Entrevista exclusiva para Punto de Corte
Keymer Ávila es investigador del Instituto de Ciencias Penales y Profesor de Criminología en Pre y Posgrado en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Es colaborador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Entre sus líneas de investigación se incluyen sistemas penales, dimensión dinámica (seguridad, policía, investigación penal, legislación, medios de comunicación) y estática (teorías, ideologías y racionalidades punitivas).
En entrevista exclusiva para Punto de Corte, el investigador Keymer Ávila profundiza en la situación de los presos políticos en Venezuela y nos insta a que cada día hay que trabajar para que la verdad se conozca, nos habla de lo importante que es tejer redes de solidaridad, de apoyo social, institucional y político.
Dejamos a nuestros lectores la entrevista completa:
¿Cuál es el perfil de los detenidos políticos? ¿Va mucho más allá de ser opositores o atreverse a expresar su descontento?
Hay un poco de todo, también depende de los años y las coyunturas a los que pertenezcan. Por ejemplo, las pocas personas que fueron detenidas por el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, o años anteriores a 2013 no tienen mucho que ver con los detenidos posteriores a esas fechas. A partir del año 2013 puede verse un incremento de las detenciones por razones políticas que cada vez se hacen más comunes, expansivas, arbitrarias y discrecionales.
Los datos que voy a compartir son parte del Capítulo de Libertad Personal del Informe Anual de Provea, una de las ONG de DDHH más importantes de Venezuela. Este capítulo está bajo mi responsabilidad desde el año 2015.
El perfil de los detenidos por razones políticas en Venezuela es el siguiente: 85.5% son hombres y 14,5% mujeres. Si bien hay muchas personas jóvenes que suelen ser los casos más emblemáticos y mediáticamente más visibles, incluso se registran algunos menores de edad, la edad promedio de los detenidos es de unos 40 años.
En los últimos 2 años los militares han tenido un mayor protagonismo dentro de esta categoría de detenidos, llegando a ocupar un 47% de los casos totales, estamos hablando de más de un centenar de militares privados de libertad por razones políticas. Le sigue la clase obrera, trabajadores y sindicalistas con un 29%; líderes sociales, activistas políticos, defensores de derechos humanos y miembros de partidos políticos con 13%; periodistas 4%; trabajadores del sector salud 3%, estudiantes 2% y profesores 1%. Estos son los perfiles del año 2018, contrastan un poco con el año 2017 que se caracterizó más por las protestas masivas donde los dirigentes políticos y estudiantes tenían un mayor protagonismo.
¿En qué momentos se pasó de unos pocos casos a todo un fenómeno de detenidos políticos?
Si bien entre los gobiernos de Chávez y Maduro pueden observarse continuidades existen también entre ellos grandes contrastes, uno de ellos es la masificación de las detenciones por razones políticas que vienen ocurriendo desde el año 2013.
Entre 2009 -que es la fecha en la que Provea comienza a hacer seguimiento de estos casos- y 2012 las detenciones por razones políticas se podían contar con los dedos de las manos, en 2013 la cifra se dispara a 134 detenidos, hay importantes disminuciones durante los años siguientes hasta 2017, donde hay un abrupto aumento de estos casos que no ha dejado de crecer. En 2017 se pasa de 34 casos de 2016 a 192, lo que representa un incremento de 465%.
Al año siguiente, es decir, durante 2018, se registraron 279 víctimas de privación de libertad por razones políticas, lo que representa un incremento del 45% respecto al año anterior. 2018 es el año en el que más se han contado casos de este tipo, al menos durante los últimos 10 años en los que hemos realizado su seguimiento. Si se compara con el promedio general de casos anuales que se viene realizando desde 2009 el incremento es de 574%, lo que confirma una clara y preocupante tendencia al aumento de estos casos durante los últimos años.
Un 62% de estos casos se ejecutaron colectivamente (entre 2 y 10 personas detenidas en un mismo evento), un 22% de manera masiva (más de 10 personas en un mismo evento), y sólo un 16% de forma individual. Esto pudiera indicarnos que hay una inclinación a perseguir más a sectores que a individualidades específicas.
El año pasado el Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH indicaba que, hasta el 31 de mayo de 2019, había unas 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y unos 22 diputados de la Asamblea Nacional, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
¿Por qué ocurrió de manera tan impune? ¿Qué responsabilidad le atañe al sistema de justicia?
Lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela es el producto de décadas de desidia y precariedad institucional, Chávez no fue causa fue consecuencia de un sistema en el que la gente ya no confiaba y que se desmoronaba. El chavismo prometió un cambio, una ruptura con todo lo anterior, sin embargo, lo que hubo fue una continuidad de todo el deterioro institucional, una profundización de lo que ya venía mal, esto incluye al Sistema de Justicia. Hubo solo cambio de actores, pero el proceso de descomposición del Estado venezolano y sus instituciones siguió su curso.
La independencia de los poderes judiciales es también una aspiración. Es una meta que se debe perseguir. La crisis del sistema de justicia venezolano no es reciente. En un trabajo sobre la reforma judicial en Venezuela realizado en 1998 por el PNUD, denominado “Justicia y Gobernabilidad”, se había llegado a las siguientes conclusiones: 1) Se debe transformar la justicia; 2) La población no tiene confianza en esa justicia; 3) El Poder Judicial es la institución con menor credibilidad en la opinión pública; 4) La gente no denuncia porque no confía; 5) El estrato “E” de la población (los más pobres) prefiere tomar la justicia en sus propias manos; 6) El gran problema de la justicia venezolana es la corrupción.
¿Qué ha pasado durante los últimos 22 años? Esa percepción no ha mejorado, por el contrario, se ha deteriorado muchísimo más.
En una encuesta hecha por el propio Estado en 2009, la gente prefería la intervención de un policía antes que la de un juez, quienes fueron los peores calificados de todo el sistema. Estos resultados coinciden con la encuesta 2014 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en la que la confianza en la justicia en la región no llegaba al 20%, y en Caracas apenas llegó a un 5%.
Ningún país cumple al cien por cien su legislación, esa es una meta que hay que tratar de alcanzar. No soy amigo de los patriotismos negativos. Lo que te puedo decir es que estamos atravesando una crisis política e institucional delicada, con un deterioro de la legitimidad de las autoridades, con crisis económica, escasez, inflación y altos índices de violencia en distintos niveles, con altas tasas de homicidios. Los venezolanos estamos por una parte con el autogolpe que dio el gobierno con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017, con la cual se apropió sin límite alguno de todas las instituciones del Estado, incluyendo a todo el Sistema de Justicia. La única institución que no tenía bajo su poder era la Asamblea Nacional (AN), que la tenían sitiada nacionalmente desde todo punto de vista y mira ahora lo que le hicieron en enero. El autogolpe se extendió con el simulacro de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. A este ejercicio de facto por parte del gobierno, que cerró las vías institucionales y electorales para dirimir los conflictos, respondió un sector de la oposición con la autoproclamación del presidente de la AN como presidente encargado de la República el 23 de enero de 2019. Desde el punto de vista estrictamente legal, esta investidura es tan irregular como la otra. En cuanto a la legitimidad como órganos del Poder Público, la del Poder Ejecutivo es la que se encuentra bajo mayor cuestionamiento.
Toda esta esquizofrenia institucional cae sobre las instituciones del Sistema de Justicia, uno de los primeros actos de la ANC fue ordenar el asalto militar contra el Ministerio Público, la Fiscal General tuvo que salir huyendo y exiliarse en Colombia. Las fuerzas de seguridad del Estado, responsables de al menos el 33% de los homicidios del país, tienen patente de corso para hacer su voluntad sin ningún tipo de responsabilidad ulterior; y el Poder Judicial se encuentra al servicio del gobierno de manera cada vez más evidente, no debe perderse de vista que el nombramiento irregular de sus Magistrados a finales de 2015 y sus sentencias durante 2017 fueron los detonantes de las protestas de ese año. El actual Poder Judicial lejos de contribuir a la reducción de los conflictos se ha convertido en un factor generador y potenciador de los mismos.
¿En algún momento se va a saber todo lo que ocurrió en estos sitios de detención? (Helicoide, Plaza Venezuela, Ramo Verde)?
Cada día tenemos que trabajar para que la verdad se conozca, por eso tenemos que apoyar a las víctimas, tenemos que estar del lado del más débil. Hay que tejer redes de solidaridad, de apoyo social, institucional y político con ellas. La construcción de la Memoria en esto tipo de contextos que nos ha tocado vivir es fundamental.
Según uno de mis maestros, Roberto Bergalli, la expresión Memoria Colectiva está ya posicionada desde hace tiempo en las ciencias sociales, desde la época de Durkheim, cuando a finales del siglo XIX recurrió a la idea de la conciencia colectiva como expresión del concepto de solidaridad e identidad social. Sin embargo, fue a partir de la Segunda Guerra Mundial, con todas sus brutalidades y genocidios, cuando este término se constituyó en un deber asumido por los vencidos. Así entonces, se advierte que la Memoria Colectiva no es lo mismo que la historia, la historia la escriben casi siempre los vencedores, la Memoria Colectiva, en cambio, es la que mantiene en pie de lucha a los oprimidos. De esta manera, la Memoria Colectiva de las víctimas se enfrenta constantemente con la historia escrita por los victimarios, quienes niegan el pasado y sus hechos atroces. Ese es uno de los tantos retos que tenemos por delante los venezolanos.
¿Qué es lo peor que ha sucedido en estos sitios de detención?
Es importante destacar que al menos 8% de las personas detenidas han sido privadas de libertad por el simple hecho de tener algún vínculo familiar -madre o padre- o cercano -pareja, compadres- con alguien perseguido por razones políticas. Esta práctica fue la que se llevó a cabo en 2017 contra Juan Lares, hijo del Alcalde de Mérida, opositor, Omar Linares, realizada como medida de presión para que su padre prófugo se entregara. Esta práctica parece extenderse y hacerse cada vez más común en este tipo de casos, lo que viola el principio básico del carácter personal de la pena, y en consecuencia de todo el proceso que hacia ella conlleva. Estas prácticas de los cuerpos de seguridad, junto a otras de carácter extorsivo, vulneran los derechos de la ciudadanía y expone a toda la sociedad a una situación de indefensión y riesgo constante.
Las historias que generan estos sitios son abundantes y cada vez más numerosas, desapariciones, detenciones ilegales y arbitrarias, malos tratos, torturas y hasta muertes. Como dice el refrán popular “el que puede lo más puede lo menos”. Si se puede matar sin ningún tipo de consecuencia, todo lo demás cae en cascada.
En octubre de 2018 el país se estremeció con el caso de Fernando Albán, muerto bajo la custodia de la policía política, su caso inmediatamente trató de ser presentado oficialmente como un suicidio, con versiones contradictorias entre sus distintos voceros, de manera muy similar a como se hacía en Venezuela con casos de asesinatos por razones políticas en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. Me refiero específicamente a los casos de José Gregorio Rodríguez, Juan Pedro Rojas Mollegas, Fabricio Ojeda, en la década del 60 y el de Jorge Rodríguez en los años 70.
Sin embargo, el caso de Albán no fue el primero ni –lamentablemente- el último. A la fecha ya hay una lista de -al menos- 5 presos políticos muertos bajo custodia: Rodolfo González en el año 2015, Carlos Andrés García en 2017, Albán en 2018, y en 2019 Ángel Sequera y el Capitán Acosta Arévalo. También se ha denunciado el caso de Alí Domínguez cuya muerte sucedió en extrañas circunstancias.
Con estas muertes no solo pretenden destruir vidas físicas concretas, también buscan destruir vidas sociales y políticas en el colectivo, así como la organización popular, a los partidos políticos, y cualquier tipo de disidencia o resistencia a través del terror. Esta es la consecuencia del ejercicio de poder cuando no se tienen límites legales ni institucionales. Sin embargo, pudiera llegar el momento que de tanto abusar del miedo la gente se haga inmune y deje de temerles.
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