Caracas 18 de noviembre 2018. El viernes 16 de noviembre la ONG que lleva el pulso a la corrupción en Venezuela, Transparencia Venezuela, publicó el informe a la segunda parte del » EPE (Empresas propiedad del Estado) Parte II Un modelo de control».

Se trata de la segunda parte del estudio más reciente de la organización que evalúa, documenta y denuncia. Este informe iniciado en 2016, ha desmenuzado la estructura empresarial del Estado, como un aporte contra la opacidad y a favor de la gestión pública transparente.

En la primera fase del estudio en 2017 se contabilizaron 546 EPE (Empresas Estatales). En esta segunda fase del 2018, llegó a 576 el número de empresas en las que el Estado es propietario absoluto o posee la mayoría accionaria.

Concretamente, el instrumento demostró que de las 576 empresas del Estado, identificadas como tal, al menos 441 fueron creadas o adquiridas durante las gestiones cleptocráticas del ex presidente Hugo R Chávez F. y el de turno, Nicolás Maduro Moros. Los mecanismos para hacerse con ellas sería por la expropiación, confiscación, nacionalizaciones y re-estatizaciones.

La ONG corroboró que las EPE han consumido recursos a través de asignaciones presupuestarias y créditos adicionales. En 2003, estas empresas se quedaban con 1,1% del presupuesto ordinario de la Nación, hasta el 2015  que demandaron más de 8,6%.

Convertido al tipo de cambio oficial preferencial, durante estos años las empresas recibieron más de US$ 500.000 millones. Eso, sin contar recursos asignados vía fondos parafiscales.

Ya va… ¿576 EPE? ¿Registradas, operativas y todo?

En esta segunda edición, Transparencia Venezuela que pese a las importante cantidad de firmas y las sumas de dinero, al cuarto trimestre de 2018, de las 576 empresas estatales 467 están operativas. Esas al menos por que lograron comprobar.

Del universo de las EPE, identificadas observaron con atención 160 pertenecientes. Particularmente cuatro sectores que están directamente vinculados con la calidad de vida de los venezolanos: agroalimentario (42 empresas), minería y metalurgia (43), servicios públicos (40) e hidrocarburos (35).

¿Y cómo les va?…

La mayoría de esas EPE tiene resultados operativos negativos, según Transparencia Venezuela. El objeto de investigación fue conocer qué hacen las empresas, cuáles son sus objetivos, sus reglas internas o gobierno corporativo, resultados financieros y económicos, calidad del desempeño, así como los responsables de su gestión.

También se exploraron las relaciones formales e informales entre las empresas, el Estado y el gobierno (para medir su nivel de autonomía e independencia). Los casos de corrupción que han sido denunciados públicamente.

Es de conocimiento público que no cubren las necesidades de los ciudadanos y no contribuyen con el pago de impuestos o regalías a la tesorería nacional. Por el contrario, de las 160 empresas analizadas en los cuatro sectores, 74,4% tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas (mala gestión, caída de la producción, conflictos laborales).

Estamos hablando de…

De los sectores claves se estudiaron a profundidad 21 casos entre los que destacan la empresa socialista Pedro Camejo, Agropatria, Agrofanb, Corpoelec, Cantv, Hidroven, Pdvsa, Pequiven, Sidor, Ferrominera y Minerven.

A 10 años del principal declive de la economía

La investigación corrobó que el año clave en el declive de las empresas estatales fue 2008. La ola de expropiaciones iniciada poco antes por Hugo Chávez y la implantación del llamado Primer Plan Socialista, provocó que la mayoría de las empresas productoras de bienes y prestadoras de servicios comenzaran a colapsar.

En 2018, una década después, ese deterioro compromete seriamente la vida de los venezolanos.

  • En 2008 se dieron las primeras evidencias de la crisis agroalimentaria como resultado del desacertado manejo de la economía, el uso discrecional de los recursos, la inseguridad jurídica y por la presencia cada vez mayor de empresas estatales en la agricultura y la agroindustria, reseñó el informe.
  • Ese mismo año la producción de acero líquido comenzó a mermar, justo después de la expropiación de Sidor y a propósito de la mala gestión en manos inexpertas. Como consecuencia, el país está desabastecido de cabillas y otros productos. La situación afecta a la industria petrolera, metalmecánica, de envases y de electrodomésticos.
  • También en 2008 el servicio eléctrico comenzó a presentar un déficit de energía eléctrica y hubo un incremento acelerado de interrupciones. Todo esto ocurrió un año después de la creación de la estatal Corpoelec, quien tiene el monopolio de todo el sector.

El informe detalla que la caída de la producción petrolera, responsabilidad de Pdvsa, impacta a los subsectores gasíferos y petroquímicos, por tanto, la gestión de otras empresas estatales como Pdvsa Gas, S.A. y Pequiven.

La investigación resalta también la falta de mantenimiento de las instalaciones, la destrucción de los equipos gerenciales, la preponderancia de la ideología y la lealtad al modelo político. Eso además de, la opacidad, el aumento del gasto corriente, la ausencia de inversión y de un sistema de control independiente.

Todas ellas prácticas comunes en las EPE que han causado la destrucción de la competitividad y la caída de la producción de las empresas.

Siguiendo el modelo cleptocrático

Transparencia Venezuela alerta que en el país se ha venido conformando un sistema con rasgos cleptocráticos y las Empresas Propiedad del Estado no escapan a él. Se trata de un modelo de gobierno enfocado en el enriquecimiento de los propios directivos que ejercen el monopolio de las decisiones, los recursos y el poder, sin rendir cuentas y en el que prevalece un alto nivel de impunidad.

El estudio recoge que el modelo cleptocrático se ha potenciado en las EPE a través del uso de leyes habilitantes y de decretos de Emergencia firmados los dos últimos mandatarios. Los instrumentos han permitido hacer grandes compras sin cumplir con procesos licitatorios. Resultando en hechos de corrupción de los que se han beneficiado funcionarios públicos, intermediarios y empresas proveedoras privadas.

Destaca que el decreto de emergencia eléctrica, aprobado por el presidente Chávez en 2010, le permitió a Corpoelec, Pdvsa y al Ministerio de Energía Eléctrica, adquirir equipamiento sin licitaciones. Igualmente, se demostró que entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos, compra de equipos y construcción de instalaciones, se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones.

Se hace público que mediante el informe de Transparencia Venezuela, se detectó en las EPE la falta de control y fiscalización, opacidad, la discrecionalidad, presencia militar en altos cargos (De las 576 empresas estatales 76 tienen a un militar como máxima autoridad) y más información abierta al público.

¿Dónde veo el informe completo?

Registrando el pulso de la corrupción en Venezuela, la ONG Transparencia Venezuela, actualizó el portal vendata.org. Este portal es una plataforma de búsqueda online, que permite tener acceso para los venezolanos-y en formato reutilizable-, información oficial que sólo se consigue en formato cerrado.

También lo puede ver online en el sitio de la ONG, Transparencia.org.

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