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Declaración de la OMCT y COFAVIC sobre Venezuela: “Bajo el Estado de Alarma han aumentado los ataques a defensores de los DDHH”

Por Robert Lobo
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Colombia Derechos Humanos

Caracas 15 de julio de 2020. La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) emitieron una declaración conjunta este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se presentó la actualización del informe de la alta Comisionada Michelle Bachelet, sobre la crisis en Venezuela.

Declaración conjunta de la OMCT y COFAVIC sobre Venezuela

En Venezuela, persiste un clima generalizado de violencia que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Entre enero de 2012 y marzo de 2020, COFAVIC ha podido documentar 11.328 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales. Son los jóvenes de sectores populares las principales víctimas y la impunidad ha sido un eje transversal. El 71% de los casos se dieron en el marco de operativos especiales y el 55% ocurrió a plena luz del día, como forma de control social en las zonas donde sucedieron los hechos. El gobierno ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Alta Comisionada sobre la disolución de las FAES. Las mujeres suelen estar en primera línea de la lucha por la verdad, la justicia y la reparación en casos de violaciones de derechos humanos. Estas mujeres se enfrentan a la exclusión social debido a la vergüenza pública y a la estigmatización y, en muchos casos, denuncian amenazas y actos de hostigamiento y criminalización.

En este contexto, es de vital importancia mencionar las dificultades que presentan las personas que defienden derechos humanos en Venezuela. Bajo el Estado de Alarma han aumentado los ataques en su contra, especialmente en el caso de periodistas y profesionales de la salud que han ejercido su libertad de expresión para informar sobre la gestión de la crisis sanitaria.

Por último, el derecho a la tutela judicial efectiva ha sido fuertemente afectado en este contexto de pandemia. El 16 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia dispuso que ningún tribunal despacharía, con la única excepción de las acciones urgentes. Esto ha creado un riesgo de arbitrariedad por parte de los funcionarios que expone a las víctimas de violaciones a derechos humanos a una mayor desprotección e indefensión en un contexto de emergencia humanitaria compleja y de una crisis de derechos humanos.

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