Caracas, 14 de octubre de 2020. El constituyente Francisco Torrealba afirmó este miércoles en entrevista para el programa Primera Página de Globovisión, que la Ley Antibloqueo respeta las disposiciones de la Constitución y solo puede desaplicar materia de orden legal y sublegal.
“Nuestro país está siendo asediado de manera permanente, estamos exigiendo que se levante (el bloqueo) y al Estado había que dotarlo de mecanismos para luchar contra las sanciones”, dijo.
Asimismo, Torrealba explicó que “no hay posibilidad de que con esta ley se vaya a violar las disposiciones constitucionales. En la ANC esta ley fue aprobada por unanimidad”.
Según Torrealba, esta ley dota al Estado de un marco jurídico adecuado a una situación anormal y un bloqueo “genocida”.
En cuanto al contenido de la Ley Antibloqueo, precisó que “no hay opacidad, sino confidencialidad”.
El constituyente enfatizó que esta ley posibilita que se mantenga en secreto el nombre de empresas que negocien con el Estado venezolano.
Sin embargo, destacó que, aunque no sean públicas, estas negociaciones estarán supeditadas a todos los controles.
A su juicio, “no hay ni un solo aspecto de la vida del venezolano que no esté impactado por las sanciones”.
“Hay muchas empresas en el planeta que les gustaría hacer negocios en Venezuela y no los hacen por las sanciones de EEUU”, aseguró el constituyente.
En este sentido, indicó que la ley no contempla ningún tipo de confiscación y que con esta ley “todo el que venga a invertir, tiene todas las garantías aseguradas”.
En relación a las elecciones parlamentarias, señaló que buscan “cambiar la Asamblea Nacional (AN). “Hay disposiciones innovadoras que están en el marco de la Constitución y tenemos que innovar”.
“No podrán sabotear las elecciones del 6D, queremos cambiar la AN”
AN acordó que toda persona que actúe bajo la Ley Antibloqueo quedará señalada por crímenes de lesa humanidad
La Asamblea Nacional declaró “inexistente e ineficaz”, la Ley Antibloqueo aprobada por la administración de Nicolás Maduro.
De igual modo los parlamentarios acordaron que toda persona, natural o jurídica, que actúe bajo la Ley, “podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente”.
Los únicos que quedan exentos de esta decisión, son los ciudadanos que sus bienes hayan sido expropiados inconstitucionalmente y puedan ser objeto de devolución a sus propietarios originales, con consentimiento de estos.
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