Inicio Noticias Conozca cómo terminaron las leyes y decretos económicos de la ANC a tres años de su “elección”

Conozca cómo terminaron las leyes y decretos económicos de la ANC a tres años de su “elección”

Por Yohan Pimentel
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ANC leyes

Caracas 08 de julio de 2020. La cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) promovida por Nicolás Maduro, mediante el decreto presidencial N° 2830, cumple mañana 3 años de su “elección”. Ante el cumplimiento de este tercer año, Punto de Corte realizó un trabajo especial en el que muestra los resultados de las leyes y los decretos en materia económica.

La ANC, tiene como principal función redactar una nueva Constitución para Venezuela. No obstante, todo este periodo lo que ha hecho designar autoridades, intervenir en elecciones, crear leyes y, en general, tomar como suyas las atribuciones de la AN que controla la oposición democrática.

Dentro de los estatutos y decretos por la ANC madurista en el ámbito económico, se encuentran las siguientes:

El decreto sobre el Criptoactivo y la Criptomoneda Petro

Nicolás Maduro, anunció el pasado 7 de noviembre que dos de las principales dependencias de tramitación de documentos oficiales comenzarían a cobrar sus servicios utilizando la criptomoneda venezolana Petro, refiriéndose Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Maduro, firmó también un decreto que ordenaba a las personas naturales y jurídicas llevar sus registros contables en bolívares, moneda oficial venezolana, y también en petro, moneda digital ideada por el gobierno el año pasado.

“Se trata del decreto por medio del cual se instruye a personas naturales y jurídicas, es decir, a personas normales y empresas la obligatoriedad del registro, información y hechos económicos expresados contablemente en criptoactivos soberanos sin perjuicio de su registro en bolívares”, dijo Maduro.

Asimismo, Maduro aseguró para ese momento que la prosperidad del país estaba íntimamente ligada a la economía digital e instó a los venezolanos a integrarse a esa actividad económica, “todos tenemos que ser partícipes de la economía digital”.

En una entrevista ofrecida el pasado mes de enero al portal Banca y Negocios, el contador público y abogado, Raúl Gil Arias, aseguró que “el Petro no tiene los atributos ni cumple con los elementos de credibilidad y confianza para ser considerado un signo monetario, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera; en primer lugar, porque la construcción de su precio es absolutamente discrecional, es un criptoactivo centralizado y su cotización es absolutamente volátil, a tal punto que aumentó 748% entre el 23 de julio y el 8 de enero del presente año”.

Para Gil Arias, queda claro que para salir de la hiperinflación es necesaria una reforma monetaria que, seguramente, debe suponer la sustitución del bolívar soberano por otra denominación monetaria que sí cumpliera con los requisitos fiduciarios, pero, para tratar de escapar de las sanciones estadounidenses y de las instituciones monetarias internacionales, la administración de Nicolás Maduro se decantó por un criptoactivo de difícil definición y de convertibilidad limitada en un entorno de grave restricción financiera.

A más de un año de este decreto sobre el Criptoactivo y la Criptomoneda Petro, Venezuela sigue sumergida en una profunda crisis económica, y dichas medidas, no han representado en lo absoluto una mejoría.

Decreto Constituyente de Diálogo Económico

La ANC , aprobó el pasado 31 de agosto un decreto en el cual el Estado ratificaba su convocatoria al diálogo nacional, esto como una herramienta para “acelerar la estabilización de la economía venezolana”.

Esta estrategia del régimen, de sentarse con los sectores productivos del país había sido aplicada por la revolución chavista, quienes sostuvieron para tiempo que la crisis no era inherente al modelo socialista que intentan implementar en el país desde hace 18 años, sino de la dependencia de la renta petrolera, y de una guerra económica emprendida por sectores contrarios.

Hasta este 2020, el régimen ha continuado con la persecución contra empresarios y productores del país, aplicando políticas de control, y dejando a un lado este decreto de diálogo y conversaciones.

El pasado mes de abril del presente año, Maduro ordenó someter a “venta supervisada” a Alimentos Polar y de Plumrose, por los “precios especulativos” de sus productos.

Delcy Rodríguez, vocera del régimen, dijo en esa oportunidad quedicha empresas se estaban convirtiendo es “marcadores referenciales especulativos”.

Ley Constitucional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) ha sido una estrategia implementada por el gobierno de Maduro que comenzó en abril del 2016 para vender bolsas de alimentos a precios subsidiados y combatir el desabastecimiento en el país.

Ya para el 2018, fue publicada la Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción, sesionada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Dicha ley, tenía como objetivo regular la constitución, organización y funcionamiento del Comité Local de Abastecimiento y Producción del Clap. Así como el reconocimiento de la organización de las instancias de agregación y participación y organizaciones de base del Poder Popular, para asegurar la producción, abastecimiento y distribución de los alimentos y productos, a fines de garantizar, la independencia, el bienestar social del Pueblo, la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de la Nación.

No obstante, lo que surgió como una estrategia de abastecimiento de alimentos a la población, hoy funciona mucho más como un mecanismo político, que como una solución alimentaria.

El sociólogo Luis Pedro España, coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró este martes 08 de julio a través de una conferencia virtual, que más de 22 millones de personas se encuentra en pobreza extrema en el país.

España, indicó en la conferencia virtual, que el consumo nacional promedio de proteínas es 34.3% del total requerido. Aunque el trabajo de campo se interrumpió debido a la cuarentena, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020, hizo un estudio flash en abril que dio cuenta de que 69% de los hogares comió menos de lo que debía.

Por su parte, el sociólogo con maestría en Seguridad Alimentaria, Edison Arciniegas, aseguró en el Taller Seguridad Alimentaria en Venezuela, organizado por la Facción de Agrotécnicos del partido político Acción Democrática, que “en enero y abril del 2020 la distribución de las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) aumentó en un 18.49%, sin embargo, el Estado solo llega a cubrir el 10% de las necesidades alimentarias de la población”.

“El CLAP no cumple con los estándares que el Gobierno se propuso a sí mismo, suministra menos de la mitad de los alimentos planificados”, manifestó Arciniegas.

Inicialmente, el plan diseñado para paliar el hambre en Venezuela planteó la distribución de 19 kilos de alimento en 2016, que debía contener al menos 11 tipos de productos. Pero en la actualidad, según las cifras de Arciniegas ,  para abril de 2020 la caja llegó a pesar solo 8 kilos, sin productos como atún enlatado, harina de maíz, harina de trigo, mayonesa, salsa de tomate y otros.

Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal

El pasado 16 de diciembre, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) , aprobó la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico y Financiero del año 2020, la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico y Financiero del año venidero así como el Plan Operativo Anual del año 2020.

Diosdado Cabello, presidente de dicha Asamblea, explicó que de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde a la Asamblea Nacional aprobar dichos instrumentos, sin embargo, por el desacato en que persiste, todos sus actos son nulos y el Poder Plenipotenciario asume la facultad de aprobar dichas leyes. 

Dicha Ley de Presupuesto preveía ingresos por 724 mil millones por la actividad petrolera; 304 mil millones por recaudaciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y 500 mil millones de bolívares soberanos por concepto de crédito público.

La Constitución establece en los artículos 311 y 312 que la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal debe ser presentada la Asamblea Nacional, no obstante, el régimen de Nicolás Maduro lleva 2 años desconociendo a este poder legislativo, haciendo uso inconstitucional de la ANC para aprobar dicha ley.

Ley de Precios Acordados

La Ley Orgánica de Precios Justos entró en vigor en noviembre de 2015 y se creó bajo el paraguas de una ley habilitante, algo que dio el poder a Nicolás Maduro, de gobernar por decreto en un momento en que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aún estaba compuesta por una mayoría chavista.

El pasado 22 de noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), redactó e los últimos seis artículos, de los 12 en total, de la Ley de Precios Acordados, los cuales se enfocan en las alianzas entre el Estado y los actores del aparato productivo, negociaciones para precios acordados, análisis de costos, actualización de precios, entre otras áreas.

No obstante, esta ley no ha podido contener las cifras inflacionarias ni la caída del producto interno bruto en el país.

Según la agencia Reuters, a inflación de Venezuela en junio volvió a acelerarse y cerró en 19,5%, informó el miércoles la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que calcula el comportamiento de los precios ante los retrasos en las cifras oficiales.

La inflación acumulada en el primer semestre de 2020 fue de 508,47% y la interanual se ubicó en 3.524%, de acuerdo con los cálculos del legislativo, afirma Reuters.

Durante 2013 a 2019 el PIB de Venezuela cayó un 70%, lo que se traduce en que casi el 80% de la población no puede cubrir la canasta de alimentos, dice la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).

Ley de Inversión Extranjera

El pasado 29 de diciembre de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley de Inversión Extranjera, presentada por el vicepresidente de Economía del régimen, Wilmar Castro Soteldo, quien señaló que el nuevo texto legal permitirá el ingreso de divisas de otras fuentes no petroleras  y reducirá, aún más, las importaciones que se realizan.

Con esta decisión, el régimen estimaba también la revisión de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, de Precios Justos y la de Ordenamiento Territorial que propone zonas especiales de desarrollo.

Pero esta ley solo se quedó en letras. Pues para el 2019, el informe Doing Business elaborado por el Banco Mundial, colocó a Venezuela como uno de los peores países para invertir.

Según el informe, Venezuela fue uno de los cinco peores países para hacer negocios, que no atraviesa por un episodio de guerra. La crisis económica y regulaciones cada vez más estrictas complican el ambiente empresarial. En 2013 posicionaba en el puesto 180, en el nuevo informe baja al 188. Se ubica en el último puesto en  apertura de negocios con 20 procedimientos para abrir una empresa, por encima del promedio de 8,2 pasos que registra América Latina.

La Ley que crea la Unidad Tributaria Sancionatoria

En Gaceta Oficial N° 41.305 de fecha 21 de diciembre de 2017, fue publicada la Ley Constitucional sancionada por la ANC, donde se crea la Unidad Tributaria Sancionatoria que será utilizada para determinar el monto de las multas y sanciones pecuniarias

Dicho instrumento establece que el ejecutivo nacional podrá actualizar el valor de las multas con base en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas del año inmediatamente anterior.

El 29 de enero, a Asamblea Constituyente (ANC) del gobierno de Nicolás Maduro impuso varios cambios en el Código Orgánico Tributario (COT). Entre ellos, tasar las multas indexadas a la moneda de mayor valor que publique el Banco Central de Venezuela (BCV). El bolívar queda desplazado una vez más entre las medidas que adoptan las autoridades. Según expertos, esta decisión sigue la línea de imponer el uso del petro.

Dolarización encubierta

El economista, Víctor Álvarez, el pasado 4 de febrero, se refirió a esta nueva reforma tributaria impuesta por el régimen de Nicolás Maduro, y señaló que la misma habría sido “una dolarización encubierta”.

“El Gobierno finalmente se ha dado cuenta que la hiperinflación también le afecta. La brecha entre el poder de compra de los impuestos cuando se generan y la erosión que sufren en el momento en que se recaudan, se traduce en una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos fiscales”, explicó el economista.

Asimismo, destacó que esta medida“es una forma para evitar la descapitalización de los impuestos y tributos y proteger su poder de compra”.

“La reciente reforma del Código Orgánico Tributario fijó el pago de sanciones y multas a la cotización de la divisa que registre mayor precio en bolívares. Aunque no lo reconozca explicítamente, por la implicaciones políticas que tiene, se trata de una dolarización encubierta de esta fuente de ingresos fiscales”, acotó.

Ley que crea la Empresa Agrosur para insumos Agrícolas

En 2017, Nicolás Maduro, firmó este miércoles el decreto referente a la creación del Consorcio Agroalimentario del Sur (Agrosur), que agrupará a todas las empresas productivas del país.

Esta compañía, cuya ley de creación fue entregada por el jefe de Estado este mes ante la ANC madurista, tendría como presidente al vicealmirante Reinaldo Castañeda,  gobernador de Portuguesa para ese momento.

Maduro explicó en esa oportunidad que era “una gran empresa nacional” que iba a agrupar “todos los planes y empresas productivas” del Estado, incluyendo las cooperativas y empresas de carácter social.

Asimismo, Maduro aseguró en esa oportunidad que el país “estaba llegando a los niveles más altos de producción alimentaria desde 2007″

Pero en contraposición a esas declaraciones de Maduro en 2017, para el presente año la producción agrícola en el país ha sufrido una importante caída, y tras la crisis por el combustible, la situación se ha agudizado.

Celso Fantinel, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), afirmó el pasado 21 de junio, que como consecuencia de la pandemia del Covid – 19 y la escasez de gasolina a nivel nacional “las cosechas del 2020 serán muy parecidas a los años de 1971 y 1972”.

“Estamos cayendo en maíz, en arroz, en caña de azúcar, en café (…) y en hortalizas. Tal vez podamos producir 20% a 25% de las necesidades de todos los venezolanos”, declaró Fantinel en una entrevista a Unión Radio que citó el portal web del diario El Universal.

Fantinel resaltó que la caída del sector ha estado sostenida desde el año 2010, evidenciando como consecuencia que Venezuela caerá en “mínimos históricos”.

“En 2008 y en 2009 alcanzamos casi las 700 mil hectáreas de maíz. Ojalá en este año logremos sembrar 100 mil hectáreas de maíz entre los gremios de Fedeagro y de los productores privados”, advirtió.

Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios

La ANC aprobó en julio de 2019, la “Ley Constitucional que crea el pago de impuestos a los grandes patrimonios”, para personas naturales y jurídicas que tengan activos por más de 250 mil euros.

“Esta ley reconoce que en Venezuela sí existen grandes patrimonios, donde hay personas naturales y personas jurídicas que tienen patrimonios importantes y la ANC quiere que hagan un aporte a la nación a través de un impuesto y por eso se estipuló que las personas naturales que tengan por encima de 236 mil euros paguen su impuesto y contribuyan con la nación”, indicó el constituyente Orlando Camacho.

La creación del impuesto a los grandes patrimonios fue propuesta por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2017 con la finalidad de tributar de manera justa y crear impuestos a quienes lograron enormes ganancias durante la guerra económica.

Pero en un país, que ha superado a Haití este 2020 en niveles de pobreza según la encuesta Encovi, ¿cómo pudo haber sido efectiva una ley como esta?.

Los resultados de las decisiones que ha tomado en 3 años de su instalación la ANC en materia económica, reflejan improvisación, expresan el desgaste de un modelo político y confirman las sospechas sobre los verdaderos motivos de su instalación, convertirse en recurso político.

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