Caracas, 02 de septiembre de 2019/.- De acuerdo a un boletín del Observatorio Venezolano electoral – OEV -, “la próxima elección que se desarrolle en Venezuela encontrará al país con más del 10 % de su población en situación migrante (ONU). Este inédito escenario representa un desafío para el ejercicio del derecho al voto, porque abre una serie de obstáculos a vencer desde los puntos de vista del registro, la logística y la operatividad”.

Resulta todo un reto el establecimiento de una infraestructura que abarque un gran número de países y que garantice el voto en el exterior, un derecho que la Constitución de 1999 amplió a los venezolanos residentes fuera del territorio nacional, válido solo para comicios presidenciales, señala.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009) dedica uno de sus 233 artículos al voto en el exterior. Es el 124 y dice que solo podrán sufragar en el exterior los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. También podrán sufragar en el exterior los funcionarios adscritos a las embajadas, consulados y oficinas comerciales.

En las presidenciales de 2013 eran 100.495 los nacionales registrados para votar en el exterior; tres veces más en comparación con el 2003. Para las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, la cifra había ascendido a 108.623 electores, según fuentes oficiales. Menos de 10.000 nuevos inscritos, justamente en este lustro marcado por un éxodo nacional sin precedentes, en muchos casos signado por una migración forzada, como consecuencia de la grave crisis política, económica, social, institucional y de derechos humanos que atraviesa Venezuela, detalla el OEV.

Naciones Unidas calcula que entre 2013 y 2018 -esto es, entre una y otra elección presidencial- unos 2,3 millones de venezolanos se vieron obligados a abandonar el país. Si se coteja esta estadística con la data de registrados para el sufragio y con el Registro Electoral nacional de 20 millones de electores, se evidenciará el embudo que significa para los venezolanos en el exterior mantener su derecho al voto.

El mismo artículo 124 de la LOPE delega al Consejo Nacional Electoral la responsabilidad de determinar mediante reglamento el procedimiento para poder votar en el exterior. Se trata de electores que posean residencia legal, no todos. Quedan por fuera muchos; de hecho, la mayoría. Un estatus migratorio irregular es precisamente una de las condiciones de buena parte de la diáspora venezolana.

Pero, como advierte un trabajo de Eugenio Martínez fechado a principios de 2018, “demostrar residencia legal no es el único obstáculo que deben enfrentar los venezolanos para poder votar en el exterior”. Para la fecha, el gobierno tenía representaciones diplomáticas en 85 países. De estos, reportaba el periodista de la fuente electoral, “solo cinco consulados (4%) realizan sistemáticamente los trámites que permiten la inscripción en el Registro Electoral de nuevos electores o solicitar el cambio de centro de votación ubicado en Venezuela a una representación diplomática”.

Debido las circunstancias bajo las cuales emigran diariamente decenas de venezolanos, aunado a la insuficiente capacidad instalada, caben las preguntas: ¿Debería reconsiderarse lo previsto en la norma? ¿Y si se exigiera a los venezolanos los mismos requisitos para votar tanto fuera como dentro del país?

De cara a establecer reflexiones para Venezuela, el OEV enumerar tres elementos.

Primero, el voto por correo u otros medios físicos o digitales tiene por delante el reto de la generación de confianza, como advierten expertos en materia electoral. Segundo, la capacidad consular de la República, que se aproxima a las 120 delegaciones en total, se halla diezmada producto de la coyuntura política de ejercicio del poder que ha caracterizado la Venezuela del 2019. Y, tercero, la hipotética opción de desarrollar el evento electoral en espacios diferentes a los consultados también abriría otros debates y necesidades de normativa.

El voto en el exterior suele relacionarse con impresiones, no siempre ciertas, como que son más de 5 millones los que emigraron; o que el 100 % votaría, o que es fácil organizar el proceso. Este tema parece, por lo pronto, un ángulo del asunto electoral que todavía no se analiza, por lo menos de manera generalizada, entre la opinión pública y en la arena política. Más allá de la legislación existente, todo acuerdo político nacional debe incorporar este aspecto: que puedan votar los que emigraron.

El OEV explica que el CNE no informa en su web los resultados del voto en el exterior para las presidenciales de 2018. Sí están publicados los resultados del voto en el exterior hasta 2013, cuando Henrique Capriles aventajó con 92,4 % de los sufragios (poco más de 56.000) a Nicolás Maduro. También en las presidenciales de 2012 Capriles superó con 90% (sobre los 61.000) a Hugo Chávez. Alrededor de 40.000 venezolanos en el exterior, residentes y registrados, se quedaron entonces sin expresarse.

Puede leer en artículo completo en la página oficial del OEV

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