Inicio Noticias (Opinión) El profesor Javier Vivas Santana y su “actividad criminal”: expresar ideas en el contexto de un gobierno totalitario. Por Luis Torres Nuñez

(Opinión) El profesor Javier Vivas Santana y su “actividad criminal”: expresar ideas en el contexto de un gobierno totalitario. Por Luis Torres Nuñez

Por Punto de Corte
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Articulista de Punto de Corte, Javier Vivas Santana se encuentra preso en el Rodeo III
Caracas, 3 de junio de 2020.
Por: Luis Torres Nuñez

Es público que Javier Vivas Santana (JVS) es un disidente político del régimen venezolano y uno de los articulistas venezolanos más leídos en los últimos años, y desde luego esto le ha propiciado un gran número de seguidores y detractores, que se sitúan en uno u otro lugar del escenario político -casi de forma automáticas y sin mayor raciocinio-, solo bajo la interpretación y encasillamiento de sus mensajes en las dos únicas alternativas que monopolizan la actuación política en Venezuela. Por tal razón, no es sorprendente leer que muchos de los argumentos de sus detractores para justificar su apresamiento, se sitúan quizás más en la forma -agresiva, obsesiva y continua- en la que JVS escribía sus opiniones, denuncias y reclamos, que en la misma naturaleza del supuesto “hecho delincuencial”. Tal como lo expreso el profesor Eligio Damas -quién ha dejado claro, no tener ninguna afinidad, sino un mar de diferencias con los planteamientos públicos y políticos de JVS- en su reciente artículo: “Leí artículos bárbaros donde se justificaba la detención de Vivas Santana por lo que habitualmente escribía y la forma; el asunto o motivo verdadero se le trató de manera tangencial. Había como alegría que detuviesen al tipo que decía aquellas cosas que no compartían y hasta les herían en su conciencia y piel. El aparente verdadero motivo no era para ellos lo importante sino la “preciosa” oportunidad para la venganza”. (Aporrea, 18 de mayo de 2020)

Ahora bien, de toda esta situación me queda claro que no es posible comprender los hechos ejecutados por JVS y los cargos imputables a él, si estos se continúan analizando de forma separada y sin considerar el contexto socio-político venezolano que condicionan las actuaciones del régimen frente a la postura de sus disidentes políticos, elementos que sin lugar a dudas están determinando la privación de su libertad.

En relación a los hechos ejecutados por JVS, encontramos: el día 25 de marzo de 2020, a las 12:47pm, el portal digital Expresa.me realiza una publicación bajo la autoría de “Alyson” titulada “Abren expediente a teniente de la Guardia del Pueblo de Venezuela tras divulgarse imágenes en las que posa completamente desnuda”; allí se observa una breve nota que relata un supuesto procedimiento en la institución castrense y los datos de los involucrados en los supuestos hechos; también publican una serie de fotografías, que según el portal, constituyen la evidencia del procedimiento disciplinario y señalan que la información ha sido tomaba de la denuncia de varios internautas.  Lo que hizo JVS, fue retuitear esta noticia el mismo día 25 de marzo de 2020, a la 1:37pm -50 minutos más tarde-, incluso empleando casi el mismo contenido, en su cuenta de Twitter @jvivassantana.

Ese mismo día 25 de marzo de 2020, a las 8:42pm JVS fue apresado -inconstitucionalmente- por la Dirección General de Contrainteligenia Militar (DGCIM) en su domicilio por averiguaciones y sin orden judicial. Luego, solo el día 04 de abril, fue cuando se conoció de la medida de privativa de libertad por el delito de “Instigación al Odio Social” tipificado en la Ley contra el Odio, y la determinación de 45 días para que se cumpliera la fase de investigación y conocer en la audiencia la causa real del delito. A la fecha JVS, no ha sido presentado a los tribunales, ha pasado por tres sitios de detención y continúa en aislamiento absoluto desde el primer día de su arresto.

Para precisar el contexto socio-político que determinan las actuaciones del régimen venezolano en contra de sus disidentes políticos, bastará con recordar la diferencia entre cómo actúan los gobiernos democráticos y los regímenes autoritarios frente a la libertad ciudadana para expresar sus opiniones e ideas – principalmente cuando estas se refieren a las actuaciones y responsabilidades del gobierno y sus funcionarios-.  En los gobiernos democráticos, estas cuestiones se dirimen en el terreno de la discusión y la argumentación política con mayor respeto y garantías sobre los derechos humanos de los ciudadanos; mientras que, en los regímenes autoritarios sus funcionarios sostienen por adelantado qué tipo de opiniones no deberían ser discutibles y por ello se controla, regula y persigue a quienes esgrimen argumentos en ese sentido.  

En Venezuela, han ocurrido toda una serie de macro eventos que hoy facilitan al régimen la regulación, el control y la persecución de la disidencia política y para dar una idea de lo que ello significa, puntualizamos rápidamente las principales violaciones constitucionales que ha orquestado el régimen contra el orden democrático venezolano en los últimos años. Nos referimos a: (1) Nombramiento inconstitucional de los magistrados “exprés”, recordamos que una vez que el régimen pierde el control de la Asamblea Nacional en el año 2015, empleó extemporáneamente -ya que el año legislativo había culminado legalmente- las facultades de la antigua Asamblea Nacional para proceder la noche del 23 de diciembre a designar los 34 magistrados -verdugos de la democracia venezolana- que hoy dirigen el TSJ. (2) La decisión de no celebración del referéndum revocatorio al cargo de la presidencia de la república por parte del CNE en octubre de 2016. (3) La elección inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el día 30 de julio de 2017. (4) Promulgación de La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, mejor conocida como la Ley contra el Odio -publicada en Gaceta Oficial 41274 de fecha 8 de noviembre de 2017-. La conjugación de todos estos eventos, son los que han dado lugar a la criminalización de la disidencia política en Venezuela, esta misma criminalización que hoy encarcelo a JVS y, sobre la cual él escribió abundantes denuncias en medios nacionales e internacionales.

Es claro que las actuaciones públicas en Venezuela, se sitúan en el contexto de un régimen totalitario, y las principales consecuencias -de estas actuaciones violatorias de los derechos humanos a sus disidentes-, se encuentran registradas en varios documentos publicados por los diferentes informes de los organismos nacionales e internacionales, y que se pueden discriminar de la siguiente forma:

(1) La cantidad presos políticos registrados para el 18 de mayo de 2020, es de 402 ciudadanos, discriminados en tres categorías: (1) Género: 376 Hombres y 26 Mujeres, (2) Por el tipo de condición: 275 Civiles y 127 Militares; (3) Grupo etario: 398 Adultos y 4 Adolescentes). (Reporte del Foro Penal)

(2) Los arrestos arbitrarios y detenciones con fines políticos registrados solo para el año 2019, fueron de al menos 2219 ciudadanos en todo el territorio nacional; algunos pasaron a engrosar la lista de presos políticos y los otros en su totalidad tienen los derechos políticos confiscados y regímenes de presentación ante los órganos judiciales.   (Reporte del Foro Penal)

(3) La última categoría y la más dolorosa, es la relativa a los asesinatos. En primer lugar, la cifra de asesinados directamente en las manifestaciones del año 2017 por los organismos de seguridad es de al menos 131 ciudadanos, según los registrados por el Foro Penal y; en segundo lugar, los ajusticiamientos hechos “solo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)” a los ciudadanos vinculados con la actividad política, se ubicaron en al menos 6856 ciudadanos entre el año 2018 y mediados del 2019, según el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, la cual insta a adoptar de inmediato, medidas para detener y remediar estas graves violaciones de los derechos humanos. (04 de julio de 2019 )

En relación a las anteriores actuaciones, no tengo dudas en precisar que la tortura -en sus diferentes manifestaciones- se ha convertido en la mayor práctica de control político que ha decidido emplear el régimen venezolano a sus disidentes. Es este contexto, en el que se enmarca el caso de la tortura  que emplea el régimen venezolano en contra de JVS, un profesor sencillo, humilde, con discapacidad visual y paciente de epilepsia crónica severa, que hoy se encuentra recluido, sin medicamentos y sin visita familiar, hechos que son considerados como una sentencia a muerte en el Rodeo III, todo esto para cumplir una condena que no le ha sido impuesta por ningún tribunal y, lo que es peor aún, por un delito inexistente y que nunca cometió.

Finalizo, sumándome al llamado que se le ha hecho a todo el pueblo de Venezuela para conformar un “Comité por los DDHH y la Libertad del Dr. Javier Vivas Santana”, y así promover y defender los Derechos Humanos que le garanticen la vida, salud, integridad y dignidad al Dr. Javier Vivas Santana.

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* Punto de Corte no se hace responsable de las opiniones expresadas en los artículos, quedando entendido que son de entera responsabilidad de sus autores.

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