Inicio NoticiasNacionales Amnistía Internacional: «En Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras»

Amnistía Internacional: «En Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras»

Por Mariana Moreno
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Caracas, 14 de mayo de 2019. Amnistía Internacional asegura que el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza en Venezuela desde al menos 2017 que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y por los que debe rendir cuentas.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que la ONG ha venido denunciando desde hace años que «en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el Gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional».

Las palabras de Guevara se produjeron en el marco de la publicación del informe ‘Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos a finales de enero de 2019’.

«La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela», sostuvo Guevara.

Según la organización, que llevó a cabo una misión de investigación en febrero en el país, del 21 al 25 de enero al menos 47 personas murieron en el marco de las protestas contra el régimen de Maduro, todas por arma de fuego.

De ellas, al menos 33 murieron a manos de agentes de las fuerzas del Estado, y seis fueron asesinados por terceros actuando con la aquiescencia de las autoridades durante las manifestaciones. Además, 11 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, 6 de los casos fueron documentados en profundidad por la ONG.

De acuerdo con el informe, los crímenes de Derecho Internacional y violaciones de Derechos Humanos cometidos en enero en torno a la proclamación como presidente encargado del titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, «fueron llevados a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal».

«No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas», ha denunciado la ONG.

En este sentido, subrayó que las autoridades hasta el más alto nivel, incluido Maduro, supieron de estos «hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlos ni para investigarlos», de ahí el que Amnistía considere que «el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión».

La ONG constató en los sucesos de enero indicios de patrones similares a lo ocurrido en 2014 y 2017, cuando el Gobierno también reprimió con virulencia las protestas opositoras, por lo que ha llegado a la conclusión de que «podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad» si bien sostiene que esto es algo que debe determinar «una instancia judicial independiente e imparcial».

Por ello, ha recomendado la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones que arranca en junio, así como la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país.

Asimismo, ha defendido que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), que lleva a cabo un examen preliminar sobre Venezuela desde principios de 2018, considere y estudie los hechos.

«Ante las graves violaciones de Derechos Humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia», ha resaltado Guevara Rosas, defendiendo que «los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes».

Con información de Europa Press

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