Caracas, 23 de abril de 2020. La noche de miércoles usuarios a través de la plataforma Twitter, exigieron la liberación del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, quien forma parte de la larga lista de presos políticos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro y se encuentra con un estado de salud delicado.
“Exigimos la libertad inmediata de Rubén González, preso político y líder sindicalista de Venezuela, presenta un cuadro de crisis hipertensiva y problemas renales. Detenido por defender derechos de los trabajadores”, posteó la cuenta de Vanguardia Popular.
El dirigente sindical Dick Guanique, también alertó que la vida de González está en “peligro”, producto de una “severa crisis hipertensiva”, por lo que exigen una “medida humanitaria” para el sindicalista.
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), también se sumó a la solicitud de liberación para el Rubén González, al advertir que el secretario general de Sintraferrominera, “puede morir en la Cárcel Militar de La Pica”, centro de reclusión donde paga condena, a pesar de ser un ciudadano civil.
La defensora de los derechos humanos, Diannet Blanco, recordó al régimen de Maduro, que de acuerdo a la “declaración Universal de los #DDHH, artículo n.º 9: Todo el mundo tiene derecho a no ser injustamente encarcelado o desterrado de su país”.
Dato
Rubén González, fue trasladado aproximadamente a las 2:00 de la tarde del miércoles, 15 de abril, a una clínica privada en el estado Monagas debido a una crisis hipertensiva que padece, así lo informó el Correo del Caroní.
La hija del preso político y sindicalista, Yarudid González, denunció un día antes que desde el mes de marzo, no ha podido llevarle comida ni medicinas a su papá en la cárcel La Pica del estado Monagas y además, su salud ha empeorado en medio de la cuarentena por el coronavirus COVID-19.
González fue detenido en una alcabala de Anaco, estado Anzoátegui cuando regresaba de una marcha de trabajadores en Caracas, en la que exigieron a Nicolás Maduro el respeto a las convenciones colectivas y las tablas salariales, violadas a partir del 20 de agosto cuando se les impuso a las empresas básicas el tabulador de la administración pública.
En el mes de agosto del año 2019 fue condenado a siete años y dos meses de prisión tras su comparecencia ante el Tribunal Sexto de Juicio, donde brindó su testimonio final y recibió sentencia.
Al dirigente sindical se le acusa de instigación a delinquir, violación de perímetros de seguridad, agavillamiento, coacción a la libertad de trabajo y bloqueo de vías de circulación pública, entre otros cargos.
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