producción, abastecimiento y distribución de los productos, bienes y servicios que la sociedad demanda. Ahora a partir de ello se debe analizar el ¿por qué? Se fracasó, una pregunta que le permite al gobierno y a los que ejecutan la política (las instituciones), excusarse como evidentemente ha ocurrido una y otra vez adjudicándole la responsabilidad a otros y permitiendole al gobierno continuar en la misma dirección.

Para resumir, el gobierno continúa con un proceso que para ellos es el deseado (planificado) y que sería un error reconocer su propia responsabilidad o dirigido a la auto crítica.  Algunos teóricos enunciarían el discurso de Hugo Chávez en el 2012 denominado “Golpe de Timón” el cual pudiera ser recordado como el primero y último llamado “sensato” a la reflexión o para invocar un cambio de dirección de la política nacional, pero debemos recordar también, ¡por casualidad! que fue ese el año en el que por su enfermedad se trasladó a Cuba y no regresó.

Ahora, se hace necesario realizarnos otra pregunta y justificar los motivos de este razonamiento discursivo, ¿cuál es el propósito de continuar con esos controles?, unos controles que han restado progresivamente las libertades del sector privado, en lo particular en la producción de alimentos, bienes y servicios, asumiendo por imposición o mecanismos aparentemente erráticos y con escasa planificación a través de expropiaciones y políticas públicas que fortalecen el modelo rentista como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) iniciada el 3 de abril de 2016, entregando los recursos y la responsabilidad a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como se plantea en la promulgación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano a través de la Gaceta Oficial N° 40.941 y el Decreto N° 2.367 de la Presidencia de la República, publicada el 11 de julio de 2016, que absorbe a su vez a los CLAP. 

De igual manera, la asignación de militares como responsables de los ministerios del área de alimentación, como ha ocurrido en las otras carteras como característica propia del modelo militarista. Por ello, debemos hacer énfasis en las atribuciones conferidas al Estado a partir de su puesta en marcha, en donde figura el ciudadano Nicolás Maduro y Gral Vladimir Padrino López, como responsables de lo agroalimentario, farmacéutico e industrial, representando un complemento a los controles anteriormente señalados y que a su vez amplia sus obligaciones en lo concerniente al resguardo, supervisión directa y seguimiento a la producción y sistemas de distribución de los alimentos, medicinas y productos básicos.

En el mismo orden de ideas, se puede señalar que dicha ley, cargada de retórica y de promesas no cumplidas asegura ser el mecanismo para “erradicar los problemas de un modelo capitalista y de la economía rentista, tales como: el acaparamiento; la especulación; el contrabando; el bajo rendimiento productivo y el sistema distributivo de los alimentos”.

En el mismo orden de ideas, afirmé anteriormente que los CLAP han profundizado el modelo rentista, una aseveración que pocos se atreverían a cuestionar, reconociendo que los artículos que contiene la “caja” en su gran mayoría son importados y poco, casi nula, ha sido su sustitución por productos nacionales; una dotación subsidiada pues se amparan en las divisas de la renta petrolera, mientras a las empresas extranjeras les pagan con el producto de esa renta, estimulando su crecimiento, rentabilidad, producción y por supuesto al sector laboral en esos países. 

En otras palabras, el gobierno a través de la renta petrolera obtiene un bien que es aprovechado para profundizar en el populismo ofreciendo a precios desfasados e irreales un producto que no pudiera adquirir por otros medios que no sea “a través del papá Estado” en un proceso planificado de subyugación, sin argumentar en esta ocasión la caída del poder adquisitivo y los salarios irrisorios que forman parte de ese proceso pero que debe ser analizado de manera particular. 

¡Entonces!, ¿De quien es la culpa?, Muchos se hacen esta pregunta cuando empiezan a darse cuenta del nivel de deterioro social, escases de alimentos, medicinas y productos básicos así como otros necesarios para el avance del país… Será que “la culpa es de la vaca” como el cuento cuyo libro lleva ese nombre, de Jaime Lopera y Marta Bernal. Bueno, para esta pregunta el gobierno ya ha fijado posición, argumentando que se debe a una “guerra económica” promovida por el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica y la complicidad de la burguesía que les adversa, un discurso que se ha difundido hasta la saciedad hasta convertirse en el imaginario colectivo al igual que lo pretenden hacer sobre las fallas eléctricas, las cuales son producto del “sabotaje”, según argumentos de las autoridades. 

Ahora, no pretendo desconocer la injerencia de otros países o la intromisión de terceros que buscan de alguna forma desestabilizar o crear las condiciones para tener en los gobiernos a personas que ideológicamente se ajusten mejor a sus necesidades, proyecciones o caprichos, eso es algo que siempre ha pasado, seguirá pasando y forma parte de la dinámica global. 

Un análisis sobre la injerencia, la doctrina Monroe, Nixon y la deuda sobre la reclamación internacional del Esequibo “por ejemplo” son temas que he elevado en otros artículos y no dejarán de ser temas de discusión y de debate diplomático pero que insisto, no son la base o las causas de la crisis actual, sin embargo, podemos señalar que los bloqueos económicos aceleran ese proceso de debacle, pero que corresponden precisamente a los mecanismos de integración y equilibrio mundial en el que Venezuela se ha suscrito para que la comunidad internacional pueda participar en el restablecimiento de las condiciones democráticas, del Estado de derecho y de justicia que debe prevalecer. Unas condiciones que han sido vulneradas por el propio gobierno y sus autoridades; demostrado principalmente por la violación de derechos humanos ya documentada, la corrupción e impunidad de la cual también se tienen registros incontables.

Así mismo, es importante señalar, principalmente para aquellos que sufren aversión a la idea de una intervención internacional y ayuda humanitaria que estos son mecanismos viables a los que la sociedad civil puede recurrir cuando su capacidad de elegir honestamente a sus gobernantes se ve limitada y la crisis multifactorial ha llegado a límites inusuales denominadas crisis humanitaria, debiéndose ésta a las políticas desarrolladas por el gobierno, como lo seguiremos ampliando. Una adhesión a instancias supranacionales que nos permite además influir en las demás naciones que puedan pasar a futuro por una crisis como la nuestra.

Por otra parte, a manera de profundizar el análisis sobre la producción, abastecimiento y distribución de los alimentos, así como las distorsiones que amenazan a la sociedad civil como principal consumidora, manifestadas con el desabastecimiento, especulación, contrabando de extracción de alimentos y demás productos de primera necesidad hacia los países fronterizos, podemos mencionar a las instituciones a las cuales se les adjudica comúnmente la responsabilidad buscando definir ¿de quien es la culpa?. 

Las instancias más significativas que podemos mensionar son: La Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA) que fue sustituida desde el año 2014 por la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO) y AGROPATRIA para lo concerniente al estímulo y producción, las instancias de control como la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), los cuales han sido controlados por militares en condición de actividad o de reserva bajo el nombramiento del Presidente de la República. Por otra parte, se menciona al sector de FEDECAMARAS y empresas privadas que todas a su vez han sido subordinadas a la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro (GMASS) cuyas atribuciones ya han sido señaladas como instancias casi plenipotenciarias. ¡Ahora!, ¿de quien es la culpa?… 

Como se entiende que la credibilidad es una percepción que no debe estar sujeta a dudas, continuamos explicando indicadores del sistema.

Entonces, ¿Cómo podemos explicar que en los anaqueles de los abastos, grandes supermercados y hasta vendedores ambulantes en las ciudades fronterizas del vecino país se encuentren abundantes productos alimenticios venezolanos?. En primer lugar, se puede señalar que el control de precios se ha traducido en una diferencia abismal de los costos de cada uno de los rubros en comparación con los productos colombianos a lo que se le aúna el bajo poder adquisitivo y la devaluación de la moneda lo que resulta muy lucrativo para las “mafias” que deseen hacer negocios con la extracción de dichos alimentos.

En este mismo orden de ideas, recordamos las atribuciones de la GMASS y demás instancias de control, así como las incontables alcabalas y puntos de control por parte de la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad dispuestos en las vías que nos comunican al vecino país y que además se encuentran en Estado de Excepción con las restricciones que ello implica de manera intermitente desde el año 2014 y en la actualidad de manera indefinida. Sin embargo, la situación continúa, controlando y ejecutando un claro pero inusual proceso de exportación que indudablemente arroja ganancias (no declaradas) a través de la extorsión y demás métodos de corrupción que solo se puede mantener bajo ese esquema. Un análisis comparativo, se puede aplicar con el contrabando de extracción de combustible, materiales de construcción, minerales y otros materiales estratégicos, cuyo control, también lo tienen representantes de la Fuerza Armada.

A manera de conclusión preliminar, la denominada pérdida de la institucionalidad de la Fuerza Armada, es un mero eufemismo que no denota las innumerables fallas y el proceso de descomposición al que se ha visto sometido, en donde se ha deteriorado los principios éticos, morales y por supuesto hasta la propia razón de su existencia. Una característica que no puede ser determinada por el individuo, es decir, el deterioro institucional no es necesaria o exclusivamente culpa de los militares en sí, sino del sistema que los induce, facilitada además por el proceso de ideologización y la maleabilidad de la juventud que es atraída a los cuarteles, aunando a ello el escaso nivel cultural y académico que también ha sufrido los mismos desmanes y a cuyo dramático camino no parece versele luces que permitan su reivindicación, considerando las políticas tomadas por el ejecutivo de profundizar en ese esquema, restandole importancia a casos como la descomposición de miles de toneladas de alimentos en el Caso PDVAL del año 2009 – 2010, resultando impunes la mayoría de los responsables y hasta promoviendo a otros asignándole nuevas responsabilidades ministeriales.

La dinámica evidenciada en este análisis puede ser comparada cuando analizamos las demás políticas públicas ejecutadas desde 1999 las cuales de manera progresiva ha profundizado ese esquema de control, corrupción, complicidad y por supuesto ineficiencia en la gestión que le da validez a los señalamientos sobre el gobierno como un Estado forajido y una mafia militarista gubernamental.

“Integración, Orden y Cultura” 

* Miembro de la Coalición Nacional  por Venezuela y del Movimiento de Salvación Nacional MSN-Zulia


Suscríbete a nuestro canal en Telegram a través de https://t.me/PuntoDeCorte
Estamos también en Twitter @Punto_deCorteFacebook e Instagram

Suscríbete a nuestro canal de Youtube

Secciones