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CPI inicia examen preliminar por presunta «fuerza excesiva» por parte de los funcionarios del Estado en Venezuela

Por Robert Lobo
CPI

Caracas 08/02/2018- Este jueves la Corte Penal Internacional (CPI), anunció el comienzo de un examen preliminar para atender las denuncias hechas en esta institución, por presunto uso de «fuerza excesiva» por parte de los funcionarios del Estado para dispersar y reprimir manifestaciones y graves abusos a detenidos durante las protestas ocurridas desde abril del 2017. Así lo informó la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, a través de unas declaraciones.

«El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención», indicó la Fiscal.

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Bensouda, señaló que desde el año 2016, ha seguido de cerca la situación en nuestro país, considerando que Venezuela forma parte del Estatuto de Roma.

«No hay plazos establecidos por el Estatuto de Roma para la duración de un examen preliminar. Según los hechos y las circunstancias de cada situación, decidiré si iniciar una investigación, sujeto a revisión judicial cuando corresponda; continuar con la recopilación de información para establecer un fundamento fáctico y jurídico para tomar una determinación; o declinar la apertura de una investigación si no existiera un fundamento razonable para proceder»,manifestó.

Por último reiteró que la Fiscalía emprende esta labor con total independencia e imparcialidad, en concordancia con su mandato y los instrumentos jurídicos aplicables de la CPI. Al hacerlo, esperamos contar con la plena cooperación de las autoridades nacionales competentes en Filipinas y en Venezuela.

Con información de la Corte Penal Internacional

Foto: Archivo

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