Caracas, 14 de mayo de 2019. Asociación Cuban Prisoners Defenders y la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), denunció ante La Haya y la ONU al régimen de cubano – dirigido por el Gabinete Raúl Castro y Miguel Díaz Canel – de ejecutar “crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos recogidos” en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

“La denuncia, que además de ser presentada ante La Haya ha sido remitida también al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de a la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos y ha sido trasladada a los gobiernos de los Estados parte que colaboran con alguna de estas misiones, se sustentan en multiples documentación y en más de un centenar de testimonios. De los 110 testimonios reunidos, 64 son públicos –muchos pertenecen a médicos que abandonaron el programa Mais Medicos en Brasil, creado por la presidente Dilma Rousseff en 2013–, mientras que los 46 restantes, recogidos entre 10.000 médicos desertores consultados, son privados, para proteger su identidad y evitar que tanto ellos como sus familias sean víctimas de la represión del régimen”, reseñó la ABC.

Desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos, hoy fue presentada a la prensa la denuncia, luego de que la Corte Penal Internacional (CPI), la recibiera este lunes 13 de mayo. En el exhaustivo documento detalla cómo han sido los abusos de poder desde el año 2002 hasta la fecha.

La misiva, puntualizó que miles de trabajadores han sido afectados por el régimen cubano, especialmente los médicos. La mayoría se han visto obligados “a participar en las conocidas como Misiones de Internacionalización, muchas de las cuales están amparadas por Convenios internacionales”.

Esta denuncia acusa a los siguientes políticos cubanos: “Raúl Castro, al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 –y en la actualidad primer secretario del Partido Comunista–; y Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018. A ellos se suma el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, el de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández”.

El presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, en entrevista concedida a la ABC, explicó que cómo ha sido el proceso para elevar la denuncia hasta la Corte Penal Internacional.

“Ha tomado casi un año de trabajo de documentación en donde empezamos con una perspectiva global de crímenes de lesa humanidad y entendimos en un momento determinado que Cuba tenía una vulnerabilidad en su accionar al exportar su esclavitud a terceros países que tenían convenios y tratados que protegen los derechos de todos los habitantes en ellos incluidos los cubanos. Fue entonces cuando nos centramos en las misiones y en los trabajos en el exterior de Cuba y descubrimos que ejercita las mismas violaciones de Derechos Humanos sobre los trabajadores que ejercitan dentro de la isla. Nos dimos cuenta que teníamos jurisdicción y competencia en numerosos foros y que el gobierno era por fin vulnerable ante la verdad jurídica”, sostuvo Larrondo.

“En dichas misiones, que duran aproximadamente tres años, participan entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles (médicos, profesores, ingenieros, deportistas…) en más de un centenar de países, 58 de los cuales son Estados parte del Estatuto de Roma –entre ellos, Brasil, Guatemala, Argentina, Colombia, Honduras, Ecuador, Venezuela, México, Bostwana; así como cuatro países europeos, Italia, Portugal, Suiza y Malta–. Si bien Cuba no forma parte del CPI, los crímenes sí han sido y están siendo cometidos en países que lo son, lo que permite llevar adelante esta denuncia inédita hasta el momento”, agrega la nota.

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Con información de ABC.

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