Caracas 10 de agosto de 2019. Este año se cumplen dos décadas de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo capítulo VIII sobre los derechos de los pueblos indígenas significó uno de los más importantes paradigmas para Venezuela y, en especial, para sus pueblos originarios, pero también para Latinoamérica que vio en nuestro modelo un ejemplo a seguir del neoconstitucionalismo indígena que empezó a desarrollarse en el mundo a partir de finales de 1980.

Luis Betancourt Montenegro/Alternos

En 1999 Venezuela inició con mucha fuerza su constitucionalismo indígena con sólidos movimientos de base que, sin intermediario alguno, redactaron el capítulo referido a los derechos y garantías constitucionales de los pueblos indígenas. Se trató de una demanda histórica que por primera vez fue cristalizada a través de nuestro pacto social ese año, y en 2005 fue desarrollada amplia e integralmente en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) y demás leyes específicas en lo sucesivo.

No cabe duda que desde el punto de vista constitucional y legal Venezuela fue (y es) vanguardia en el reconocimiento de los derechos indígenas, pero lamentablemente sólo se trata del reconocimiento, no de su respeto, garantía y efectivo cumplimiento.

La Constitución como esperanza de los pueblos indígenas

La CRBV significó la esperanza histórica de los pueblos indígenas de nuestro país, pues sus expectativas no sólo se vieran reivindicadas en el texto fundamental, sino en su efectiva garantía y cumplimiento. Desde 1999 hasta al menos el año 2010 hubo interesantes avances en los derechos indígenas y su efectivo cumplimiento. Se crearon instituciones e instancias donde los pueblos indígenas se vieron identificados en la atención y solución de sus demandas especificas. Algunos de esos avances fueron las políticas y programas de salud indígena, la creación de la Comisión de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas, la Jurisdicción Especial Indígena, el reimpulso de la Educación Intercultural Bilingüe, el reconocimiento y desarrollo de sus derechos sociales y culturales, las formas propias de organización político-social, además, la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, entre muchos otros derechos contenidos en la carta magna. Fue una época de mucho dinamismo en el contexto indígena que indicaba un franco desarrollo o cristalización de sus demandas históricas.

El declive de los derechos indígenas

Lamentablemente al día de hoy la garantía y cumplimiento de estos derechos no está en la agenda del Estado, posiblemente porque ello signifique un conflicto de intereses con su proyecto político-desarrollista, al referirnos a su modelo de desarrollo extractivista, o sencillamente por el agotamiento del discurso y políticas indigenistas, aunado a la desaparición de movimientos indígenas con agendas propias y no impuestas por la política partidista.

De las políticas o instancias creadas en los primeros años de la CRBV ninguna tiene indicadores positivos, inclusive, ninguna está en regular funcionamiento. Los diferentes programas de salud indígena, como por ejemplo el Plan de Salud Yanomami en Amazonas o el Plan de Salud Delta en Delta Amacuro, al día de hoy son inexistentes a pesar de haber tenido importante éxito en su época de funcionamiento y cobertura sanitaria de esas poblaciones de especial atención. Por ello no es casual que al día de hoy los indígenas yanomami y warao tienen los peores indicadores de salud del país en cuanto a malaria, oncocercosis, tuberculosis, sarampión, desnutrición, VIH, entre otros padecimientos como, por ejemplo, los desplazamientos forzados hacía los países vecinos en busca de atención sanitaria y alimentación en los refugios para tal fin, como lo refieren los dos recientes informes de 2019 de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (ACNUDH).

Al igual que la desaparición de los programas sanitarios, la Comisión de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas, órgano dependiente de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República desde el año 2005, se encuentra sin funcionamiento, por consiguiente los procesos de demarcación de las tierras indígenas y las respectivas titulaciones colectivas están paralizadas. Según el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI), sólo 14% de las tierras indígenas del país han sido tituladas; sin embargo, esas titulaciones no han sido conforme a las expectativas o la autodemarcación de las propias comunidades involucradas. Esa situación (la no titulación) no debe entenderse de manera aislada, sino como un mecanismo de acceder o despojar de manera menos compleja las tierras indígenas para actividades extractivistas por parte del Estado, como hoy está ocurriendo en los estados Bolívar y Amazonas, el primero a través de un decreto espurio y el segundo, de facto.

La necesidad de movimientos y organizaciones indígenas autónomas

Como lo indiqué hace un año para esta misma ocasión en momentos tan críticos como los que hoy padecen los pueblos indígenas es cuando deben emerger movimientos críticos y fuertes en la demanda de sus derechos. En el periodo político pasado, sin absolutamente ninguna figura constitucional o legal sólida sobre los derechos indígenas, surgieron movimientos indígenas fuertes que hicieron posible, con la ayuda del proceso político de 1998, escribir su propio catálogo de derechos indígenas en la Constitución.

Hoy, con todo ese complejo constitucional y legal sobre los derechos indígenas, que además contrasta con la peor situación social que están padeciendo los pueblos originarios de estas tierras, se evidencia un estruendoso silencio de aquellos importantes movimientos indígenas surgidos entre los años ochenta y noventa que fueron víctimas de la exclusión e invisibilización como pueblos con características identitarias especificas y, en consecuencia, de un proceso asimilacionista. Es contradictorio decir que ese estruendoso silencio se debe a que esos movimientos fuertes y demandantes en su momento hoy son gobierno o parte de él, razón por la cual en la mayoría de los casos permanecen inmutados ante una realidad evidente, que además tuvo que ser conocida en nuestro país a través de la ACNUDH.

Lamentablemente en la mayoría de los casos, por esta razón, no hay agenda propia que garantice las demandas que hoy reclaman los pueblos indígenas de Venezuela, que a decir en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU “son la población más vulnerable del país y con la más critica tasa epidemiológica y otras condiciones sociales”.

El gobierno nacional y sus figuras descentralizadas en las regiones indígenas, en vez respetar sus formas especificas de vida que garanticen su subsistencia como pueblos con culturas especificas, se ha dedicado a coptarlos con fines político electorales, sin poca importancia sobre los graves daños que se está generando. No por casualidad el paternalismo estatal tiene una estrecha relación con los casos de desnutrición que padece la mayoría de las comunidades indígenas de Amazonas, por decir lo menos.

Experiencia en Amazonas

Desde mi experiencia en investigaciones de campo y documental sobre las condiciones sociales de los pueblos indígenas, de sus territorios y su situación ambiental, he corroborado en cada comunidad visitada sus realidades que cada día se agravan más. Antes se trató de no reconocerle como indígena, como diferente; hoy se trata de negarle el combustible, el derecho a la educación propia, a sus actividades económicas tradicionales, a la salud y a la vida; todo ello vinculado a la invasión y despojo de sus tierras para actividades extractivistas de minerales en las que los propios indígenas son víctimas de esclavitud, en algunos casos forzados y en otros de manera voluntaria al cerrárseles todas las alternativas a esa actividad impuesta por grupos irregulares armados, en anuencia o sociedad con el Estado.

Frecuentemente recuerdo una de las más duras experiencias en comunidades indígenas que acostumbro a visitar para mantener el contacto directo con las realidades y los padecimientos sociales de sus miembros. En enero de 2019, mientras visitaba la comunidad Huöttöja “Pozo Terekay”, en el río Ventuari del municipio Manapiare del estado Amazonas, conversando con su capitán Carlos Pérez y dos jóvenes maestros del sector me informaban sobre la muerte de cinco personas a causa de malaria en el reciente periodo de un año. Me generó impacto saber que dos de los fallecidos: Florencio Pérez, de 64 años, y Alberto Pérez, de 41, eran padre e hijo. Más tristeza me causó el fallecimiento de tres niños: dos hembras y un varón, dos de ellos hermanos.

Lamentablemente, ese relato no es un caso aislado o especial, sino una de las tantas realidades presentes en los siete municipios del estado Amazonas donde los impactos socioambientales de la minería y desatención gubernamental se expresan de esta dramática forma, a través de la salud y la vida de los más vulnerables.

Uno de los temas de mayor importancia como investigador de derechos indígenas es el derecho a la salud, desde mi perspectiva analítica siempre se enfocará a partir de una visión integral de calidad de vida y desarrollo humano. Eso significa que la articulación sistémica de otros indicadores como seguridad alimentaria, disponibilidad de servicios mínimos, capacidad resolutiva de atención sanitaria, seguridad de los modelos socioproductivos autóctonos, acceso a un sistema educativo propio, entre otros, es fundamental para aproximarnos a definir la salud como un valor y no estrictamente como la ausencia de enfermedades.

A 20 años de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue la esperanza histórica de los pueblos indígenas de nuestro país, vale dejar que la realidad presente sea el indicador que juzgue el estado de cumplimiento del texto fundamental, así como a los actores políticos encargados de su garantía.

Artículo originalmente publicado en el portal: Alternos.la

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Foto: Oscar Noya

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