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AP: Víctimas estadounidenses de las FARC ganan reclamo de fortuna de Samark López

Por Yohan Pimentel
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Farc

Caracas 03 de julio de 2020. Tres contratistas de defensa estadounidenses que estuvieron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lograron cobrar una sentencia de $ 318 millones contra sus captores luego que un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara una apelación de último minuto de un empresario venezolano sancionado cuyos activos buscan reclamar.

Según la agencia AP, el juez Clarence Thomas se negó a escuchar una apelación de emergencia por parte de Samark López, y dejó en pie una orden de un tribunal federal de apelaciones que entregó inmediatamente $ 53 millones de las cuentas bancarias estadounidenses previamente incautadas del empresario mientras se disputa la sentencia del tribunal inferior.

Esta decisión se dio a conocer el jueves en un informe de Russ Dallen, director de Caracas Capital Markets, que monitorea de cerca los litigios relacionados con Venezuela. Los abogados de López ahora confían sus esperanzas en una apelación de emergencia presentada el martes ante la juez Sonia Sotomayor de acuerdo con las reglas de la Corte Suprema.

Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves, fueron tomados cautivos por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, cuando su avión fue derribado durante un vuelo de control de drogas en 2003. Su piloto, Tom Janis, fue asesinado por los rebeldes, después de que el avión se estrellara.

Los tres fueron liberados hace 12 años el jueves junto con la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt en un osado rescate por parte del ejército colombiano.

Un juez federal en Florida otorgó a los hombres $ 318 millones en 2012, para pagar de cuentas bancarias incautadas de narcotraficantes vinculados a las FARC, un grupo terrorista designado.

López es un poderoso hombre de negocios en Venezuela cuya fortuna se disparó gracias a los contratos gubernamentales en las últimas dos décadas de gobierno socialista. Fue sancionado por los EE. UU. En 2017 como un “capo de la droga” junto con el entonces vicepresidente de Venezuela y ahora ministro de petróleo, Tareck El Aissami, por el supuesto lavado de ganancias del narcotráfico internacional.

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