Caracas 29 de marzo de 2019. La Corte Constitucional de Ecuador, el máximo organismo de control legal del país, declaró procedente este jueves, la demanda interpuesta por la Defensora del Pueblo del país andino, Gina Benavides, y suspendió la aplicación de una serie de requisitos que el Gobierno ecuatoriano había ordenado el año pasado para regular el ingreso de ciudadanos venezolanos en el territorio nacional.

La Corte acogió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo y aceptó su solicitud de suspender de forma provisional varios acuerdos ministeriales que exigían requisitos adicionales para aceptar la entrada de migrantes venezolanos, como pasaportes actualizados y un registro de antecedentes penales, entre otros, medidas que fueron fijadas el pasado 1° de febrero.

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno había establecido la medida en enero luego de que una mujer embarazada fuera asesinada en la localidad de Ibarra, presuntamente por un venezolano.

Los demandantes solicitaron que se suspendan de forma provisional las medidas migratorias, «mientras se resuelve la presente acción pública de inconstitucionalidad», precisa el escrito de la Corte Constitucional. Además, la Corte corrió traslado del fallo a la ministra del Interior, María Paula Romo, al canciller José Valencia y al procurador del Estado, Iñigo Salvador, «para que den cumplimiento inmediato con lo dispuesto».

Esas autoridades tendrán un plazo de quince días para impugnar eventualmente la decisión de la Corte Constitucional.

El Gobierno ecuatoriano dispuso que los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar en el territorio nacional debían presentar pasaportes actualizados y un certificado de antecedentes penales «de los últimos cinco años, debidamente apostillado o legalizado».

En la demanda, la titular en funciones de la Defensoría del Pueblo, Gina Benavides, acompañada por otros representantes de organismos de derechos humanos, aseguró que los acuerdos ministeriales atentaban «contra el principio de igualdad y no discriminación» establecido en la Constitución.

Asimismo, señaló que la normativa interna y regional permite el ingreso y circulación de ciudadanos suramericanos con la sola presentación del documento de identidad, por lo que aplicar los requisitos adicionales a los venezolanos «genera un trato diferenciado que resulta discriminatorio» y atenta contra el principio de igualdad.

La exigencia del pasaporte a finales del año pasado, ante el aumento inusitado del flujo migratorio de venezolanos por la región, así como la presentación del llamado «pasado judicial», en febrero anterior, fue cuestionado por organismos de derechos humanos.

Además, cuestionaron que el requisito de antecedentes penales se haya exigido a raíz de un caso de femicidio ocurrido en enero pasado contra una mujer embarazada a manos de su pareja venezolana, que generó reacciones xenófobas en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana.

El diputado ecuatoriano Juan Flores celebró la medida que beneficiará al éxodo forzado de venezolanos que huyen de Venezuela debido a la grave crisis. «Esto es un gran paso para la Movilidad Humana dentro de nuestro país», resaltó el también presidente de CREO Latinoamérica.

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Con información de Infobae

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