Inicio Noticias ANC de “aniversario”: sin nueva constitución, pero con una “ley mordaza” a cuestas

ANC de “aniversario”: sin nueva constitución, pero con una “ley mordaza” a cuestas

Por María Alejandra Silva
77 Lecturas
ANC 4

Caracas 03 de julio de 2020. Este 30 de julio, la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) promovida por Nicolás Maduro, mediante el decreto presidencial N° 2830, cumple tres años de su elección y el 4 de agosto de su instalación formal en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo.

La actual vicepresidenta del régimen de Maduro; Delcy Rodríguez, fue juramentada en aquel momento como la primera presidenta de la ANC, Aristóbulo Istúriz como primer vicepresidente, Isaías Rodríguez como segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vásquez Iriarte como Secretario y Carolys Pérez como subsecretaria.

En cada discurso, Maduro y su equipo, destacan varios “logros” de la ANC, cuya principal función, es redactar una nueva Constitución para Venezuela. Sin embargo, resaltan que, han logrado el “restablecimiento de la paz”, tras las protestas autenticas que ocurrieron entre abril y julio de 2017.

Violencia y represión en aumento

Sin embargo, según el informe “Patrones de Violación del Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela”, publicado por la ONG para la defensa de los Derechos Humanos, Provea, que realizaron 43 organizaciones de la sociedad civil de 15 estados del país, en los últimos 3 años se han registrado casos de violación del derecho a la defensa de los DDHH.

“Durante estos años se acrecentaron las restricciones al ejercicio de libertades y derechos civiles y políticos, incluyendo los ataques contra personas y organizaciones que ejercen el derecho a la defensa de los Derechos Humanos, abogados y abogadas, periodistas y manifestantes en protestas pacíficas”, se lee en el informe de Provea.

Por otra parte, el Observatorio Venezolana de Violencia (OVV) recalcó en su “Informe anual de Violencia 2019” que el país vive una “epidemia de violencia policial”, detallando que, “durante el año anterior se estiman que hubo al menos 5.286 víctimas de la acción policial, para una tasa de 19 fallecidos por cada cien mil habitantes”.

El secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Gerald Staberock, declaró que “en los últimos años, los poderes Ejecutivo, Legislativo (ANC) y Judicial han constituido un entorno hostil para la defensa de Derechos Humanos. Leyes regresivas, impunidad absoluta y la estigmatización como política de Estado difundidas por los medios de comunicación públicos definen una tormenta perfecta para el derecho a defender DDHH en Venezuela”.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó el pasado 02 de julio una actualización del informe sobre las violaciones de los DDHH en Venezuela, donde mostró su preocupación por “el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, por parte de los organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

La “Ley contra el Odio”

Nicolás Maduro consignó el proyecto de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ante la ANC el 10 de agosto del 2017, la cual fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial Nº 41.274, el 8 de noviembre del mismo año.

Maduro expresó ante los constituyentes que “ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, la intolerancia en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente”, esto en referenciaa las protestas antigubernamentales del 2017.

El director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, Joel Simon, dijo desde Nueva York en el 2017 que “en virtud de esta ley, los medios y los ciudadanos venezolanos no podrán informar ni comentar con libertad sobre los acontecimientos políticos, y podrían sufrir graves consecuencias sencillamente por compartir información”.

La expresidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, advirtió durante la sesión de aprobación de la ley que las Redes Sociales también entrarían en las regulaciones por lo que estaba prohibido “la promoción (del odio)” en estas plataformas digitales y las personas debían eliminar los mensajes que promovieran “el odio, la guerra y la intolerancia en un lapso de seis horas”, si no serían “sujetos de sanciones”.

La ONG defensora de la libertad de expresión, Espacio Público, explicó que la aplicación de leyes tipo mordaza, como la “Ley contra el Odio”, aplicada a periodistas y ciudadanos que buscan de ejercer su derecho de opinión e información; unido a los interminables procesos judiciales con casos fraguados o manipulados, han permitido que se restringa la libertad de circulación y del libre ejercicio del periodismo.

Durante los últimos años los niveles de tensión política y social en Venezuela han ido en aumentando, lo cual se refleja en el número de violaciones a la libertad de expresión. “En el período comprendido entre el mes de enero y diciembre de 2019, se registraron 468 casos, lo cual significa un incremento del 21% con respecto al número total de casos documentados durante 2018”, puntualizó Espacio Público en su “Informe 2019: Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”.

Caso Nicmer Evans:

Hace 16 días el director de nuestro portal, Nicmer Evans, fue detenido por organismos de seguridad del Estado y presentado días después a tribunales, donde se le acusó por el supuesto delito de “instigación al odio”. Actualmente se encuentra recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, en espera de juicio.

Durante su detención, no se le ha permitido la visita de abogados y familiares. Su encarcelamiento, es contrario a la base legal venezolana, pues el presunto “delito” no implica la privación de libertad, ni se encuentra tipificado en el Código Orgánico Procesal Penal.

Durante su presentación en tribunales, el juez a cargo mencionó que Evans estaba siendo acusado, por difundir opiniones en Twitter contra Nicolás Maduro, y el canal de televisión, Globovisión, propiedad del empresario Raúl Gorrín, quien está sancionado y solicitado por las autoridades de EEUU, por lavado de dinero venezolano.

(Opinión) Nicmer Evans, libre aún estando entre cadenas. Por Ignacio Laya
(Opinión) Nicmer Evans, libre aún estando entre cadenas. Por Ignacio Laya

En la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno de Maduro, con el fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus, se agravó la represión en contra de los ciudadanos que han protestando pacíficamente ante las constantes fallas de los servicios públicos y la escasez del combustible.

“Al menos 26 personas fueron detenidas en los últimos dos meses, en general por difundir mensajes en línea críticos al gobierno o que cuestionan a autoridades públicas, sea en el contexto de las acciones por la pandemia o en general informaciones u opiniones vinculadas a altos/as funcionarios/as y su círculo cercano”, informó Espacio Público.

Explicando que, del total de personas detenidas por difusión en Redes Sociales o plataformas en línea, con o sin proceso judicial, el 34% (9) corresponde a Whatsapp; cuatro por publicar en Facebook (15%); tres en Instagram y dos en Twitter; una por sitio web u otro sin identificar. Seis personas difundieron en varias plataformas de forma simultánea.

Tal fue el caso de la abogada Eva Leal, quien fue detenida y agredida arbitrariamente por una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana el pasado 21 de junio, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

Leal, quien transitaba en su vehículo fue detenida en una alcabala de la guardia nacional donde presuntamente le indicaron que debía cancelar 5 unidades tributarias debido a que estaba “fuera del horario de tránsito”.

Aunado a esto, le solicitaron 150 mil bolívares por cada uno de los pasajeros que trasladaba, ante esta situación la abogada se negó y cuando se propuso a grabar la situación irregular, los efectivos actuaron con violencia.

La ANC y su extensión hasta diciembre del 2020

La Asamblea Nacional Constituyente conformada por 545 integrantes, fue desconocida poco después de su instalación por la Unión Europea, Estados Unidos y el denominado Grupo de Lima integrado por: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, por no tener legitimidad y su reiteraron el apoyo a la Asamblea Nacional, presidida en 2017 por el diputado Julio Borges.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, indicó en 2017 sobre la ANC que “la conformación de la constituyente solo con supuestos representantes sectoriales, viola los principios fundamentales de igualdad política. Una Asamblea Constituyente convocada sobre la base de la discriminación política, violando la constitución y a medida del régimen es en sustancia y forma antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del pueblo”.

A su vez, los integrantes de Mercosur catalogaron el hecho como una “ruptura del orden democrático” y de forma unánime, aplicaron a Venezuela la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, lo que ocasionó la suspensión del país de forma indefinida en la organización.  

Inicialmente la Asamblea Nacional Constituyente tendría una vigencia de dos años. Sin embargo, la mano derecha de Maduro y actual presidente de la ANC, Diosdado Cabello, aseguró que ese lapso podría ser prolongado en caso de ser necesario. Por lo cual, el 21 de mayo de 2019 Cabello aprobó un decreto donde extendió su vigencia al menos hasta el 31 de diciembre de 2020.

Lee también en Punto de Corte:

Suscríbase a nuestro canal de Telegram y YouTube
Síguenos en TwitterFacebook Instagram

Artículos Relacionados

Deje un comentario