Caracas, 30 de julio de 2019. Este martes la ONG Ventana a la Libertad, presentó su informe correspondiente al primer semestre de 2019, sobre los derechos humanos en los Centros de Prisión Preventiva –CDP- en todo el territorio nacional. Aproximadamente unas 19.028 personas fueron detenidas en ese lapso y el cupo en los calabozos policiales es de 3.734.

Así lo indicó la psicóloga social y miembro de la organización no gubernamental Magaly Huggins, quien señaló que “Venezuela es un país en alerta. El contexto de este semestre fueron las protestas políticas. Desde el 5 de enero empezó la visual de lo que venía pasado, cuando se eligió la directiva de la Asamblea Nacional, lo que abrió el espacio de la protesta política (…) Eso tuvo una repuesta inmediata del gobierno, que fue violencia, reprimir y eso inmediatamente llegó a los CDP. El hacinamiento en los CDP se magnificó porque los detenidos en las protestas públicas estaban siendo llevado de inmediato a los CDP en todo el país”, agregó.

Huggins recalcó que en la mayoría de los Centros de Detención Preventiva no existen áreas especiales para mujeres y “mucho menos áreas especiales con condiciones”. Además, hay féminas en estado de embarazo recluidas, lo que considera de “muy grave”. Sin embargo, desconoce si son detenidas estando embarazadas o se embarazan dentro de las prisiones.

La profesional en psicología señaló que “la iniciativa del personal es la que permite que se separen” las mujeres de los hombres, dentro de los calabozos policiales del país.

En relación al informe de Derechos Humanos en Venezuela, presentado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Huggins aseguró que está “muy bien celebrado”, tras haber expuesto la lamentable situación que vive el país.

Por su parte, Carlos Nieto, coordinador general de Ventana a la Libertad, puntualizó que en el monitoreo que realizaron en 15 estados del país durante este primer semestre de 2019, se registraron 119 muertos en los Centros de Prisión Preventiva, sin sumar a los 30 reos fallecidos en la cárcel de Acarigua, estado Portuguesa.

“El lapso constitucional es de 48 horas y hay detenidos que tienen hasta siete años metidos en un calabozo” policial, donde se han registrado “fugas masivas (…) Estamos hablando de presos, muchos de ellos, de alta peligrosidad, involucrados en homicidio, secuestro o robos, que imagínense ustedes que con la impunidad que hay en Venezuela y lo difícil que es capturar a un individuo de esto, entonces por esta irresponsabilidad de mantenerlo en un sitio que no es idóneo, se escapan y vuelven a las calles, probablemente a atentar otra vez con los ciudadanos”, enfatizó el también abogado, especialista en Derechos Humanos.

A esta situación, se le suma, que los reos que “mueren por enfermedades, como la tuberculosis, de inadmisión, de hambre, porque las alcaldías y las gobernaciones no tienen presupuesto (…) y depende de familiares, pero muchos presos no tienen familiares”, agregó Nieto al advertir que el “hacinamiento es brutal en los calabozos de policías”, lo que representa una “violación flagrante de los derechos humanos”.

Otro de los problemas, dijo el abogado, es el déficit de efectivos policiales en las calles, debido que “como tienen esa cantidad de presos en los calabozos, tienen que destinar funcionarios a la custodia de esos detenidos”.

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