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(+Comunicado) Bloque Constitucional de Venezuela fijó posición contra sentencia del TSJ contra la legítima AN

Por Yohan Pimentel
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AN sentencia TSJ Maduro Venezuela

Caracas 29 de mayo de 2020. El Bloque Constitucional de Venezuela, fijo posición contra la “sentencia Nº. 65”, del TSJ del régimen, que atenta contra el poder legislativo del país presidido por Juan Guaidó.

Lea aquí el comunicado:

El Bloque Constitucional de Venezuela, grupo de opinión creado como medio de
participación ciudadana en los asuntos públicos con el propósito de coadyuvar al
rescate del orden constitucional y democrático, fija posición sobre el más reciente
fraude constitucional cometido por los detentadores del poder, a través de la
denominada “sentencia Nº. 65”, de fecha 26 de mayo:


1.- A partir de diciembre de 1.999, se inicia en Venezuela un proceso de cambio
constitucional y de cambio político, que dio origen al desmontaje (gradual, accidentado,
pero, persistente) de la institucionalidad democrática prevista en el actual texto
fundamental; asimismo, dio origen a la puesta en marcha del verdadero proyecto político de
los detentadores de poder, el Estado Comunal Socialista, mediante sucesivos actos jurídicos
y vías de hecho, indebida e ilegítimamente, “avalados” por la Sala Constitucional.


2.- En este contexto, se instituyó un régimen político que, en su primera etapa, se
desenvolvió como un régimen híbrido (autoritarismo competitivo), pero, desde la llegada
del Sr. Maduro al poder, ha mutado abiertamente a un régimen extraordinariamente atípico,
en el que concurren la dependencia ideológica y el control político de Cuba, la vocación
totalitaria de los detentadores el poder (Libro Rojo PSUV y Documentos Fundamentales III
2 Congreso PSUV), la colonización o neutralización de todos los poderes públicos, y el total
menoscabo del estado de derecho.


3- Las circunstancias precitadas, han terminado forjando un Estado Forajido en el que
instituciones políticas fundamentales, el sistema de justicia (ordinaria y militar), sectores
económicos estratégicos, el monopolio del poder y la violencia legítima del Estado, ya no
van a estar en manos de la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución de
1.999, sino, de sujetos y organizaciones al margen de la ley, lo que ha propiciado una crisis
sistémica y terminal caracterizada por la precarización de la representación política, el
colapso de los servicios públicos, una emergencia humanitaria compleja, una crisis
migratoria, y severos daños antropológicos causados a la sociedad (a los que ha aludido
PROVEA), como el servilismo; el miedo a la represión; el miedo al cambio; atonía política,
de responsabilidad cívica, y espiritual; desesperanza; desarraigo, e, incluso, exilio dentro
del país (insilio).


4.- En los últimos lustros (especialmente el último), la irregularmente constituida Sala
Constitucional, junto a las, también, irregularmente constituidas Salas Plena y Electoral
(Tribunal Supremo de Justicia), han jugado un rol preponderante en la gestación del Estado
Forajido. Sus “decisiones” carentes del más elemental sentido político, institucional,
jurídico y heurístico, han contribuido a sepultar los restos del estado de derecho,
produciendo “decisiones” aberrantes contra el orden constitucional y democrático, de
manera especial contra la Asamblea Nacional y sus miembros, en desmedro de la soberanía
popular y del derecho al sufragio (activo y pasivo).


5.- En este contexto, se produce la denominada “sentencia Nº. 65”, que se habría generado
en un supuesto proceso de amparo, respecto del cual, no obstante, haber sido declarada su
improcedencia, la irregular Sala Constitucional dice haber proferido las siguientes
decisiones de fondo: (i) Declarar la validez de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional,
3 conformada por: Luis Eduardo Parra Rivero y otros; (ii) Prohibir “la instalación de un
Parlamento paralelo o virtual” (sic), que no tiene ningún efecto jurídico (sic), y cualquier
persona pública o privada o institución que preste o ceda espacio para ello, será considerada
en desacato” (sic); “y cualquier acto ejercido como tal es nulo” (sic); (iii) Declarar la
improcedencia in limine litis la acción de amparo constitucional…”.


6.- Siendo que los firmantes de la “sentencia Nº. 65”, de manera clara e inequívoca,
forman parte del “proyecto de poder” (ya descrito); huelga hacer mayores consideraciones
jurídicas sobre ella, salvo que se trata de un pronunciamiento eminentemente político, que
busca eliminar el último vestigio de institucionalidad democrática que queda en Venezuela,
el cual, además, es absolutamente: (i) Incongruente, no sólo porque resuelve cuestiones
sustantivas, no obstante, haber declarado improcedente el amparo que -dice- fue ejercido,
sino, además, porque las inconsistencias entre su parte motiva y dispositiva, representan
graves atentados a la lógica formal; (ii) Aberrante, al calificar actividades, a las que están
obligados constitucionalmente los parlamentarios democráticos (parlamentar y sesionar),
como eventualmente punibles, y; (iii) Fraudulento, al evidenciar que su verdadero
propósito ha sido “pretender dar reconocimiento y validez”, para “negociar a espaldas de la
soberanía popular”, a un grupo de parlamentarios que han traicionado los mandatos
populares recibidos el 15 de diciembre de 2.015, y el 16 de julio de 2.016; quienes, además,
han aprobado la declaratoria de abandono del cargo del Sr. Maduro, así como, los
diferentes acuerdos denunciando la usurpación desde el 10E (2.019), y; por supuesto, el
Estatuto que rige la Transición a la Democracia, hoja de ruta aprobada por la Asamblea
Nacional para la restauración constitucional y democrática ante la usurpación.

Por tanto, el Bloque Constitucional, teniendo como uno de sus objetivos
fundamentales la defensa del orden constitucional y de la institucionalidad
democrática, ha acordado:


PRIMERO: Convocar a la Asamblea Nacional, a los sectores democráticos de Venezuela,
y a la comunidad democrática internacional a desconocer la denominada “sentencia Nº.
65”, no sólo porque emana de una instancia pseudo jurisdiccional, irregularmente
constituida, sino, además, por ser manifiestamente nula, ineficaz, incongruente, aberrante, y
fraudulenta.


SEGUNDO: Acompañar a la Asamblea Nacional en la batalla por la defensa del último
vestigio de institucionalidad democrática que queda en Venezuela, divulgando con sus
miembros, a través de foros, charlas, conferencias, entrevistas, etc., a toda la comunidad
nacional e internacional, la naturaleza y fines de la denominada “sentencia Nº. 65”, y las
implicaciones para los demócratas venezolanos de tener éxito el zarpazo final contra esta
institución democrática.


TERCERO: Recordar, a los firmantes de la denominada “sentencia Nº. 65”, que la
condición de magistrados (que se arrogan, al firmar el precitado documento), representa no
sólo un ejercicio técnico jurídico, sino, un ejercicio esencialmente ético, por tal razón, al
suscribir la referida opinión pseudo-jurídica han asumido plena responsabilidad (jurídica y
ante la historia) por un acto que pretende erigirse en sepulturero del último vestigio de
institucionalidad democrática.

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1 comentario

casildo melehandado 30/05/2020 - 07:36

El Mikel cree que se la está comiendo. Se va a echar una atarugada.

Los comentarios están cerrados