Caracas, 9 de septiembre de 2019. En la actualización del informe de las Naciones Unidas sobre la situación de los DDHH en Venezuela, publicado este lunes por la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ratificó su preocupación por los índices elevados de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por funcionarios de la FAES, que “han recibido apoyo al más alto nivel” del régimen de Nicolás Maduro.

“Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional – conocidas como FAES – en algunos barrios del país. Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”, reza la misiva.

Bachelet recalcó que de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio Público (MP), bajo la representación del Fiscal General, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, “de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos. Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas”.

La alta comisionada señaló que el pasado mes de julio, “el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena en contra de un miembro de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (SEBIN) por el homicidio de Bassil Dacosta, quien murió de un disparo en la cabeza en las protestas anti-gubernamentales de 2014. Asimismo, se capturó en España a uno de los presuntos responsables de la muerte de Orlando Figuera, a quien prendieron fuego durante las manifestaciones convocadas por la oposición en 2017. Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas”, agregó.

La también diplomática chilena, se refirió a las actuaciones de los funcionarios militares y de la FAES en territorios indígenas.

“Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana”, expresó Bachelet en el informe.

Lea el informe completo Aquí.

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