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ex presidente de Bolivia podría ir a la cárcel por delitos de lesa humanidad

Por Karen Quintero
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Florida, EE.UU. 9 de abril de 2018.-/ El expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de Defensa podrían ir a la cárcel  en los Estados Unidos, por el caso de la “Masacre de Octubre” en 2003 durante la denominada Guerra del Gas en la que murieron 58 personas, en su mayoría indígenas aymara.

A sus 87 años, Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Bustamante, presidente de Bolivia entre 1993 y 1997 y entre 2002 y 2003, se ha visto obligado a sentarse ante un tribunal federal de Florida para afrontar su supuesta responsabilidad por la llamada Masacre de Octubre de 2003: “Teníamos una situación muy difícil en el campo”, dijo durante su testimonio. Sin embargo, los diez miembros del jurado –estadounidenses que desconocían el caso hasta antes de formar parte del juicio– emitieron el martes su veredicto: culpable de ejecuciones extrajudiciales durante la represión militar de las protestas campesinas. Piden, además, que el expresidente y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, de 58 años, indemnicen con diez millones de dólares a los nueve familiares –de ocho de las víctimas, indígenas aimara– que presentaron la demanda civil ante la justicia de Estados Unidos.

El caso está visto para sentencia, pero no se espera que el juez la emita hasta mayo, pues la defensa de Sánchez de Lozada –apodado Goni– aún va a dar batalla. Este viernes sus abogados emitieron un comunicado en el que afirman que esperan que se anule el veredicto, que consideran incongruente. “Creemos que la evidencia presentada es insuficiente”, ha dicho el abogado Stephen Raber. Estiman que el jurado se contradice en su veredicto, porque determina que el expresidente y su exministro son responsables, pero no que las muertes de las que se les responsabiliza hayan sido “causadas de forma deliberada o intencionalmente”. El día del veredicto los abogados de Sánchez de Lozada ya hicieron esa objeción pero el juez, James Cohn, respondió que no veía “irreconciliable” el responsabilizar de los sucedido a los mandatarios sin ser acusados a la vez de homicidio culposo. En las próximas semanas demandados y demandantes presentarán informes adicionales y, con base en el veredicto y en estos nuevos documentos, el magistrado tomará la decisión final.

58 personas murieron y centenares resultaron heridas en El Alto (Bolivia) el 17 de octubre de 2003 en el contexto de la llamada Guerra del Gas, que sacudió al país sudamericano en el último trimestre de aquel año. Sánchez de Lozada, un magnate minero educado en Estados Unidos y partidario de la economía de libre mercado, tenía como propósito de gobierno liberalizar el mercado del gas, impulsar la entrada de inversión privada y exportar gas a Estados Unidos a través de puertos de Chile. La movilización campesina contra este proyecto derivó en semanas de intensos disturbios, con cortes de carreteras y de suministros, que provocaron estallidos de violencia y acabaron forzando a Sánchez de Lozada a dejar la presidencia e irse a Estados Unidos. Familiares de ocho de los fallecidos del 17 de octubre presentaron hace una década en Estados Unidos la demanda que ahora se dirime, acusándolo de “matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos”.

Con información del diario El País

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Foto tomada de: ElAltodigital

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