Caracas 28 de febrero de 2018-. Texto íntegro Resolución del Senado americano

WASHINGTON-Once Senadores de los Estados Unidos presentaron hoy una resolución condenando las acciones represivas y antidemocráticas del gobierno venezolano y convocando a elecciones libres y justas para su pueblo. La resolución establece que cualquier próxima elección que no cumpla con las normas internacionales establecidas se considerará ilegítima, y ​​condena el cruel uso del régimen de las raciones de alimentos del gobierno para influir en los votos durante un período de grave escasez de alimentos y hambre generalizada. La Resolución fue presentada por los Senadores estadounidenses Dick Durbin (D-IL), Bob Menéndez (D-NJ), Ben Cardin (D-MD), Chris Van Hollen (D-MD), Patrick Leahy (D-VT), Chris Coons (D-DE), Jack Reed (D-RI), Bill Nelson (D-FL), Michael Bennet (D-CO), Tim Kaine (D-VA) y Bernie Sanders (I-VT).

RESOLUCIÓN

Condenando las continuas medidas antidemocráticas del Gobierno de Venezuela para socavar la independencia de las instituciones democráticas y exigir un proceso electoral libre y justo.

Considerando que el presidente venezolano Nicolás Maduro continúa tomando medidas para consolidar un gobierno autoritario y socavar la independencia de las instituciones democráticas en el país;

Considerando que el Gobierno del Perú, como anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas, ha indicado que el presidente Nicolás Maduro no está invitado a asistir debido a su fracaso en mantener el compromiso compartido de la región para fortalecer la democracia y mejorar el bienestar de los ciudadanos;

Considerando que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) convocó unilateralmente a una elección presidencial el 22 de abril de 2018, a pesar de la ausencia de un acuerdo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición política sobre las condiciones necesarias para el proceso electoral;

Considerando que el 13 de febrero de 2018 los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía rechazaron la decisión del Gobierno de Venezuela para celebrar elecciones el 22 de abril;

Considerando que estos 14 Ministros de Relaciones Exteriores declararon que las elecciones no se considerarían legítimas si las elecciones no:

(1) permitir la participación de todos los ciudadanos venezolanos y partidos políticos;

(2) incluir observación por organizaciones internacionales creíbles; y

(3) cumplir con los estándares internacionales reconocidos;

Considerando que a pesar de estas denuncias, el 21 de febrero de 2018, el presidente Maduro declaró que quería realizar elecciones para la Asamblea Nacional, los consejos legislativos estatales y los consejos municipales en conjunto con las elecciones presidenciales programadas para el 22 de abril;

Considerando que, en enero de 2018, las autoridades venezolanas prohibieron que la Mesa Redonda de Unidad Democrática (MUD), la principal coalición de partidos de oposición y los principales partidos políticos de oposición Voluntad Popular y Primero Justicia, participaran en las elecciones presidenciales;

Considerando que las elecciones municipales de diciembre de 2017 en Venezuela y las elecciones para gobernador de octubre de 2017 no cumplieron con los estándares internacionales reconocidos;

Considerando que, en julio de 2017, Venezuela celebró elecciones fraudulentas para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, una legislatura paralela que usurpó de forma no democrática a las autoridades constitucionales conferidas a la Asamblea Nacional democráticamente elegida del país;

Mientras que Smartmatic, la compañía que fabricó la tecnología de votación electrónica, confirmó que-

(1) el resultado de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en julio de 2017 fue manipulado; y

(2) un cambio de más de 1,000,000 de votos ocurrió en la tabulación final;

Considerando que una coalición mundial de más de 40 países ha rechazado la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y se ha negado a reconocerla como una institución legítima;

Considerando que el colapso de la gobernabilidad democrática y la proliferación de corrupción política, violencia criminal, políticas económicas fallidas e hiperinflación han creado una devastadora crisis humanitaria en Venezuela;

Considerando que la mayoría de los ciudadanos de Venezuela carecen de acceso a medicamentos esenciales y suministros básicos de alimentos;

Considerando que las precarias condiciones humanitarias en Venezuela han llevado a cientos de miles de ciudadanos venezolanos a emigrar, lo que está alimentando una migración y una crisis de refugiados en los países vecinos;

Considerando que el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional ha declarado que la Oficina del Fiscal abrirá un examen preliminar del uso por parte del Gobierno venezolano de la tortura y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y la detención arbitraria de miles de manifestantes antigubernamentales;

Considerando que, a pesar de la presencia de mediadores internacionales, el gobierno de Venezuela no participó de manera creíble en las negociaciones con la oposición política del país para llegar a un acuerdo que diga:

(1) restaurar la democracia;

(2) prisioneros políticos libres;

(3) facilitar la entrega de ayuda humanitaria; y

(4) establecer condiciones para elecciones democráticas legítimas:

Ahora, por lo tanto, ya sea

Resuelto, que el Senado-

(1) pide al gobierno de Venezuela que posponga las elecciones presidenciales y cualquier asamblea nacional concurrente, consejo legislativo estatal o elecciones municipales programadas para el 22 de abril de 2018, hasta que:

(A) los observadores electorales internacionales y locales de organizaciones creíbles pueden observar el proceso electoral, incluido el período preelectoral, y determinar un proceso legítimo;

(B) el Consejo Nacional Electoral está dirigido y atendido por miembros no partidistas que tienen la confianza de las partes contendientes;

(C) los partidos de oposición y los candidatos son libres de competir pacíficamente en las elecciones sin amenaza de arresto, hostigamiento o retribución, incluido el acceso a medios controlados por el gobierno;

(D) se hacen arreglos para que todos los votantes venezolanos, incluidos aquellos que residan fuera de Venezuela, puedan participar en las elecciones; y

(E) no existe un vínculo implícito o directo entre el voto de un individuo y las raciones alimentarias del gobierno a las que el individuo es elegible y no se conserva ningún registro de la elección del votante por ningún motivo relacionado con los beneficios del gobierno, incluidas represalias;

(2) denuncia como ilegítima cualquier elección presidencial en Venezuela que no cumpla con los estándares descritos en el párrafo (1);

(3) condena los pasos dados por el presidente Maduro-

(A) consolidar un gobierno autoritario en Venezuela; y

(B) socavar la independencia de las instituciones democráticas como la Asamblea Nacional de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela;

(4) rechaza los esfuerzos del gobierno venezolano para culpar a otros actores de la crisis económica, humanitaria y política del país, en lugar de reconocer que la crisis fue causada por su propia malversación y criminalidad;

(5) insta al Gobierno de Venezuela-

(A) permitir la entrega sin obstrucciones de asistencia humanitaria a la gente de Venezuela; y

(B) dejar de usar los alimentos como una herramienta de coerción política;

(6) condena al Gobierno de Venezuela por no participar de manera creíble en negociaciones internacionalmente

(A) restaurar la democracia;

(B) para liberar a los presos políticos; y

(C) para permitir la entrega de asistencia humanitaria;

(7) respalda la decisión del Gobierno del Perú, como anfitrión de la Octava Cumbre de las Américas, de no invitar al Presidente Maduro; y

(8) apoya los esfuerzos de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional para examinar el uso por parte del gobierno venezolano de la tortura, el uso excesivo de la fuerza y ​​las detenciones arbitrarias contra ciudadanos venezolanos.

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