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Cabo Verde acepta el reto de ir ante La Haya por captura de Alex Saab

Por Beisy Andreina Serrano
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Alex Saab

Caracas, 15 de julio del 2020. Ulisses Correia e Silva, primer ministro de Cabo Verde, se pronunció sobre el arresto del barranquillero Álex Saab el pasado 12 de junio y sobre la decisión de la defensa del señalado testaferro de Nicolás Maduro de llevar el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

Al ser abordado en la mañana de este miércoles por la prensa de su país, el funcionario dijo que no iba a dar detalles del proceso. Sin embargo, manifestó que están listos a argumentar las actuaciones de Cabo Verde si son llamados a instancias internacionales.

“Es un proceso que está bajo decisión judicial; por lo tanto, esperaremos y en el momento correcto Cabo Verde hará algún comentario si esto sucede”, refiriéndose al anuncio de la defensa del “agente especial” del régimen de Nicolás Maduro de proceder en contra de Estados Unidos y de Cabo Verde.

Primer Ministro de Cabo Vede Cabo Verde.

Si bien el primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, no quiso dar detalles de la investigación, dijo que irán ante La Haya a sustentar sus decisiones.

El argumento es el mismo que se ha usado en todos los procedimientos de la defensa: que Saab iba en misión diplomática a conseguir alimentos y medicamentos de cara a la pandemia y fue arrestado ilegalmente, violando su inmunidad.

La contratación del exjuez español Garzón la reveló el propio abogado caboverdiano de Saab, José Manuel Pinto Monteiro, quien incluso anunció que se pedirá una millonaria indemnización por lo que consideran fue una violación injusta de un derecho reconocido internacionalmente.

En efecto, se sabe que Garzón pedirá que se le reconozca al barranquillero una indemnización por daños patrimoniales y de imagen por entre 5 y 12 millones de dólares.

El exjuez se hizo célebre por dictar (en 1998) un auto de procesamiento contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990). Su decisión mantuvo al fallecido militar durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.

Con información de El Tiempo.

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