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Rainier Zimarra: Votar por la constituyente es un delito

Por Punto de Corte
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¡Sí! Como leyeron el título. Votar por la constituyente es un delito. ¿Por qué? Veamos. El artículo 132, primer párrafo del código penal venezolano prevé lo siguiente: Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación, será castigado con presidio de ocho a dieciséis años.

En tal sentido, el gobierno no ha ocultado sus intenciones. Filtrando el ruido de los objetivos demagógicos que se ha trazado para justificar la creación de una nueva “constitución” (objetivos éstos ampliamente ejecutables con la Constitución de 1999), Maduro, Cabello y los demás miembros de la pandilla, han sido claros en su objetivo principal: Permanecer en el poder por encima de la voluntad popular.

Para lograr ese objetivo el gobierno no ha tenido vergüenza en admitir que pretende: 1) Controlar todos los poderes del estado; 2) Disolver el incómodo poder legislativo electo por la mayoría de los venezolanos en 2015; 3) Intervenir al Ministerio Público destituyendo a la fiscal general de la República, entre otros abusos, como la inhabilitación, destitución y aprehensión de gobernadores y alcaldes de oposición.

Dichos hechos suponen la creación de un “régimen constitucional” donde los poderes que normalmente son ejercidos en una República de manera separada y autónoma, los ejercerá de manera indefinida, la propia Asamblea Nacional Constituyente, y en el mejor de los casos, un presidente electo según las bases comiciales que más le convengan al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Pero, ¿Qué significa todo esto? Queda claro tomando en consideración la conducta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), del defensor del Pueblo, del contralor general de la República y, los jerarcas de la fuerza armada, así como los discursos de los representantes más emblemáticos del gobierno, empezando por el “promotor” de la propuesta constituyente, resulta obvio que la principal intención es controlar absolutamente todos los poderes del estado.

Dicha situación no es otra cosa que la destrucción de la República o como se lee en el artículo 132 del Código Penal, la destrucción de “la forma política republicana que se ha dado la Nación”. Para llegar a dicho evento, el gobierno ha construido un tinglado jurídico e institucional fraudulento, pasando por encima de la voluntad popular de la mayoría. Dicho tinglado ha contado con la participación de los poderes del Estado que todavía están en manos de Maduro y PSUV, faltándole tan solo un paso esencial e insalvable, es decir, la instalación de la propia constituyente.

De la misma forma como el asesino debe contar con un arma cargada luego de planear el lugar, la fecha, la hora y la coartada para quitarle la vida a su víctima, todos los involucrados en este escandaloso delito, requieren de los votos de sus seguidores para quitarle la vida a la República. En otras palabras, sin participación popular la constituyente se convierte en un delito frustrado, ya que hasta ahora los involucrados en la conspiración (a título personal) habrían hecho todo lo que es necesario para consumarlo.

Esto quiere decir que a la actual lista de autores intelectuales y directos del delito de conspiración para disolver la República, se le sumarían los votantes por la Constituyente. ¡Que quede claro! La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento, tampoco la invocación de estar cumpliendo órdenes superiores.

Los que van a votar por la constituyente, saben muy bien cuáles son las intenciones de los promotores. Nadie se salva. Nadie asume el cuento de que está votando para “constitucionalizar” el derecho de disfrutar de las misiones o de otros beneficios sociales. Esos derechos ya están protegidos en la actual Constitución.

El que vote por esa seudoconstituyente, así sea nulo, estará apoyando la disolución de la República y la destrucción del principio de separación de poderes y estará avalando la consolidación de una dictadura y la violación de derechos humanos fundamentales.

El que vote por tal exabrupto histórico, que pretende alterar significativamente nuestro proceso constitucional, deberá verse en el espejo de los colaboradores alemanes a la caída del régimen nazi, y deberá estar claro que su conducta puede conducirlo a la cárcel una vez que la República sea restablecida, lo cual, no tenemos dudas, será muy pronto.

No estamos hablando del legítimo y constitucional derecho al sufragio, con el cual las rectoras del CNE se rasgan las vestiduras para justificar todas sus fraudulentas actuaciones. Estamos hablando de la propia existencia de la República y de la estructura fundamental del país. Estamos hablando de la base fundamental de la democracia.

El derecho del sufragio solo existe en democracia y resulta una contradicción conceptual usarlo para negarla, destruirla y anularla ¡Nadie puede decir que tiene derecho a votar para decidir acabar con la democracia! ¡Nadie! Sería una paradoja cómica. Una tragicomedia.

No en balde, el artículo 333 de la actual Constitución nos asigna “el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”, así como el ordinal 1º del artículo 65° del código penal establece que no es punible “El que obra en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales”.

Tomando en cuenta la magnitud del delito que se pretende cometer al elegir una seudoconstituyente contra la República, estas dos normas nos hacen reflexionar en torno a nuestro deber ciudadano: ¿Qué posición asumiremos?

Que nos quede claro, votar por esta constituyente, es concretar el delito del asesinato de la República. ¿Quieres ser asesino de Venezuela?

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4 comentarios

Anónimo 27/07/2017 - 23:19

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Anónimo 28/07/2017 - 09:02

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Anónimo 28/07/2017 - 17:51

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Anónimo 29/07/2017 - 08:30

4.5

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