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(+Comunicado) Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV se pronunció ante ataques contra la AN

Por María Alejandra López
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AN nuevos representantes diplomáticos

Caracas 22 de enero de 2019. Mediante un comunicado de cinco páginas la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, se pronunció ante ataques contra la Asamblea Nacional.

La misiva explica dos puntos:

  • Sobre la legitimidad del actual TSJ para juzgar a la Asamblea Nacional
  • Inconstitucionalidad de la desición 003/2019 que declara la nulidad al acto parlamentario mediante el cual se designó la actual junta directiva de la AN.

Sobre el primer punto destacan que: «Es público y notorio que la actual integración del Tribunal Supremo de Justicia es producto de una elección fraudulenta realizada en diciembre de 2015».

En cuanto al segundo punto, indican que: «Tanto la decisión del 11 de enero de 2017, como la decisión de este 21 de enero de 2019, emitidas por el ilegítimo, inconstitucional, Tribunal Supremo de Justicia violan flagrantemente el principio fundamental de soberanía popular establecido en el Artículo 5 de la Constitución, el principio de supremacía y fuerza normativa de la Constitución previsto en el Artículo 7 de la Carta Magna y la atribución exclusiva y excluyente que tiene el Parlamento venezolano para designar su Junta Directiva previsto en el Artículo 194 constitucional».

A continuación el comunicado íntegro:

FRENTE A LOS ATAQUES DEL DESPOTISMO A LA LEGÍTIMA ASAMBLEA NACIONAL

Sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 21 de enero de 2019, por la que supone la nulidad de la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y de su Presidente, el Diputado Juan Guaidó, la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Centra de Venezuela se pronuncia:

I

SOBRE LA LEGITIMIDAD DEL ACTUAL TSJ PARA JUZGAR A LA ASAMBLEA NACIONAL

La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela recuerda que el Artículo 136 constitucional prevé el principio de separación de Poderes indicando que: “El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.”, y que el Artículo 254 constitucional establece que: “El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa.”, por lo que para tales efectos la Constitución dispone en sus Artículos 263 y 264 constitucionales, como garantías para la independencia y autonomía del Tribunal Supremo de Justicia, los requisitos y el procedimiento para la elección legal de sus magistrados. Así como el Artículo 256 estipula que: “con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o las magistradas, […] desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista”.

Igualmente, la Cátedra de Derecho Constitucional recuerda que el Artículo 255 constitucional pauta que “los jueces o juezas son personalmente responsables, en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.”

Es público y notorio que la actual integración del Tribunal Supremo de Justicia es producto de una elección fraudulenta realizada en diciembre de 2015 por los hechos siguientes: i) Los candidatos a magistrados no reunían los requisitos constitucionales y legales para ser electos, como resultó evidenciado en la investigación parlamentaria que concluye mediante informe aprobado por la Asamblea Nacional en sesión del 14 de julio de 2016. ii) Se violentó el procedimiento para la elección de los mismos. iii) Se eligieron magistrados a personas de reconocida militancia partidista oficialista y actuación política. iv) La elección de dichas personas como magistrados tuvo como único objetivo el someter el Tribunal Supremo de Justicia a los intereses políticos de la fracción política que controla la Presidencia de la República. Estos hechos violan principios constitucionales fundamentales, como son los de la separación de poderes, de independencia y autonomía del Tribunal Supremo de Justicia, e, igualmente, el intangible principio del Estado democrático, social, de derecho y de justicia.

La finalidad de integrar de manera fraudulenta el Tribunal Supremo de Justicia es contraria al bien común; políticamente inaceptable en una sociedad democrática, a todas luces es también inconstitucional, e implica, diversos ilícitos con responsabilidad individual inclusive para sus miembros. Los múltiples ilícitos se constatan en los hechos siguientes: i) Sirvió para que la Sala Electoral del TSJ paralizara la incorporación de los Diputados electos por el Estado Amazonas en diciembre de 2015, con el único propósito de que la oposición venezolana no tuviera una mayoría calificada que le permitiera modificar o aprobar leyes orgánicas ni aprobar otros actos legislativos. Proceso judicial que la Sala Electoral no ha activadodurante tres años, encontrándose sin sentencia y, de ser el caso, sin la realización de una nueva elección. En suma, denegando justicia, y privando, en su criterio, al Pueblo de Amazonas de su soberanía. ii) La misma Sala Electoral ha paralizado todas las elecciones de las universidades, sindicatos y gremios en las cuales es del conocimiento público que la facción política oficialista aparece con intereses involucrados. iii) Por su lado, la Sala Constitucional del TSJ, mediante sus “sentencias” 155 y 156 de 2016 contribuyó a un autogolpe de Estado, a la ruptura del hilo constitucional,fraguado por la facción política oficialista, por cuanto: a) Desconoce la legitimidad política democrática y las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, declarando de manera insólita que un Poder Público se encuentra en “desacato”. b) Invadir las funciones de la Asamblea Nacional, asumiendo el TSJ para sí parte de sus competencias y otorgándole a la Presidencia de la República otras funciones del Parlamento, enervandola consagrada separación de Poderes establecida en el Artículo 136constitucional. iv) El TSJ ha servido, además, para intentar darle, mediante “sentencias”, validez constitucional a las decisiones políticas de la fracción oficialista, como: a) Mantener contra las disposiciones constitucionales un régimen de estado de excepción permanente que le otorga poderes ilimitados a la Presidencia de la República, contrariando la universal doctrina sobre la materia. b) Convocar de manera fraudulenta la elección de una simulada, inconstitucional, ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente sin consultar al Pueblo soberano. c) Justificar las decisiones arbitrarias de convocar a destiempo procesos electorales, inhabilitar a los partidos y candidatos políticos que eran competidores fuertes a la facción que controla la Presidencia de la República, desconocer garantías electorales, y pretender validar jurídicamente los resultados fraudulentos de procesos electorales arbitrariamente convocados y cuestionados en Derecho en sus resultados.

Por todo lo antes descrito, la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela se pronuncia ante el país, señalando que el actual Tribunal de Justicia es ilegítimo, ilegal, inconstitucional y que actúa parcializado al pretender desconocer la elección de la actual Junta Directiva de la legítima y constitucional Asamblea Nacional.

II

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DECISIÓN 003/2019 QUE DECLARA LA NULIDAD AL ACTO PARLAMENTARIO MEDIANTE EL CUAL DE DESIGNÓ LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Mediante la Decisión 003/2019, la Sala Constitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia instalada en el edificio sede, ubicada en la Av. Baralt de Caracas, se decidió que “la Asamblea Nacional no tiene Junta Directiva válida, incurriendo la írrita “Directiva” elegida el 5 de enero de 2019 (al igual que las “designadas” inconstitucionalmente durante los años 2017 y 2018), en usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 constitucional”.

Una decisión similar se pretendió aplicar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa por el pueblo venezolano en las elecciones Parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. En efecto, por decisión judicial de fecha 11 de enero de 2017, con respecto a la Junta Directiva designada por el Parlamento el 5 de enero de 2017 y Presidida por el Diputado Julio Borges, el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia declaró esa Junta Directiva del año 2017 y sus actos como supuestamente inválidos y nulos.

Tanto la decisión del 11 de enero de 2017, como la decisión de este 21 de enero de 2019, emitidas por el ilegítimo, inconstitucional, Tribunal Supremo de Justicia violan flagrantemente el principio fundamental de soberanía popular establecido en el Artículo 5 de la Constitución, el principio de supremacía y fuerza normativa de la Constitución previsto en el Artículo 7 de la Carta Magna y la atribución exclusiva y excluyente que tiene el Parlamento venezolano para designar su Junta Directiva previsto en el Artículo 194 constitucional.

La Asamblea Nacional es uno de los Poderes Públicos del Estado venezolano. Uno de los que debe ser electo directamente por el pueblo y que representa a todos los venezolanos. La pretensión del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia de desconocer e incluso calificar como no válida la Junta Directiva que se designó en fecha 5 de enero de 2019, atenta directamente contra el principio de la soberanía popular que reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente e indirectamente a través de sus representantes, los Diputados delaAsamblea Nacional. Ninguna otra institución exhibe esa cualidad.

Por otra parte, la Decisión 003/2019 de fecha 21 de enero de 2019 de la Sala Constitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, viola flagrantemente la atribución exclusiva y excluyente del Parlamento de designar constitucionalmente cada 5 de enero su Junta Directiva por el voto de sus integrantes. El desconocimiento arbitrario de esa decisión viola las garantías constitucionales institucionales de autonomía e independencia que tiene el Parlamento venezolano como Poder Legislativo Nacional y constituye una injerencia absolutamente inconstitucional e ilegítima en la organización, funcionamiento, administración, representación y dirección del Poder Legislativo venezolano.

Finalmente; debe indicarse que el reiterado argumento de un supuesto “desacato” que desde el año 2016 viene repitiendo injustificadamente el ilegítimo, ilegal, inconstitucional y fraudulento Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional para, en forma arbitraria e inconstitucional, desconocer su legítima autoridad, sus potestades y competencias constitucionales, así como sus decisiones, es una arbitrariedad, una falacia, un despropósito, porque no se puede aplicar y atribuir a un Poder Público del Estado venezolano, y mucho menos ala Asamblea Nacional electa por el pueblo.

El desacato, como figura jurídica y legal se aplica en determinados ordenamientos jurídicos, previa previsión legal expresa y concreta, contra personas que en su esfera particular no acaten decisiones judiciales válidas y legítimas, lo cual no es el caso pretendido por el ilegítimo, ilegal, inconstitucional y fraudulento Tribunal Supremo de Justicia.Nunca se puede atribuir en forma genérica para un Poder Público del Estado y, menos aún, con respecto a todo el cuerpo parlamentario que tiene su legitimidad en el voto popular y en su actuación conforme a la Constitución.

Esta Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuelaconsidera ilegal e inconstitucional el pronunciamiento contenido en la decisión del ilegítimo, ilegal, inconstitucional y fraudulento Tribunal Supremo de Justiciain comento, de acuerdo a la cual, los integrantes de la Junta Directiva delaAsamblea Nacional estarían incursos en el supuesto de “usurpación de autoridad previsto en el artículo 138 de la Constitución”. La usurpación, como ya lo ha indicado esta Cátedra en su pronunciamiento del pasado 31 de diciembre de 2019, es una situación en la cual se encuentra quien ejerce ilegítimamente un cargo. A mayor abundamiento,Nicolás Maduro usurpa el cargo de Presidente de la República, por no haber sido electo por el pueblo para el período 2019-2025, y carecer, desde luego, de autoridad pública.

En virtud de lo expuesto, no procede en Derecho calificar la designación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional como nula o ineficaz. Por el contrario,se trata de una decisiónautónoma, legítima y válida, enmarcada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, designada para ello por la soberanía nacional en votaciones libres, secretas, válidas, universales y directas..

PROFESORES DE LA CÁTEDRA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Prof. Tulio Álvarez

Jefe de Cátedra, Escuela de Derecho

Prof. Nelson Chitty La Roche

Jefe de Cátedra, Escuela de Estudios Políticos y Administrativos

Prof. Isabel Cecilia Esté

Jefe de Cátedra, Escuela de Estudios Internacionales

Prof. Oscar Arnal

Prof. Alberto Blanco-Uribe Quintero

Prof. Julio César Fernández Toro

Prof. Leonel Alfonso Ferrer

Prof. José Vicente Haro

Prof. Gustavo Alberto Manzo Ugas

Prof. Carlos Martínez Cerruzi

Prof. Moisés Enrique Martínez

Prof. Rafael Quiñonez Urbaez

Prof. Juan Manuel Rafalli

Prof. Eduardo Sánchez

Prof. Enrique J. Sánchez Falcón

Prof. Félix Sánchez

Prof. Gustavo Tarre Briceño

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