Caracas 09 de octubre de 2019. La Comisión de Encuesta establecida por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió el pasado 3 de octubre un comunicado para examinar una queja presentada contra el “Gobierno” de la República Bolivariana de Venezuela en el que recomendó “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión”.
Lea aquí el comunicado:
La Comisión de Encuesta establecida por el Consejo de Administración de la OIT para examinar una queja presentada contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela adoptó su informe con recomendaciones partiendo por “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión” contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al gobierno.
La Comisión compuesta por tres miembros independientes fue establecida en marzo de 2018 en respuesta a una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo.
De conformidad con el artículo 28 de la Constitución de la OIT , el informe expone el resultado de las averiguaciones de la Comisión, así como conclusiones y recomendaciones orientadas a promover “el respeto de la libertad sindical como base de un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social”.
La queja denunciaba la inobservancia de Convenios de la OIT y alegaba, en particular, actos de violencia, otras agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores FEDECAMARAS, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social.
Los querellantes agregaron que estas acciones afectaban también a las organizaciones de trabajadores no afines al Gobierno.
La Comisión tuvo contacto directo con las partes y otros actores concernidos durante una visita al país, tanto a su capital como a otras ciudades, así como numerosas videoconferencias y audiencias en Ginebra, con la presencia de representantes de las partes y la participación de testigos provenientes tanto de autoridades públicas como de los sectores no gubernamentales.
La Comisión recabó abundante documentación e información escrita, habiendo recibido más de doscientas voluminosas comunicaciones, de parte del Gobierno, los querellantes y diferentes interlocutores sociales del país, así como de otras personas e instituciones con conocimiento sobre las cuestiones planteadas.
Las recomendaciones de la Comisión plantean la necesidad de tomar las medidas necesarias para asegurar la existencia de un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión.
En ellas se pide “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.”
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