Caracas 16 de mayo de 2018-. Hace cuatro meses funcionarios de conjunto de funcionarios de seguridad, acompañados por grupos parapoliciales –colectivos-, ejecutaron un operativo denominado «Operación Gadeón«-destructor en hebreo-, conocido popularmente como «La Masacre de El Junquito«.

Procedimiento en el que, el piloto Óscar Pérez, su grupo y una mujer, fueron abatidos, aún después de haber anunciado su entrega.

Antecedentes

Óscar Pérez tuvo su primer aparecimiento en la opinión pública venezolana, siete meses antes de su asesinato. El 27 de junio del 2017, inspector del Cicpc sobrevoló el TSJ y el Ministerio de Interior Justicia y Paz, mientras un compañero sostenía una pancarta en la que se lee «Libertad 350«. Asimismo, se conoce que lanzó bombas sonoras sobre ambas sedes. No se registraron heridos.

Foto tomada de La Patilla

Foto tomada de La Patilla

El 28 de junio, el vice presidente Tarek El Aissami informó el hallazgo del helicóptero utilizado en la zona norte del estado Vargas. Aunque hubo lugar a argumentos de quienes aseguraron que la identificación del helicóptero hallado no coincidía con la del utilizado por Peréz, nunca se confirmó este hecho.

Para agosto del 2017 la ola de protestas antigubernamentales empezarían a llegar a su fin, dejando un saldó de más de 120 asesinados y miles de heridos. La presión de los organismos de seguridad sobre el paradero de Óscar Pérez era tal, que estrenaron un sitio web masbuscados.mijp.gob.ve con la imagen de Pérez encabezando la lista de criminales más buscados por la justicia venezolana.

Dato: Actualmente, en pleno apogeo de elecciones presidenciales, el portal es usado para «Sistema de seguimiento del Derecho al Voto» ¿Curioso, no?

La búsqueda del grupo de Óscar Pérez sería hasta debajo de la tierra. Pero, finalmente habrían dado con su paradero por el aporte de un infiltrado, conocido como Peter Blatnik. Posteriormente, Blatnik, habría sido identificado como miembro de un grupo de empresarios que vende armas, municiones, bombas lacrimógena. Conocido en su entorno como ‘perro de guerra‘.

Luego de ganarse su confianza, Blatnik mostraría una falsa solidaridad con el grupo disidente y paralelamente, haciendo negociaciones con el régimen venezolano, específicamente con el Ministerio de Defensa, razón por la que la justicia parece haberse olvidado de ese perro de guerra.

Mediante un excelente trabajo cronológico y recopilatorio, el equipo de NTN24 recaudó la información que se maneja sobre el «Caso Óscar Pérez«.

El día del operativo

El 15 de enero de 2018, la vía que conecta Caracas con El Junquito fue escenario de un desmedido despliegue de la Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, Faes y Sebin. A las 6 de la mañana Pérez habría difundido un vídeo en el que se escucha que están engociando su rendición. El audiovisual dio certeza de que efectivos de seguridad tenían acorralado a Óscar Pérez en una casa del Sector Araguaney en el kilómetro 16 de El Junquito.

Media hora después, en otro vídeo Pérez ratificó su disposición a entregarse. A las 7 y 30 de la mañana en otro material breve, reportaban que no había heridos pero pedían a gritos un alto al fuego. Minutos más tarde, se acercó el Mayor de la GNB, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, constató que el grupo de disidentes no estaba disparando.

«Les voy a conseguir, ministerio púbico, periodistas y nosotros. Para hacer de esto un final ganar-ganar… La orden del presidente es que les resguardara la vida» anunciaba el Mayor Bastardo.

A las 8:14 de la mañana, la ministra de Asuntos Penitenciarios se mofaba de los vídeos publicados por Pérez, vía twitter.

Minutos más tarde se pronunciaría el segundo al mando del Psuv, Diosdado Cabello. «Los viudos y viudas quedan al descubierto cuando caen sus peones» publicó en Twitter. También anunciaba que por enfrentamiento, Pérez abrió fuego contra los funcionarios quienes respondieron.

Momentos después el piloto publicó un video en el que se ve sangrando en la cabeza y se evidencian los disparos provenientes de las afueras de la casa en la que se encontraba. «Dijimos que nos queremos entregar y no nos dejan, nos quieren asesinar» develó Pérez en el vídeo.

Dos kilometros a la redonda de la casa estaba acordonado por 500 guardias nacionales, dos tanquetas y un helicóptero sobrevolando la zona. Para la hora aún se desconocía el desenlace de los rebeldes.

A las 11 y 30, un audio filtrado de Freddy Bernal anuncia el primer caído durante el operativo. Se trataba del líder colectivo Tres Raíces, Heiker Vásquez. Quien habría sido asesinado mientras vestía uniforme del Faes. Sobre Vásquez pesaban cinco investigaciones por homicidio y una por extorsión. Nunca se justició la presencia de un colectivo en un operativo estrictamente policial.

A las 12 del medio día VTV anunció del operativo pero no informó cifra de muertos. El asesinato del colectivo fue tratado como policía. Pasadas las 5 de la tarde se desconocía el desenlace del operativo, aunque las sospechas eran obvias, debido a la cantidad de vídeos caseros que se publicaron vía Twitter. Incluso en uno, se evidencia el uso de un lanzacohetes modelo RPG-7.

A las 7 de  la noche el periodista Deivis Ramírez confirmó el asesinato de Óscar Pérez y su grupo. Se filtraría un audio en el que se asegura la detención de Óscar Pérez con vida y su final con un «tiro de gracia«.

https://twitter.com/UniNoticias/status/959482954601943041

El 16 de enero, el presidente Maduro removió al comandante en jefe de la GNB y amenazó que «Los grupos terroristas que armen y envíe la oligarquía mayamera y colombiana, ¡Les tocará el mismo destino!».Ese mismo día la casa y ahora escena del crimen fue totalmente destuida.

El 17 de enero, el ministro de interior justicia y paz, Néstor Reverol, se dirigió al país en relación a la operación. Su declaración dejó más dudas que respuestas, solo nombró a dos policías asesinado Nelson Chirinos y Andriw Ugarte, éste último era el nombre de registro del colectivo Heiker Vásquez. Ambos ‘funcionarios’ fueron enterrados con honores.

Injusticias post mortem

El sufrimiento de los familiares de Pérez y su grupo estaría lejos de terminar. aunque se desconoce qué organismo hizo la experticia y levantamiento de los cuerpos, fueron trasladados a la morgue de Bello Monte. Inmediatamente el sector fue militarizado.

Funcionarios de la GNB impidieron el acceso de los familiares para el reconocimiento, le trato hacia ellos fue cruel e inhumano -dilación, prolongación del sufrimiento, irrespeto a costumbres religiosas-.

Solo entregaron Certificado de Defunción que presentan una causa de muerte común para todos: tiro en la cabeza. Aún no se conocen los Informes Médicos Forenses con el resultado de las autopsias. En el momento, el régimen quería cremar los cuerpos, acción que causó importante impacto en la opinión pública, tratándose de una clara violación al código penal venezolano, en el que se prohibe la destrucción de un cadaver involucrado en una muerte violenta.

Los cadaveres no se entregaron a los familiares. Por el contrario, fueron enterrados arbitrariamente por órdenes del Estado y dirigidos por militares. Se llevaron a cabo “Entierros Forzados”. No se les vistió con sus ropas, fueron envueltos en sábanas. Incluso, se le tapó la mitad del rostro a la femenina asesinada, que se presume que estaba embarazada.

¿Enfrentamiento o ejecución? 

El régimen constantemente justificó su desmedido accionar argumentando que se trató de un enfrentamiento. Inclusó aseguraron que los rebeldes pretendían explotar un carro bomba, acción que fue neutralizada antes de materializarse.

Aún cuando se conoce que el grupo deseaba negociar su rendición, resultó con todos los integrantes asesinados. El miembro de la ONG Provea considera que el mayor Bastardo le debe al país y a la justicia una rendición de cuentas. «Obedecía órdenes presidenciales, porque terminó muerto Oscar?, ¿se dió una contra orden que paso por encima de la del presidente? o ¿Es que el mayor estaba mintiendo?» cuestionan voces críticas.

El uso desmedido de la fuerza, utilización de tanquetas, helicopteros, 500 efectivos de la guardia, fusiles de asalto y lanzacohetes, atropellaron el derecho a la vida y a recibir un juicio de este grupo de disidentes. Se impuso la ejecución extrajudicial como política no escrita.

La destrucción de la escena del crimen enturbia aún más el esclarecimiento del hecho, sumado al hecho de que las actas de defunción que señalaron que todos los cuerpos encontrados sufrieron disparo en la cabeza, da certeza de que le Operativo no aceptaba rendiciones.

Para el régimen, el caso está cerrado.