Caracas, 16 de junio de 2018. En una entrevista concedida al portal web Provea, Juan Pedro Lares, hijo de Omar Lares, exalcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, relató las diversas torturas a la que fue sometido durante su encarcelación, en el Sebin. El propósito fundamental de estos actos era conocer el paradero de su progenitor, según las declaraciones ofrecidas. 

«Los funcionarios del Sebin me patearon, me golpearon con una pistola en el cuello, me amenazaron con matarme si no decía el paradero de mi papá, incluso me rociaron con gasolina y me decían que iban a prenderla si no les decía dónde estaba mi padre. Luego me trasladaron a la sede del Sebin en el estado Mérida y, en ese lugar, me dijeron que si no decía dónde estaba mi padre me iban a poner la ‘bolsa’, que es un método de tortura donde te tapan la cabeza con algún tipo de químico irritante como insecticida y te asfixies, también me amenazaron con electrocutarme», explicó el joven.

Lares fue detenido cuando se realizaban las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en 2017; pasó diez meses encerrado en El Helicoide sin orden judicial y nunca fue trasladado ante un tribunal para su respectiva presentación.

Explica que dormían en el piso, que los funcionarios nunca le llevaron comida, dependían de los alimentos que sus familiares les entregaban y del estado de ánimo de los policías que estuviesen de guardia. Indicó que más de una vez algún almuerzo fue disfrutado por los agentes del Sebin.

Asimismo señaló que a lo largo de las 24 horas del día permanecían aislados, encerrados en las celdas, solo se compartía con los otros detenidos durante las visitas. 

A lo largo de su detención el joven fue visitado en varias oportunidades por funcionarios del Consulado colombiano por tener esta nacionalidad, a través de su madre. «Fueron a verificar las condiciones del sitio de reclusión y la alimentación. Jurídicamente no podían hacer nada porque yo nunca fui presentado ante ningún tribunal. Estaba prácticamente secuestrado y en ese sentido ellos no podían hacer nada», destacó.

Ante la irregularidad de su situación jurídica tampoco pudo contar con el asesoramiento de un equipo de abogados, ya que en ningún momento fue presentado ante las autoridades, no tenía expediente abierto ni abogados juramentados. Su madre pudo verlo solo dos veces en 10 meses. 

Lares reitera que fue un secuestrado de este gobierno y que en el tiempo que estuvo preso nunca habló con algún representante de la Defensoría del Pueblo o de la Fiscalía General, a pesar de estar al tanto de esta denuncia.

«Luego del alzamiento de los presos fue que se presentaron funcionarios del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Pero fue a raíz de la presión que se ejerció con el motín que se logró su presencia como parte de las exigencias que realizamos», afirmó.

Con información de Provea

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