Caracas, 11 de julio de 2018. La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) reportó este miércoles al menos 264 muertes y 1.800 heridos a raíz de las protestas que sacuden a Nicaragua desde abril.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, denunció “el deterioro, profundización y diversificación de la represión en Nicaragua en la última semana”, al presentar un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

“Los detenidos por las autoridades nicaragüenses han sido víctimas de violencia, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladados a la sede de la Policía Nacional», aseguró Abrao.

Agregó que la CIDH ha observado nuevas formas de represión contra las personas participantes en las protestas y opositores al gobierno y una afectación particular en niños, niñas y adolescentes.

El canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó categóricamente el informe. “Es apresurado, prejuiciado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, imparcialidad y de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad de lo que realmente ocurre en Nicaragua”, apuntó.

Moncada atribuyó la violencia a “grupos terroristas” y al crimen organizado que buscan derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega.

Venezuela y Bolivia fueron los únicos países que expresaron su apoyo al gobierno de Ortega.

Al menos una decena de países exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar los derechos humanos. Uno de los más críticos fue Estados Unidos, cuyo embajador Carlos Trujillo acusó al gobierno de Ortega de impedir el trabajo de la CIDH.

La de este miércoles no fue la primera vez que el Gobierno de Ortega ha desprestigiado la labor de la Comisión en Nicaragua, donde la CIDH está presente de manera permanente a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que llegó al país centroamericano en la última semana de junio con la meta de asistir a la Comisión de Verificación y Seguridad de la Mesa de Diálogo Nacional.

Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social y tras la represión se han transformado en un reclamo general para la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

 

Con información de AP y Efe

 

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