Inicio Opinión (Opinión) Nepotismo judicial reina e impera en Carabobo. Por Robert Alvarado

(Opinión) Nepotismo judicial reina e impera en Carabobo. Por Robert Alvarado

Por Punto de Corte
Robert Alvarado El agente

Caracas, 28 de septiembre de 2019.

Por: Robert Alvarado

@robertveraz

«La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio» Marco Tulio Cicerón

El amor más grande en el mundo es de una madre, como dice la canción de Reynaldo Armas y algunas veces ella da todo por sus hijos y ese amor lo demuestran con hechos. Cuando la madre tiene poder, más rápido se puede segar por ese amor, puede cometer algo que llamamos nepotismo. Algo que veo con Soraya Pérez Ríos, Juez Superior de la Corte de Apelaciones Penales del Estado Carabobo, bajo su influencia hace de lo suyo para favorecer a su  hijo, Gabriel Acosta Pérez, en un hecho denunciado en las redes sociales por el periodista José Rafael Ramírez en NOTICIAS JR.

Me llega a la memoria el memorable “¿Cuánto vale un juez?” de William Ojeda, libro que él escribió sobre la corrupción en el sistema judicial venezolano en los años 90. Y en verdad la corrupción judicial ha existido siempre en Venezuela. En la cuarta república la llamaban tribus judiciales, la más famosa la tribu de David  y en la quinta república son bandas judiciales.

En ese sentido, voy a referirme a irregularidades materializadas por Soraya Pérez Ríos, para hacerla del conocimiento del Magistrado Dr. Marco Antonio Medina Salas, Inspector General de Tribunales, por noticia críminis, de conformidad con lo previsto en los artículos 285,  ordinal 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 108,  ordinales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 34 numeral 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Considerando que el hecho es público, notorio y comunicacional lo hago de su conocimiento Dr. Medina Salas.

Es el caso ciudadano Magistrado Medina Salas que la abogada Soraya Pérez Ríos, Magistrada de la Corte de Apelaciones de Carabobo, quién urdió deleznable plan para que su hijo, Gabriel Acosta Pérez, quien también es abogado, consolide una estafa contra dos agricultores. Ese plan fue ejecutado en contubernio con funcionarios del CICPC, que se prestaron para montar un falso robo en perjuicio de dos hermanos agricultores que estaban siendo estafados.

En las redes sociales es significativo el reproche colectivo por este aberrante hecho que ha conmovido al pueblo carabobeño. Una gran cantidad de profesionales del derecho llaman a la directiva del Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Publico a ponerle punto final a este episodio que no solo afecta a las víctimas de este caso, sino al Poder Judicial venezolano, cuyo desprestigio se debe a actuaciones como la de la juez Pérez Ríos.

Las víctimas de ese montaje urdido por la magistrada Soraya Pérez Ríos deben ser puestas en libertad de inmediato. Mantenerlos preso, acusados de un delito que jamás cometieron, prolonga la injusticia y agiganta el daño moral que le han causado. Esta información se supo en días pasados, los diarios El Carabobeño y 2001 publicaron la información sobre la detención de varias personas sorprendidas robando una residencia en Valencia. La reseña tuvo como origen un reporte que hizo en su cuenta en Instagram el Comisario Douglas Rico (douglasricovzla), Director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Según me comentan, la Dra. Soraya Pérez, valiéndose de su cargo, creó circunstancias irregulares para que su hijo, Gabriel Acosta Pérez, consolidara una estafa contra dos agricultores. Estas circunstancias motivaron a profundizar una investigación periodística de parte del periodista José Rafael Ramírez sobre el hecho y en la que primeramente logró obtener copia del parte policial, el cual transcribimos textualmente a continuación:

*AVERIGUACIÓN K-19-0066-01859* / DELITO: ROBO / LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES INGRESO DE CUATRO (04) DETENIDOS/ UN (01) VEHICULO. *VICTIMA: SORAYA PÉREZ RIOS, de 52 años de edad, MAGISTRADA DE LA CORTE DE APELACIONES* DEL ESTADO CARABOBO. *DETENIDOS:* 01).- ARGELIS JOSE RODRÍGUEZ VALBUENA, de 26 años de edad, C.I V-22.310.916 (-) Siipol. 02).- JORGE ARTURO RODRÍGUEZ VALBUENA, de 25 años de edad, C.I V-22.310.917 (-) Siipol. 03).- JOSE ALEXANDER MARTÍNEZ PINTO, de 23 años de edad, C.I V-24.797.112 (-) Siipol. 04.- JOSE ANTONIO HENRIQUEZ DÍAZ, de 23 años, CI V-26.781.417 (-) Siipol. (Funcionario activo de la Guardia Nacional Bolivarana, con la jerarquía Teniente, adscrito a Dirección General Contra Inteligencia Militar, área de Laboratorio de Criminalística). EVIDENCIA INCAUTADA: 01.- UN (01) ARMA DE FUEGO, TIPO PISTOLA, MARCA STAR, MODELO FIRESTAR PLUS, COLOR PLATA,  SERIALES DEVASTADOS, PROVISTO DE SU CARGADOR  CONTENTIVO DE CUATRO BALAS CALIBRE. 02.- UN FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, TIPO SUB FUSIL,  MARCA TIPPMANN A-5, UTILIZADA PARA LA PRÁTICA DE PAINTBALL, DE COLOR NEGRO. 03.- UN BOLSO, TIPO BANDOLERO, COLOR BEIGE, MARCA HILFIGER. 04.- UN SUÉTER, DE COLOR NEGRO, CON LAS INICIALES DE LA Dirección General Contra Inteligencia Militar) 05.- UNA GORRA, DE COLOR NEGRO CON LAS INICIALES  LA Dirección General Contra Inteligencia Militar) 06.- DOS CHALECOS ANTIBALAS, UNO DE ESTOS CON LAS INICIALES  Dirección General Contra Inteligencia Militar) 07.- CUATRO TELÉFONOS CELULARES, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS. 08.- UN PASAPORTE A NOMBRE DE JOSE ALEXANDER MARTÍNEZ. 09.- UNA CREDENCIAL DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, A NOMBRE DE JOSE ANTÓNIO HENRÍQUEZ DIAZ, CI V-26.781.417. CON LA JERARQUÍA DE TENIENTE.  10.- UNA CREDENCIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONTRA INTELIGENCIA MILITAR (DGCIM), A NOMBRE DE JOSE ANTÓNIO HENRÍQUEZ DIAZ, CI V-26.781.417. CON LA JERARQUÍA DE SUB INSPECTOR. 11.- UN (01) VEHICULO CLASE: CAMIONETA, MARCA: TOYOTA, MODELO RUNNER, COLOR GRIS, PLACAS AB616SA.  L/H/F: URBANIZACIÓN LOS MANGOS, AVENIDA 108, CRUCE CON CALLE CIEGA, FRENTE AL EDIFICIO SAYONARA, VIA PÚBLICA, PARROQUIA DAN JOSE, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO, A LAS 08:00 HORAS DE LA NOCHE, DEL DÍA DE HOY LUNES 16-09-2019. *BREVE RESEÑA:* FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA SUB DELEG LAS ACACIAS, LOGRARON LA APREHENSIÓN  DE LOS REFERIDOS CIUDADANOS  POR CUANDO LOS MISMOS UTILIZANDO PRENDAS ALUSIVAS A LA DIRECCIÓN GENERAL CONTRA INTELIGENCIA MILITAR  DGCIM INGRESARON A LA RESIDENCIAS SAYONARA E *INTENTARON DESPOJAR A LA VÍCTIMA DE SUS PERTENENCIAS,* DONDE ESTA AL DARSE CUENTA DEL HECHO, DIÓ PARTE A ESTA OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIONES, A SI COMO A OTROS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ACUDIENDO AL LUGAR, SIENDO DETENIDOS EN FLAGRANCIA, INCAUTANDOLES LAS EVIDENCIAS ANTES DESCRITAS, POR LO QUE  FUERON PUESTOS A LA ORDEN DE LA FISCALÍA TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL MINISTERIO PUBLICO DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL.”

Según los conocimientos de los hechos se iba ejecutar una trampa para encubrir una estafa a dos agricultores, los hermanos Argelis José y Jorge Arturo Rodríguez Valbuena, quienes estaban por concretar un negocio referido a la actividad agrícola que los ocupa, para lo cual necesitaban pagar cinco mil dólares y, tratando de conseguir quien se los vendiera lograron contactar a Gabriel Acosta Pérez, quien les ofertó los dólares. Siendo el caso que éste es hijo de Soraya Pérez Ríos, integrante de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo.

Los hermanos Rodríguez Valbuena le transfirieron los bolívares requeridos al hijo de la magistrada, quien posteriormente no entregó las divisas a los compradores. Estos se cansaron de llamarlo y de buscarlo pero fue inútil, los había estafado. Las víctimas del fraude contactaron entonces a la magistrada y le explicaron lo que estaba pasando. Ella les dijo que respondería por el compromiso de su hijo y los citó a un apartamento, para entregarle los dólares.

Los hermanos Rodríguez Valbuena fueron a la cita acompañados de amigos “por si acaso”, uno de ellos, José Antonio Henríquez Díaz, teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito a la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM), pero lo que les habían montado era una trampa, pues cuando llegaron al sitio, los esperaba una comisión del CICPC al mando del Comisario Wilfredo Mendoza, supervisor de Investigaciones de la Sub-Delegación Las Acacias, estado Carabobo, la cual los detuvo bajo la calumnia de estar ejecutando un atraco a la magistrada.

La presunción de inocencia de los hermanos Rodríguez Valbuena ha sido vulnerada grotescamente, ahora están presos acusados de haber intentado atracar a la Magistrada, imputándoles el delito de robo y otros, y las personas que solo iban a acompañarlos, como medida de precaución, visto que iban a recibir supuestamente una significativa cantidad de divisas norteamericanas, también fueron victimizados en esta componenda que deja ver la conducta delictiva de jueces y funcionarios policiales con absoluta impunidad.

Lo cierto es que los hermanos Rodríguez Valbuena cuentan con medios probatorios para demostrar que estaban negociando la compra de dólares con el hijo de la magistrada que ahora los acusa. Ellos tienen las constancias de las transferencias bancarias que hicieron a la cuenta bancaria de Gabriel Acosta Pérez, así como el intercambio de diversas comunicaciones entre ellos e incluso con la magistrada, solo que les preocupa que dado el cargo e influencias de ésta, se pretenda consolidar este horrendo crimen contra la justicia que tiene como protagonista nada más y nada menos que a esta alta funcionaria del Poder Judicial que conjuntamente con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), hayan armado y ejecutado este perverso plan, para encubrir una estafa, actuando en concierto para delinquir con premeditación y alevosía y donde se destaca el grado de criminalidad de una persona responsable de administrar justicia en el área penal.

Sin lugar a dudas que en este caso se evidencia la mala fe, acompañada de los delitos de  simulación de un hecho punible, calumnia, abuso de autoridad y detención arbitraria, con sus consecuencias ulteriores, como el terrorismo judicial.

Esta denuncia es fuerte y temeraria, solo le pido al Magistrado del TSJ Dr. Marco Antonio Medina Salas, Inspector General de Tribunales, que ordene una investigación de los hechos antes relatados, ya que se presume que hay varios inocentes en el caso. Como dije al principio esto es noticia críminis, póngale al ojo a ese poder judicial del Estado Carabobo.

Nota: El día miércoles 26 de septiembre, fallece en la Ciudad de Anaco del estado Anzoátegui el señor Jesús Nicolás Aliendres Cabello. Quien era padre biológico  del Tte/Cnel (GNB) Jesús Fernando González Cazorla conocido como El Comandante Cazorla. En estos momentos de luto que están pasando los familiares del  fallecido,  ¡sentido pésame a todos!

* Punto de Corte no se hace responsable de las opiniones expresadas en los artículos, quedando entendido que son de entera responsabilidad de sus autores.


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