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Violencia política en Nicaragua cobra una nueva víctima

Por Sabrina Machado
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Nicaragua 10 muertos violentos

Caracas, 23 de septiembre de 2018. La Policía Nacional de Nicaragua informó este domingo que una persona falleció tras la violencia desatada contra una manifestación que exigía la liberación de los presos encarcelados por el régimen del presidente Daniel Ortega en el marco de las protestas que exigen el fin de su mandato. El fallecido fue identificado como Max Andrés Romero y según la organización murió como “consecuencia de fuego cruzado”.

En un comunicado remitido por la vicepresidenta Rosario Murillo –también esposa del presidente Daniel Ortega–, la Policía culpó de la violencia a los manifestantes, a quienes calificó de “grupos violentos” y “terroristas”, que “atacaron a familias y sus viviendas con armas de fuego, morteros (bombas artesanales) y piedras”. Los testigos consultados, sin embargo, informaron que la manifestación fue violentamente atacada por huestes del Frente Sandinista –el partido de Ortega–, oficiales antidisturbios y “paramilitares”, hombres encapuchados armados y leales al régimen, según reporta El País de España.

Tras el ataque resultaron heridas al menos cuatro personas, entre ellos el periodista Winston Potosme, reportero del programa de entrevistas “Café con voz”. Numerosos vídeos publicados en redes sociales muestran cómo hombres en motocicletas disparan a los manifestantes, que se refugiaron en casas vecinas y en una parroquia cercana a la zona donde avanzaba la manifestación, en barrios populares de Managua. Uno de esos vídeos muestra a un joven que es auxiliado después de recibir un disparo en el pecho.

La manifestación había sido convocada desde el sábado para exigir la liberación de las personas apresadas por el Gobierno de Ortega, la mayoría de ellos acusados por “terrorismo” tras participar en manifestaciones o levantar barricadas, según las denuncias de organizaciones de derechos humanos. Estos organismos aseguran que más de 300 nicaragüenses han sido encarcelados de forma ilegal, por expresar sus críticas contra el régimen. El Gobierno reconoció la pasada semana que habían sido apresadas al menos 204 personas, pero negó que se tratara de detenciones ilegales.

Con información de El País

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