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Entrevista a Keymer Ávila: “El problema radica cuando la excepción se convierte en la regla”

Por Punto de Corte
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Keymer Ávila

“Disolver la FAES es importante, pero no es suficiente”.

Recientemente fue lanzado el Informe regional del Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina, con motivo del mismo #SonDerechos, programa de radio de Provea por Fe y Alegría,  entrevistó el jueves 5 de septiembre a Keymer Ávila, Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, asesor y colaborador también de Provea, quién es el responsable del capítulo Venezuela de esta importante iniciativa. A continuación la entrevista completa:

Eduardo Torres (ET): Con  Keymer Ávila estaremos conversando sobre seguridad ciudadana y Derechos Humanos, así como sobre los informe del uso de la fuerza letal en Venezuela y varios países en América Latina. Un investigador de reconocida trayectoria en nuestra universidad y en nuestro país, muy contento aquí en son derechos de contar con su presencia.

KA: Buenas tardes, Eduardo muchas gracias por la invitación de Provea para compartir los principales hallazgos de este trabajo  en el que coincidimos investigadores de cinco países de la región: Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela. En el que intentamos acordar metodologías y fuentes en común para hacer un estudio comparativo sobre el uso de la fuerza letal en nuestros países, cuyos resultados pueden encontrar en la página del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina”.

ET: ¿Cuáles son las realidades Keymer que encontraste al hacer este importante estudio comparativo entre estos países y Venezuela?

KA: Cuando uno estudia en perspectiva comparada, es común tratar de caer en un “patriotismo negativo” pensar que todo lo peor ocurre solamente en nuestro país y que somos “los campeones” en las peores cifras. Para no caer en eso es importante ésta construcción de indicadores en común, con unos criterios objetivos.

Una de las primeras conclusiones en general de este informe fue el problema del acceso a la información y de la calidad de la misma, uno de los países de mayor opacidad fue México, al que le siguió Venezuela, en estos casos algunos indicadores de ambos países tuvimos que complementarlos con información de prensa. La segunda gran conclusión, es que todos los países, excepto Colombia cuya información oficial también es cuestionable presentaban cifras que estaban por encima de los entandares que habíamos estimado, por lo que se puede evaluar que hay un uso excesivo y abusivo de la fuerza.

En el caso de Venezuela constatamos informaciones, conclusiones de nuestras investigaciones anteriores, donde una de ellas la publicamos recientemente este año en Provea que tiene como título: “Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela”, donde hacemos un análisis más extenso, damos contexto, tenemos una perspectiva histórica y levantamos allí varios datos. El reciente informe del uso de la fuerza letal en Venezuela de alguna manera puede considerarse como una continuidad de este trabajo que hicimos este año con Provea, en este caso para el Monitor del Uso de la Fuerza Letal construimos indicadores de uso y abuso de la fuerza letal para poder contrastarlo con otro países de la región. ¿Qué vimos? Por ejemplo, para hablar de Venezuela es importante tener en cuenta que desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista constitucional, legal, en cuanto a manuales y protocolos de actuación podemos ser una referencia en la región, o sea, desde el plano del “deber ser” nuestro diseño de política y las leyes tienen como núcleo la protección del derecho a la vida, tenemos diversos protocolos  de actuación especializados en la materia, el problema es que nada de esto se aplica. Cuando revisamos las denuncias de ejecuciones extrajudiciales podemos ver que al menos durante los últimos 40 o 50 años son comunes en nuestro país. Sin embargo, a partir del año 2013 se puede ver un incremento más acelerado y abrupto de este tipo de denuncias. Así por ejemplo, en el año 2010 la tasa de muertes en mano de la fuerza de seguridad del Estado era de 2,3, seis años después llegó a 19 es un incremento de más de 700%, se puede afirmar que entre el año 2010 y el año 2018 –estos datos están actualizados con las cifras del informe de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU han muerto a mano de la fuerza de seguridad al menos unas 23.688 personas, el 69% de estos casos ha ocurrido durante los últimos tres años.

En cuanto a la tarea de elaboración de indicadores, siempre se priorizó en la información oficial, la mayoría de estos indicadores tienen como base la información dada por las autoridades del Estado, en casos muy excepcionales cuando esta no existía fue que se complementó  con una base de datos de registro de casos que aparecían en las noticias, esto es una base de datos propia que contrastamos con la información del capítulo  del “Derecho a la vida” de Provea y con la del “Monitor de Victimas” que hace un seguimiento en el Área Metropolitana de Caracas, esta base de datos se puede considerar como un trabajo en conjunto de colaboración con Provea y con el Monitor de Víctimas.

ET: Es decir, desde el 2013 se agudiza lo que es esta problemática de la fuerza letal por parte de los organismos de seguridad, ahora ¿Cómo incide Keymer el uso de esa fuerza, el incremento de esa fuerza letal con respecto a la instituciones del Estado, al deterioro de la institucionalidad, si el elemento como la pérdida del Estado de Derecho, la disminución, la restricciones cada día más acelerada contra las libertades, se lleva una relación ese indicador?

KA: Sí, sin duda el incremento de la muerte en manos de las fuerzas de seguridad del Estado puede considerarse como un indicador de un proceso de precarización y deterioro institucional que no es de ahorita, lleva décadas, o sea, lo que estamos  viviendo nosotros es el resultado de un proceso que lleva muchos años en el país y que se ha acelerado durante los últimos períodos. Incluso no solamente aumentó en el  año 2013, sino que en el año 2015 y en el año 2016 presenta brincos abrumadores y esto, está íntimamente relacionado con campañas de operativos policiales militarizados como los de OLP, o apartir del año 2017 con el apoyo de organismo como las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.

Me gustaría compartir con ustedes cuales fueron los indicadores que construimos en el grupo regional, tenemos como dos grandes indicadores, los primeros son de “incidencia” y los segundos son de “abusos”. Los indicadores de incidencia tienen que ver con la intensidad en el uso de la fuerza, ahí vemos la magnitud de la violencia que ejerce la policía, pero también la violencia que padecen las fuerzas de seguridad. Sin duda el oficio de policía es una labor de alto riesgo y los policías también tienen vulnerabilidades, entonces en estos primeros indicadores vemos números absolutos y también las proporciones que la violencia de la policía y la violencia contra la policía tiene en un país ¿Cuáles fueron las cifras para el caso de Venezuela? para el año 2017 -es una información oficial que dio el Ministro de Interior a finales de ese año- unas 4.998 personas resultaron fallecidas en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, esta cifra representa una tasa de un 15,9 personas fallecidas por intervención de la fuerza pública por cada 100.000 habitantes, éste número es mayor que la tasa de homicidio de la mayoría de los países, para ver las proporciones, el país que le sigue a Venezuela es El Salvador con una tasa de 6,8,  y muy lejos está Brasil con una tasa de 2,3.

Otra tasa que sacamos es la de civiles muertos por cada mil agentes de seguridad y en este caso, también las posiciones entre los países de alguna manera se conservan, la tasa para Venezuela fue de 28,6 y muy de lejos está El Salvador con una tasa de 9,9, seguida de Brasil de 7,8. Después evaluamos las violencias contra los policías, los funcionarios víctimas de homicidio, esto tiene como antecedentes un par de trabajos que hemos hecho con casos del 2013 en el Área Metropolitana de Caracas y con casos del 2016 para todo el país, contamos para el 2017 unos 157 funcionarios víctimas de homicidios de éstos solamente 157, es decir, el 36% se encontraba en el ejercicio de sus funciones (…) esto ratifica los resultados de las investigaciones anteriores, vemos la mismas tendencias en el año 2017, esta cifra de funcionarios fallecidos nos dio una tasa de 0,3 funcionarios por cada mil agentes, similar a la que presentó Colombia, inferior a la de México y superior a la de Brasil y El Salvador.

Ahora vamos a explicar los indicadores que para una organización de Derechos Humanos son de especial interés, se trata de los indicadores de abuso, con estos intentamos medir en un conjunto de casos si se pueden apreciar, determinar, detectar patrones de uso excesivo o abusivo de la fuerza, esto tiene que ver, en palabras muy sencillas, con la proporcionalidad en el uso de la fuerza letal. El primero de ellos es el porcentaje que estas muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado representan dentro del total de homicidios en un país, para el año 2017 las muertes en manos de la fuerzas de seguridad del Estado representan el 26% de los homicidios en Venezuela, es decir, que uno de cada cuatro homicidios es consecuencia de la intervención de la fuerza pública del Estado, pero al año 2018 estas cifras empeoraron. Esto lo podemos ver en el informe de la Alta Comisionada para la para los Derechos Humanos de las ONU, este porcentaje subió al 33%, es decir, que 1 de cada 3 homicidios que ocurren en el país es con ocasión de la intervención de la fuerza de seguridad. Para hacernos una idea de las proporciones, un porcentaje mayor al 10% ya es un indicador de un uso excesivo de la fuerza letal, tanto así que El Salvador, que es el país que está más cercano, tiene un porcentaje de 10,3 y Brasil 7,3.

Siguiendo la metodología acordada por el grupo de investigación, también sacamos la proporción entre civiles fallecidos y agentes fallecidos, para evaluar la proporcionalidad a ver cuántos civiles mueren por cada agente fallecido.  En el caso de Venezuela por cada funcionario fallecido mueren 26 civiles, para hacernos una idea de las proporciones un trabajo famoso de Chevigny plantea que las muertes de más de 10 civiles por cada funcionario de seguridad nos indican “que se usó la fuerza letal para fines distintos a la preservación de la propia vida en situaciones de extremo riesgo”, y es un claro indicador de un uso abusivo de la fuerza letal. Este fue uno de los pocos indicadores que elaboramos con la base de datos de casos registrados en las noticias, por lo tanto solamente la podemos comparar con México, que usó la misma fuente y la misma metodología, en el caso de ellos les dio una cifra de 4,6. Ambos están muy lejos de cifras exorbitantes como las de El Salvador que le dio 101,8; o la de Brasil con 57,7. Estos dos últimos países sí contaban con la información oficial.

ET: Keymer, Venezuela está atravesando una emergencia humanitaria compleja y el sufrimiento, el dolor de la población es intenso no sólo por problemas como la medicina, como la alimentación, la mayoría de los Derechos Humanos están siendo vulnerados, el derecho a la vida se establece en la Constitución en su artículo 43 como inviolable, pero según estos datos es un derecho humano que está siendo  muy vulnerado.

KA: Si bien hay toda una discusión de la no jerarquización de los derechos, si un Estado puede acabar con la vida sin ningún tipo de consecuencia puede hacer cualquier otra cosa. Es decir, si el Estado puede quitar la vida con total impunidad de ahí para abajo cae en cascada cualquier cosa. No nos puede impresionar, si las fuerzas de seguridad pueden matar con total impunidad, que luego éstas roben, extorsionen, saqueen las casas como tanto se ha denunciado, o que no atiendan a los derechos sociales y económicos es algo que es predecible.

ET: Fíjate, que para tomar un ejemplo puntual tenemos el FAES esta Fuerza de Acciones Especiales de la PNB y el informe Bachelet, cuando vino la doctora Bachelet se reunió con las víctimas en la Universidad Metropolitana muchas reuniones con defensores, con víctimas. La reunión con víctimas fue muy emotiva, muy dramática y fue a nuestro juicio un elemento para que ese informe de la doctora Bachelet fuera tan contundente, en ese informe ella le exige al gobierno de Maduro la eliminación de la FAES, ¿Qué se supone qué es la FAES, para qué son entrenados y qué pasa con esa sugerencia de la doctora Bachelet en su informe?

KA: La FAES es un grupo táctico, un grupo especial, los grupos especiales tienen una formación predominantemente militar, son una especie de grupo de rescate de los funcionarios, cuando los funcionarios se encuentran en situaciones extremas donde son rebasados en armas, donde son rebasados en capacidades y medios, cuándo están en situaciones de difícil acceso, cuándo están siendo atacado con un armamento que los supera, entra éstos cuerpos especiales para rescatarlos, para apoyarlos. Están  entrenados para situaciones extremas y excepcionales, es la expresión del uso extremo de la fuerza letal.

ET: Y brevemente para retomar y ¿están actuando en ese marco?, para irnos al corte y seguir.

KA: El problema radica cuando la excepción se convierte en la regla.

ET: Dejamos este tema sobre los patrones de las Fuerzas Especiales de la PNB del grupo FAES, ¿Cuál es el patrón que se viene repitiendo en los sectores populares y cómo fue abordado en este estudio sobre el uso de la fuerza letal en varios países de América Latina?

KA: Quiero retomar la pregunta inicial que tiene que ver con las recomendaciones de la Alta Comisionada, ya habíamos comentado que es un grupo táctico, cuál es su naturaleza y que su intervención es de carácter excepcional, en consecuencia esa excepción no se debe convertir en la regla, porque esa excepción tiene una lógica bélica, una lógica militar, una lógica de intervención de alto impacto. El problema surge cuando este tipo de grupo comienza actuar de manera regular como lo estamos viendo actualemente, que traduce la lógica de guerra a la cotidianidad, donde cualquiera puede ser ejecutado o cualquiera puede ser víctima del uso de la fuerza letal.

Me preguntabas sobre la eliminación de este cuerpo, la eliminación de la FAES es importante, pero no es suficiente. En el año 2009 se eliminó la Policía Metropolitana y surgió un nuevo cuerpo policial, la FAES es una división de esta nueva policía, que es la Policía Nacional. Es importante tener en cuenta que siempre que se hable del FAES se está hablando de la Policía Nacional Bolivariana y cuando se está hablando de la Policía Nacional Bolivariana se está hablando del Poder Ejecutivo Nacional, hay una línea de mando clara, el problema no solamente es suprimir un cuerpo, el problema tiene que ver con tu pregunta inicial, con el fortalecimiento de instituciones. Aquí tiene que haber una Defensoría del Pueblo que ejerza su rol y que sea independiente y autónoma, tiene que haber un Ministerio Publico, un Fiscal General que ejerza su rol de manera independiente y autónoma, tiene que haber tribunales, hay toda una serie de controles externos de los cuerpos policiales que tienen que hacer su trabajo. Porque se puede eliminar un cuerpo policial y al día siguiente se crea uno igualito con otro nombre, con la misma actuación y con una incapacidad institucional de ejercer controles sobre ellos, entonces el tema no solamente es desde el punto de vista simbólico -que no es poco importante eliminar un cuerpo- tiene que ver con la construcción institucional de controles internos y también de la serie de controles externos institucionales que tienen que existir y ser funcionales.

ET: ¡Claro!, y que el otro elemento tiene que ver también Keymer con el modelo policial, es decir, ¿Qué se necesita en Venezuela para que no se siga repitiendo ese círculo vicioso?, antes se decía Policía Metropolitana luego PNB, hoy el tema como tú dices es el FAES pero entonces ¿Cuáles son esos valores, cuál es esa formación que se necesita en el país para salir de este círculo vicioso de fuerza letal contra la población venezolana?

KA: Importante tener en cuenta que la FAES es apenas la punta del iceberg, me explico, los problemas de muertes en manos de la fuerza de seguridad del Estado no se le puede adjudicar en su totalidad a la Fuerza de Acciones Especiales ni a la PNB, en los estudios que hemos realizado, que están en la página de Provea, especialmente el intitulado Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela que publicamos este año con ustedes, está la responsabilidad por cuerpo policial, el cuerpo policial más letal tradicionalmente desde los últimos 40 años es el CICPC, el órgano de investigaciones tiene aproximadamente el 40% de los casos, él que le sigue es la PNB allí dentro está el FAES, que en el mismo año que se creó se puede ver un aumentó del 10% de su letalidad; en tercer lugar estaría la Guardia Nacional y el conjunto de las Policías Estadales ¿Por qué menciono esto? Porque el FAES adquirió una gran presencia mediática sobre todo por los hechos de comienzo de este año, pero también por la espectacularidad y la crueldad con la que actúa, pero no es el único cuerpo, a veces, sin querer al concentrarnos en un solo cuerpo, en un solo fenómeno, podemos terminar inadvertidamente invisibilizando la magnitud total de la violencia institucional en el país.

El tema del modelo policial, nosotros tenemos -como comentamos al inicio- un modelo policial extraordinario desde el punto de vista del diseño de la política, eso está publicado en todo lo que produjo la CONAREPOL, está plasmado normativamente en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, lamentablemente eso es “letra muerta”, eso no se cumple. De parte de las comunidades, las organizaciones civiles, las ONG tenemos que exigir que ese modelo se haga realidad porque lamentablemente las élites políticas no les interesa el modelo policial, el Ejecutivo lo desmonta a través de operativos policiales militarizados, a través de la promoción de política como la OLP, a través de promoción de cuerpos como el FAES, pero cuando la oposición llegó al Poder Legislativo uno de los primeros actos que hizo fue tratar de derogar la Ley Orgánica del Servicio de Policía una de los “poquitas cosas” que están bien hechas de lo que se ha hecho durante estos años.

ET: Interesante reflexión Keymer, no irnos solo a señalar a un cuerpo. Quería poner un ejemplo para escuchar tu análisis que tiene que ver con los factores de poder en Venezuela, tenemos por ejemplo la Constitución Nacional, el artículo 68 prohíbe expresamente el control de uso de armas de fuego en las manifestaciones y hay una resolución del Ministerio de la Defensa para regular el uso de arma de fuego en el control de manifestaciones, entonces ¿Cómo vas a controlar el uso de armas que está expresamente prohibido en la Constitución?, lo digo a manera de reflexión de ¿si eso tiene que ver con esta cultura de la violencia, la represión, del uso del fuego letal, como planteas en el estudio?

KA: Esto forma parte de los problemas graves de institucionalidad que tenemos. Primero ya hablando como abogado, las cuestiones básicas, la estructura jerárquica de la pirámide de Kelsen, normativamente nada está por encima de la Constitución y de los tratados internacionales de Derechos Humanos, una resolución que es la famosa resolución 8610 desde el punto de vista normativo es nula. Es decir, la resolución 8610 está en contra, primero, de la serie de resoluciones y protocolos emanados por el propio Ministerio de Interior que desarrollan la Ley Orgánica del Servicio Policial, a la que también viola. Posteriormente viola la Constitución, el artículo que prohíbe el uso de armas en manifestaciones; pero además, ésta establece que la seguridad ciudadana es de carácter civil y los órganos encargados de ellos son de esta naturaleza, el control de manifestaciones es una dimensión de la seguridad ciudadana que tiene que ser ejercida por órganos de la naturaleza civil, no militar.

ET: Keymer, agradecidos en Son Derechos por ese estudio tan profesional sobre el problema de violencia en Venezuela y para cerrar con un mensaje final queríamos hacer la siguiente similitud, leíamos en días pasados que 10.000 médicos venezolano en la zonas rurales de Argentina prestando apoyo y vemos entonces personas como tú, profesionales, universitarios haciendo estudios, dando aportes para una Venezuela que sigue esperanzada y necesita esos aportes que estás haciendo, desde esa perspectiva queríamos despedir estos minutos finales para dejártelos a ti, en torno a este aporte que vienes desarrollando desde la academia y desde la investigación.

KA: Bueno, este trabajo forma parte de un largo proceso de investigaciones, de denuncias, la idea es tratar de dar insumos, herramientas, no solamente para el debate intelectual y académico, sino para los activistas, para la elaboración de políticas públicas y para la movilización social, en este contexto es fundamental la denuncia de estos hechos, la organización por parte de las víctimas, hay que hacerse fuerza, hay que hacer presión para tener las instituciones y la policía que Venezuela y los ciudadanos venezolanos nos merecemos.

ET: Bueno, muchas gracias Keymer Ávila Investigador universitario, Profesor de la cátedra de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, asesor de varias ONG en materia de seguridad ciudadana y Derechos Humanos. Así, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, nos despedimos hasta mañana en su programa Son Derechos.

Transcripción: Yannerys Pinto.

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