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(Opinión) El lucrativo negocio de la “economía centralizada” desde los cuarteles. Por José Porras

Por Punto de Corte
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cuarteles Venezuela
España, 12 de julio de 2020.
Por: José Porras*

En la alborada del siglo XXI, Venezuela fue testigo del arribo de la Revolución Bolivariana. Aquella colección de actores representaron un nuevo orden político, que a la postre ha dejado un trágico legado en el horizonte de aspiraciones de los venezolanos y su anhelo de transformación en una sociedad desarrollada. La ciudadanía ha padecido la imposición de un precario esquema de vida, similar al de Cuba, Corea del Norte y demás modelos totalitarios a la sazón. En este orden de ideas, cabe señalar que  los regímenes representados en Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se apegaron a la práctica de concentrar poder mediante la violación de los linderos constitucionales, la institucionalización de la arbitrariedad y la vulneración de los derechos económicos.

¿Cómo se ha llegado a este funesto desenlace? La respuesta la vislumbramos en la política de apropiación de medios de producción; expresada a través de mecanismos confiscatorios y expropiaciones, que finalmente, ha propiciado el alza de una burocracia militar que monopoliza gran parte de la actividad económica del país. Llegados a este punto, es necesario que pasemos al análisis de las raíces que sostienen esta particular forma de interacción social y los retos que supone el dominio del aparato productivo nacional en manos de la estructura que emerge de los cuarteles , o  “tecnocracia militar” como la describe el teórico chavista William Izarra.     

Del comunismo de guerra de Lenin a la economía centralizada de Stalin

La piedra angular del pensamiento militar desarrollado en base a los postulados de Marx y Engels, descansa sobre la siguiente premisa: el origen de la guerra es el resultado de la existencia de sociedades de clases antagónicas y un sistema de explotación basado en la propiedad privada de los medios de producción. Vladimir Ilyich Lenin también teorizó en profundidad el tema castrense y aseveró en el 8vo Congreso del Partido Comunista Soviético que:

Estamos viviendo no solo en un estado sino en un sistema de estados, y la existencia de la República Soviética colindante a los estados imperialistas durante un período prolongado es inconcebible. Al final, uno u otro ganará. Y antes de esto sucederán una serie de las colisiones espantosas e inevitables entre la República Soviética y los estados burgueses.

Economía y guerra son, para los comunistas, dos ingredientes esenciales en su receta totalitaria. Al seguir estas líneas debemos tener en cuenta que el factor económico jugó un papel estratégico en el desarrollo de la guerra civil rusa. Así, los dirigentes bolcheviques implementaron la política del “comunismo de guerra” cuyos rasgos más importantes fueron la abolición legal de la propiedad privada y la ocupación forzosa de las empresas por parte de la clase obrera o “proletariado” que contó con el apoyo del Ejército Rojo y los aparatos de represión estatales.

El comunismo de guerra es un tema que se ha documentado exhaustivamente; su implementación desembocó en una hambruna masiva y el dramático saldo de millones de muertos, la descomposición política del sistema se hizo palpable en 1921. El Partido Comunista de la Unión de Soviets requirió reajustar la economía, y tras tensos debates en el seno del politburó se abrió un breve espacio a la iniciativa privada a través de la Nueva Economía Política (NEP), de manera que el régimen que aspiró a la creación de una sociedad igualitaria, solo pudo sobrevivir creando clases sociales.

A mediados de la década de los años veinte, Iosif Stalin ya hegemonizaba el poder de los soviets; el georgiano satanizó la NEP como forma de satisfacción de necesidades e impuso la “economía centralizada”, de manera que las preguntas: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? y ¿Para quién producir? quedaron finalmente en manos del Estado. Para ello, se creó un ente burocrático llamado “Gosplan” (subordinado al Partido Comunista) que fijaba las metas de la actividad económica en períodos de 5 años (llamados planes quinquenales), todo ello, a través de la socialización de la industria, la colectivización agrícola y el uso de mano de obra esclava proveniente de los campos de trabajo o “gulags”. Pero “…la producción estatal de los medios de producción no transforma el estiércol en oro…” tal como lo afirmó León Trotsky en su momento.

Ante el desastre estalinista, en el ocaso de 1929, se alzaron tímidas sugerencias de rectificación económica. De la mano de Leonid Ramzin y un conglomerado de ingenieros y economistas soviéticos se propusieron formas de creación, optimización y distribución de los recursos, pretensiones que ponían en peligro el control del partido sobre la economía. Como era habitual, aquel grupo de llamados “tecnócratas” fueron purgados y terminaron en una serie de condenas a muerte por haber confesado ser “saboteadores y conspiradores” del llamado “partido industrial”. Más adelante, la II Guerra Mundial tocó las puertas de la tiranía soviética y provocó que la  economía y la industria se subordinasen a las  necesidades militares del estado.

El enfoque bélico se abordó desde una perspectiva poliédrica y obligó a los planificadores de la guerra a repensar la estrategia militar a  una  escala  nunca antes vista, para ello se debía tomar en cuenta la actividad empresarial,  el  comercio,  la  industria,  la  banca  y  los sistemas  de  producción. En la década de los años setenta del siglo pasado, el Mariscal Nikolai Ogarkov formuló la premisa de que la doctrina militar de una nación contenía aspectos estrechamente interrelacionados e interdependientes: el ambiente sociopolítico, la visión técnico-militar y el fortalecimiento de los vínculos militares con la economía civil. Pero los repetidos llamamientos de Ogarkov, en un esfuerzo de reajuste del aparato productivo subordinado a los requisitos tecnológicos de las fuerzas armadas, inquietaron a los líderes del partido comunista. El mariscal fue sutilmente purgado y finalmente, serían los líderes del partido los que constituyeron la emergente clase oligárquica durante colapso soviético.  

El modelo cubano de transformación empresarial bajo gestión militar

En los apuntes de Fidel Castro al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba se desprende el hecho de que  “…miles de especialistas militares y técnicos soviéticos ayudaron a instruir las fuerzas armadas de Cuba y apoyaron con su asistencia en todas las ramas de la economía”. El triunfo de la Revolución Cubana implicó un esfuerzo sostenido y pormenorizado de direccionar la economía en el marco marxista leninista de la propiedad social sobre los medios de producción. En la década de los años setenta, la élite castrista impuso “…el desarrollo planificado de la  economía sobre la base de un plan único y la correspondiente planificación centralizada…”, política a través de la cual se adoptaron las principales decisiones del país.

La expansión soviética en la isla antillana logró que la figura del internacionalismo proletario, alcanzase su apoteosis en las décadas de los años setenta y ochenta. Vale la pena mencionar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR) descollaron como el sector burocrático más eficiente, gracias al aval de las operaciones militares ejecutadas en Angola, Namibia y Etiopía.  Pero el desplome de la Unión Soviética tuvo un profundo impacto en sus países satélites: en Cuba, la prometedora revolución que amalgamó voluntades cuando los triunfos militares lo permitían, ya no había misiones internacionalistas viables para su organización. En los años noventa, las FAR conservaban sólo pequeños reflejos de su pasado, el armamento y los equipos de guerra estaban desactualizados, eran inoperantes y carentes de mantenimiento.

Acorde con las anteriores ideas, la caída del campo socialista soviético sumió a Cuba en un largo período de crisis económica, llamado eufemísticamente “Período Especial”. Las contradicciones flotaban sobre la “nomenklatura” detentadora del poder; por un lado, el Secretariado del Partido Comunista abogó por mantener la planificación centralizada de la economía; por otra parte, un sector enraizado en las Fuerzas Armadas intercedió por una apertura al mercado, el otorgamiento de facilidades a la inversión extranjera y la “descentralización empresarial”. La supervivencia del comunismo cubano requería abrir la economía al “capital privado”, eso sí, sin experimentar la irrupción de la odiosa burguesía capitalista. En el año de 1991, como parte de una maniobra política, fue abolido el Secretariado del Partido, y así, Fidel Castro dio un contundente espaldarazo al sector emergente de los militares y los llamados tecnócratas: sector definido en la precaria opinión pública cubana como miembros del partido, egresados universitarios, con “un pasado militar” y, que aprendieron “…la importancia de pertenecer  a cierta élite”.

La facción irruptora asumió los costos de las políticas liberalizadoras, pero puso en manos de los tecnócratas, militares y agentes de los cuerpos de seguridad del Estado todo el peso de la actividad económica. La ecuación de control es simple, los mandos castrenses cubanos pueden gozar de privilegios ajenos al resto de la sociedad y entienden que en términos de organización, sus empresas podían funcionar como unidades militares: las líneas de comunicación son verticales, hay escasa discusión y poca participación decisoria de los trabajadores en la gerencia. Así es como presenciamos la representación de las FAR como un actor esencial en la lucrativa industria turística cubana bajo la fachada del Grupo de Administración Empresarial, Sociedad Anónima (GAESA) conglomerado que domina complejos hoteleros, marinas, agencias de rentas de autos, la red nacional de gasolineras y zonas especiales de desarrollo.

Cualquier análisis sobre el papel de los militares en Cuba debe tener en cuenta su rol determinante en la economía antillana. La militarización de la producción de bienes y servicios puede que no resuelva ningún problema esencial de la economía: como el del empleo o la eficiencia productiva, pero a través de esta forma de organización del trabajo, el régimen de los hermanos Castro ha logrado que la lealtad de los jefes militares a “la revolución” aparezca fuera de toda sospecha. El florecimiento de estas “Sociedades Anónimas”, además de asegurar el lucro personal y la cohesión de los mandos revolucionarios, minimiza el incómodo papel de los sindicatos y provee de empleo a los militares en retiro, por lo que el régimen se despreocupa que sus elementos formados para la guerra entren en tentaciones de desplazar al sistema por la vía armada.

Hasta el momento el paradigma cubano de transformación empresarial bajo gestión militar ha salido victorioso en función de sus fines de estabilización y mantenimiento del poder político en la isla caribeña. Conviene subrayar, que la aceptación de una apertura económica controlada, no ha implicado cambios estructurales en lo político y en lo castrense, el pensamiento militar de los oficiales cubanos apegado al programa histórico de la revolución cubana ha dado señales de permanecer intacto. Tan exitoso se ha mostrado el modelo, que patrones similares los encontramos en el nasserismo egipcio o el sandinismo nicaragüense, salvando las condicionantes objetivas en ambos casos, la ambición de control económico y un alto nivel de autonomía hacen que el elemento armado se atribuya la capacidad de dar continuidad a las revoluciones que los encumbraron, constituyéndose como árbitros superiores y principal poder eficaz de las sociedades que en teoría los armó para su defensa.  

El privilegio de pertenecer a la “tecnocracia militar” venezolana

Dentro de los grandes objetivos históricos y nacionales, planteados por la llamada Revolución Bolivariana, nos encontramos el impulso a “nuevas formas de organización de la producción” que pondrían al servicio de la sociedad los medios de generación de riqueza, para ello, el chavismo estimó “…fortalecer la planificación centralizada y el sistema presupuestario para el desarrollo y direccionamiento de las cadenas estratégicas de la nación.” Esta propuesta formó parte del objetivo estratégico de desarrollo del poderío económico nacional, y la ampliación del poderío militar para la defensa de la Patria. En síntesis, el texto despeja la cortina de una realidad en la cual se eleva el protagonismo corporativo militar sobre el resto de las instituciones de la comunidad política nacional.

La incursión de los militares venezolanos en el mundo de los negocios se puede interpretar, inequívocamente, como una réplica del modelo cubano de transformación empresarial bajo gestión militar. A continuación analizaremos los aspectos esenciales que nos despejan de toda duda. Primeramente, el rol de los oficiales en la gestión de la economía, se ha incrementado con el avance del proceso revolucionario, en años recientes, los militares de alta graduación dirigen al menos, medio centenar de las empresas estatales de carácter estratégico que proporcionan mejor rentabilidad. Además, la firma Proyecto de Reportes sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP por sus siglas en inglés) ha publicado un estudio muy completo que expone: “…la íntima relación financiera entre la Administración de Maduro y una camarilla de generales vinculados a empresas privadas cuyos lucrativos rendimientos garantizarían su lealtad al Presidente”.

Pero a ello hay que agregar una variedad de formas de control militar de la economía. Uno de los mecanismos más lucrativos es el ejecutado por la “cúpula dirigente” al mando de compañías militares de fondos públicos, como muestra más palpables tenemos: la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, petrolíferas y de Gas (Camimpeg); el Banco de la Fuerza Armada Nacional; el canal de televisión Tvfanb; empresas dedicadas a la producción agrícola como Agrofanb;  además de más de una decena de empresas que se crearon para el lucro militar, dedicadas a diferentes sectores como el de la construcción, el transporte y los servicios.

No debemos pasar por alto una innumerable cantidad de empresas nacionalizadas que están bajo gestión de oficiales activos o retirados: como la productora de aceite, industrias Diana; la empresa del vidrio, filial de la norteamericana Owen Illinois; Agroisleña que fue una comercializadora agrícola de capital español; o la cementera mexicana Cemex. Según datos aportados por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) y la patronal Conindustria, en el período del llamado proceso revolucionario se han nacionalizado, expropiado e intervenido más de cinco mil empresas; gran cantidad de ellas, sobreviven de manera precaria con militares en su junta directiva.

Otro mecanismo de control es el monopolio de negocios privados que contratan con el Estado, acá debemos citar la notable investigación del OCCRP, bajo el título de: El Club de los 35: cómo Venezuela compró la lealtad de sus generales, el documento expone los estrechos vínculos de contratos entre la administración de empresas estatales  y un selecto club de oficiales generales que se lucran utilizando a empresas privadas como fachadas. Vladimir Padrino López, quien ocupa el máximo cargo dentro de la cúpula militar, aseguró recientemente que la alternativa democrática venezolana “…no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como la que hoy tenemos, antimperialista, revolucionaria y bolivariana” Declaración que no causa ninguna sorpresa de un personaje que tiene “…vínculos con una constelación de empresas y propiedades en Venezuela y en Estados Unidos que valen varios millones de dólares…”, tal como lo ha plasmado el proyecto sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción.  

De seguidas, debemos abordar la estructura de monopolio de la economía subterránea mediante negocios ilegales. El prestigioso diario español ABC pudo conocer por diversas fuentes en el alto mando del Ejército venezolano “…que los militares no solo participan en el tráfico de drogas, sino que también manejan el contrabando de combustible en la frontera colombo venezolana, la minería ilegal de oro al sur del país, y el tráfico de armas y el de personas por las costas…” El documento hemerográfico, además cita el Informe anual de 2019 difundido en Viena por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Dependiente de la ONU), donde se señala que:

Hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el “Cártel de los Soles” para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales.

El incentivo de lucro económico se ve afianzado por la arquitectura legal de garantía a la impunidad, valga como ilustración que en diciembre del año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó eliminar del control fiscal a las empresas del sector militar al excluir a la Contraloría General de la República del papel de fiscalización sobre las empresas bajo gestión castrense, creando un ambiente de opacidad en el manejo de los recursos.

El reclamo de espacios por el estamento castrense chavista crece exponencialmente, sobre todo cuando la economía venezolana ha experimentado uno de los peores retrocesos en la historia contemporánea de la humanidad. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (2019 – 2020) indicó que Venezuela es el segundo país más desigual de América Latina y el más pobre de la región Latinoamericana, además, el estudio arrojó que el 79,3% de los ciudadanos no tienen cómo cubrir la canasta de alimentos, y a ello debemos añadir que el salario promedio de cualquier integrante de los organismos de seguridad del Estado no sobrepasa la barrera de los 30 dólares mensuales.  En la estructura de desigualdad de la sociedad venezolana, salta a la vista la “clase que ejerce el poder material dominante” ( Karl marx dixit) Esta nueva estructura es retratada y vindicada por el ideólogo chavista William Izarra en su reciente documento: Diez estudios para analizar el proceso revolucionario.

Para Izarra, la nueva clase que emerge de los cuarteles está compuesta por nada más y nada menos que los “tecnócratas”, y engloba a los “…técnicos del proceso productivo como a los especialistas en administración, planificación, organización, comunicación de masas, investigación de operaciones, análisis de sistemas…” El ideólogo chavista asume la firme creencia que la conducción de los conflictos pertenecerá al terreno de los tecnócratas, en desmedro de los estrategas y otros expertos en táctica. Por otra parte, asegura que la FAN tiene capacidad para administrar con criterios de mayor eficacia y racionalidad el aparato productivo nacional y en caso de colapso del sistema político, la tecnocracia militar “…intervendría como actores políticos y entrarían en escena con la finalidad de tomar el poder y asumir el control del sistema…” en resumidas cuentas, en un escenario de desplazamiento del chavismo por vías constitucionales, la revolución aspira a garantizar su continuidad con el estamento militar como un poderoso grupo de presión.

Además, Izarra describe una diferenciación de la tecnocracia militar en base a las relaciones de poder (sobre los pilares del mando y la obediencia) y que comprende dos elementos a saber: “La Cúpula Dirigente”, constituida por el Alto Mando Militar y los oficiales generales que ocupen los cargos de comandantes de grandes unidades; y el “Estrato Subordinado” formado por el resto del colectivo militar profesional. Por otra parte se establece una “Interrelación Formal” con el Gobierno Nacional, referida a la subordinación castrense al Presidente de la República. El ideólogo revolucionario destaca que el privilegio de selección de la cúpula dirigente debe obedecer a criterios  de cercanía “al partido de gobierno”, afinidad  “político-ideológica” o finalmente por “nexos familiares o de amistad”, por otra parte, concluye que el tecnócrata que aspire a ocupar cargos de mayor relevancia y formar parte de la cúpula dirigente no puede discrepar del funcionamiento burocrático de la Institución.

Las consideraciones anteriores sugieren algunas reflexiones en torno al fenómeno de la tecnocracia militar. El verdadero logro de la Revolución Bolivariana es la conducción milimétricamente planificada y magistralmente ejecutada de llevar a la ciudadanía venezolana a niveles de servilismo y miseria nunca antes vistos en nuestra Historia Republicana. Los hechos históricos han demostrado tajantemente que la pretensión de imponer una economía centralizada, termina por crear una economía secuestrada bien sea por el Partido Comunista o, como hemos apreciado en el presente escrito, por el ala militar que sostiene el status quo. Esta pretensión ha liquidado la consagración de las garantías de iniciativa privada, libertad económica y el derecho de propiedad consagrado en nuestro vigente texto constitucional. El desafío de las fuerzas democráticas es enorme, esperemos que durante un escenario de transición se aborde una política militar que logre consolidar los mecanismos de control civil sobre las actividades de quienes deberían ser en última instancia los administradores temporales de las armas de la República.

(*) Teniente coronel (R) / Doctorando en Ciencia Política

* Punto de Corte no se hace responsable de las opiniones expresadas en los artículos, quedando entendido que son de entera responsabilidad de sus autores.

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