Caracas, 13 de junio de 2019.- Durante los últimos años, los venezolanos han sido víctimas de la represión por parte de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, y los diputados a la Asamblea Nacional no escapan de estos hechos, a pesar de la «inmunidad parlamentaria» que por ley les corresponde. A saber:

El artículo 200 de la Constitución de Venezuela expresa que: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo”.

Muchos de ellos han partido a tierras lejanas de Venezuela en condición de exiliados políticos, otros se encuentran en condición de refugiados en las Embajadas, algunos más continúan su lucha desde la clandestinidad, y otros aún permanecen detenidos como es el caso más reciente de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien el pasado 8 de mayo habría sido trasladado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en condiciones ilegales ya que fue llevado a bordo de su propio vehículo en una grúa y posteriormente, a media noche, fue presentado ante los tribunales sin permitirle asistencia de sus abogados. Hoy se encuentra en una prisión militar en Fuerte Tiuna.

Mientras, el diputado Juan Requesens, permanece bajo custodia del SEBIN desde el pasado 7 de agosto, luego de haber sido llevado a la fuerzas desde su vivienda junto a su hermana Rafaela Requesens, ex presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV- Puesta en libertad horas más tarde- sido acusado de haber participado en el supuesto magnicidio contra Nicolás Maduro. Hasta la fecha han sido diferidas 8 audiencias por distintas razones, a pesar de eso y de no haber encontrado pruebas contundentes en su contra, Requesens aún permanece en los calabozos de El Helicoide, en Caracas.

Entre los casos se encuentra también la segunda detención arbitraria al diputado Gilbert Caro, el 26 de abril de este año. Siendo puesto la primera vez en prisión en enero de 2017 y no fue sino hasta 4 meses y 20 días después que fue presentado ante tribunales militares, el cual ordenó investigarlo por delitos de «traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada». Ante la medida, Caro fue trasladado a la Cárcel de presos comunes de Tocuyito, en el estado Carabobo. Posteriormente, en junio de 2018, a través de un proceso gubernamental en el marco de «la paz y el diálogo» entre el chavismo y la oposición, el parlamentario fue dado en libertad.

Durante el tiempo recluido, Caro estuvo sometido a aislamiento, malos tratos y con visitas prohibidas, según informó la Organización no Gubernamental, Amnistía Internacional.

El primer caso de Gilbert Caro desató la persecución contra diputados como Julio Borges, Tomás Guanipa, Gaby Arellano, Freddy Guevara, José Manuel Olivares, Rosmit Mantilla, Wilmer Azuaje, Juan Requesens, Edgar Zambrano, entre otros.

Por su parte, desde el pasado 3 de mayo, en el marco de la denominada Operación Libertad, se encuentran en la clandestinidad los diputados: Henry Ramos Allup, Juan Andrés Mejía, José Simón Calzadilla, Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Winston Flores, Sergio Vergara, Freddy Superlano, José Guerra y Tomás Guanipa. Otros han solicitado protección en embajadas de países acreditados en Venezuela: Mariela Magallanes y Américo de Grazia (Italia), Richard Blanco (Argentina) y Franco Casella (México) y Luis Florido, diputado independiente, está exiliado en Colombia.

En otro punto, el abogado constitucionalista José Vicente Haro, señaló al diario PanAm Post que estas medidas por parte del régimen venezolano se deben a «un golpe de Estado contra el la institución parlamentaria».

«El régimen ahora quiere ir más allá, quiere ir a lo que yo llamaría una forma de disolución progresiva y controlada del Parlamento», indicó el especialista.

Según el diputado Ángel Alvarado al portal Caraota Digital,  al menos 134 diputados, entre principales y suplentes, han sido amedrentados por el régimen de Maduro desde que en 2015 obtuvieron la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentaria. 

«Han incendiado sus carros, pintado sus casas, perseguidos, secuestrados, allanado su inmunidad parlamentaria y tantas cosas que estamos viviendo en la AN», aseveró Alvarado en entrevista para ese medio el pasado 30 de mayo.

En cuanto a las instancias internacionales, la Organización de los Estados Americanos, en reiteradas oportunidades ha rechazado las constantes violaciones a la inmunidad parlamentaria, dieron a conocer una resolución que condena estas acciones:

«La situación política venezolana ha sido objeto de permanente preocupación por parte de la OEA y que en repetidas ocasiones se han emitido pronunciamientos en defensa del Estado de Derecho, el respeto al orden democrático y los Derechos Humanos, así como la garantía del debido proceso», aseveró la misiva expuesta en el portal EuropaPress.

Entre otros representantes políticos en todo el mundo también han condenado estas acciones y exigen la liberación de los parlamentarios así como el cese de la persecución política y civil en Venezuela:

“Guatemala rechaza categóricamente el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del presidente encargado Juan Guaidó, decidido por la ilegítima Asamblea Constituyente de régimen de (Nicolás) Maduro. Flagrante violación de la Constitución venezolana así como del Estado de Derecho”, enfatizó Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Presidente de la Asamblea Nacional y juramentado presidente (E) de Venezuela, apegándose a los Art. 233/333 de la Constitución- Juan Guaidó.
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio.
Secretario General de la OEA, Luis Almagro

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